Alfredo Griz Cruz Miércoles, 12 de Noviembre del 2025, 00:00
Estos operativos expusieron no solo las fallas tácticas, sino también la falta de transparencia y responsabilidad por parte de la SEDENA.
Despacho 14El violento oficio de escribir
Por Alfredo Griz
MÉXICO — En la historia reciente de la violencia mexicana hay episodios que, por su factura, su barro y su olor a pólvora, no se borran con comunicados ni con la práctica burocrática de “investigar y atender”. Son momentos en los que el aparato del Estado —la SEDENA en primera fila— entra en contacto directo con la cruda realidad del país: la guerra, la impunidad, el error y la política. Este reportaje reconstruye, con datos duros y sin concesiones, los operativos que exhibieron las fisuras más profundas del uso militar en seguridad pública: lo que ocurrió, por qué fallaron y qué pasó —o no pasó— después en los ámbitos legal y político.
Jueves negro en Culiacán: la ciudad que obligó al Estado a retirar la mano
La tarde del 17 de octubre de 2019 quedó marcada como un antes y un después. Una operación para detener a Ovidio Guzmán López —operativo preparado por fuerzas federales con participación militar— derivó en una respuesta tan violenta del Cártel que las calles de Culiacán se convirtieron en trincheras: bloqueos, vehículos incendiados, ejecuciones en vía pública, amenazas directas a civiles y a familias. Lo más simbólico: tras horas de enfrentamiento y caos, el Estado decidió liberar al detenido para “contener la violencia”. La operación no sólo falló en su objetivo inmediato; fracturó la narrativa de control del Gobierno y dejó la sensación de que en determinadas plazas el poder real no es del Estado, sino del que manda por la fuerza.
Las causas del fracaso fueron múltiples y convergentes: filtraciones de inteligencia o planeación deficiente; subestimación del alcance de la red y la capacidad de movilización del grupo criminal; y un cálculo político que terminó subordinando la acción militar a un criterio de gestión del daño en tiempo real. El costo fue tangible: vidas, confianza ciudadana y la imagen de debilidad de las instituciones frente al crimen organizado.
Tanhuato (22 de mayo de 2015): el rancho donde la ley se volvió opacidad
En la madrugada del 22 de mayo de 2015, en el “Rancho El Sol” de Tanhuato, Michoacán, un operativo federal culminó con decenas de muertos. La versión oficial habló de un enfrentamiento; pero las inconsistencias en el manejo de evidencias, la cadena de custodia y los testimonios hicieron saltar alarmas de organismos de derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó irregularidades que apuntaban, cuando menos, a uso desmedido de la fuerza y fallas graves en el procedimiento de actuación. El saldo y la manera en que se trató el episodio ilustraron un patrón: cuando la violencia es masiva, la respuesta institucional tiende a la opacidad y la protección corporativa.
Legalmente, el caso dejó recomendaciones y pronunciamientos, pero pocas sanciones efectivas contra mandos o responsables. La capacidad del Estado para investigar a sus propias fuerzas cuando el resultado es mortal sigue siendo débil, filtrada por jurisdicciones, tecnicismos y la lógica de preservación institucional.
Tlatlaya (30 de junio de 2014): veinte y dos cuerpos, muchas versiones
El nombre de Tlatlaya resuena como uno de los símbolos más dolorosos de la violencia de Estado en la última década. El 30 de junio de 2014, veintidós personas murieron durante un operativo militar en el Estado de México. Desde muy pronto surgieron versiones encontradas: enfrentamiento versus ejecuciones sumarias. Organismos internacionales y nacionales pidieron investigaciones amplias —algunos hablaban de posibles ejecuciones extrajudiciales— y denunciaron la resistencia de la maquinaria castrense a someter sus procedimientos al escrutinio civil. Una década después, el reclamo por justicia sigue vivo para familiares y activistas; la respuesta institucional ha sido lenta, fragmentada y, en muchos aspectos, insatisfactoria.
Tlatlaya expone otra realidad: las reglas de enfrentamiento, la formación sobre trato a detenidos y la interoperabilidad con autoridades civiles están lejos de ser homogéneas o vinculantes. Cuando la uniformidad falla, la vida humana pierde protección.
Palmarito Tochapan (3 de mayo de 2017): muertos en dos bandos y una investigación en punto muerto
El choque en Palmarito, Puebla (3 de mayo de 2017) dejó un saldo letal: militares fallecidos, civiles muertos, heridas, versiones contradictorias y un entramado donde la investigación penal se estancó. La Procuraduría abrió expedientes; se investigó a decenas de militares, pero la percepción pública fue clara: el mecanismo de rendición de cuentas tropezó con la jurisdicción militar y con la discrecionalidad en la entrega de información. Palmarito fue, además, un ejemplo de cómo los contextos locales —huachicoleros, bandas locales, redes de influencia— convierten a cualquier operativo en un riesgo de descontrol.
Aguililla y la larga guerra que no gana nadie
En lugares como Aguililla (Michoacán) la presencia sostenida de fuerzas federales y militares no logró revertir el control territorial de grupos como el CJNG. Operativos prolongados, rotación de tropas, imposición de objetivos tácticos sin acompañamiento social ni inteligencia comunitaria terminaron por mostrar lo evidente: la fuerza bruta no desmantela redes complejas si no va de la mano con inteligencia, control social legítimo y protección de la población. En muchas ocasiones, los despliegues se vuelven una coreografía que genera más desplazamiento y sufrimiento que seguridad real.
Patrones que sangran: por qué fallan los operativos
Hay varias hipótesis de los fracasos de operativos militares.
Inteligencia defectuosa o filtrada. Sin información certera, cualquier incursión es una apuesta. En Culiacán, las estimaciones sobre la reacción criminal fueron gravemente erradas.
Subestimación del adversario. Los grupos criminales se han militarizado: guardias armadas, logística y redes de apoyo que permiten respuestas masivas.
Coordinación interinstitucional frágil. Policía, fiscalía y fuerzas armadas no siempre comparten mandos, protocolos o información.
Decisiones políticas en caliente. La política del “daño controlado” —liberar, retroceder, negociar en la calle— empaña la actuación castrense y genera precedentes de impunidad.
Jurisdicción que protege e impide. La investigación de militares por militares crea un laberinto donde los expedientes se asfixian entre reglamentos y secretos.
Falta de transparencia y cultura de secreto. Clasificar por seguridad nacional se vuelve un paraguas para no rendir cuentas.
¿Qué pasa legalmente? La gran lección: recomendaciones sin cumplimiento pleno
En todos los casos mencionados hubo pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales, recomendaciones de la CNDH, llamados de la ONU y, en ciertos momentos, aperturas de investigación por parte de ministerios públicos. Pero la traducción de ese señalamiento en sanciones concretas contra mandos, cambios sistémicos en reglas de uso de la fuerza o reformas en la jurisdicción militar ha sido parcial y lenta. La respuesta jurídica del Estado suele limitarse a “investigar” mientras las familias esperan justicia y el público observa la continuidad del mismo esquema operativo. El resultado: impunidad, agravios no reparados y una sensación profunda —justificada— de que la estructura protege a sus propios elementos antes que al ciudadano.
Retratos de la impunidad: consecuencias humanas y políticas
Los operativos fallidos no son solo estadísticas. Son viudas, hijos sin padre, comunidades desplazadas, comercios cerrados, miedo que se transmite de generación en generación. Políticamente, erosionan la confianza en instituciones y empujan debates: ¿debemos seguir militarizando la seguridad? ¿Cómo garantizar que la fuerza se aplique con respeto a los derechos humanos? ¿Quién audita a los generales? Las respuestas, si las hay, han sido tibias.
La guerra que el país merece, pero no tiene
Hay que decirlo sin rodeos: la presencia militar en tareas de seguridad pública sin controles civiles fuertes, sin transparencia y sin sanciones cuando hay abuso, no es una solución: es un parche que perfora. Los casos de Culiacán, Tlatlaya, Tanhuato, Palmarito y las zonas de Michoacán dibujan un mapa donde la violencia institucional y la violencia criminal se retroalimentan. Mientras no exista una exigencia real de rendición de cuentas, separación efectiva de investigaciones —cuando procede— y una política pública que combine inteligencia, presencia civil y programas de prevención social, el fosfato del fracaso seguirá brillando en la ropa de los operativos.
Lo urgente y no negociable
Si el país quiere evitar que episodios como los aquí narrados se repitan, hay medidas ineludibles: desmilitarizar funciones que pueden ejercer cuerpos civiles profesionalizados; garantizar que las investigaciones por graves violaciones sean conducidas por autoridades civiles independientes; desclasificar lo que no ponga en riesgo operaciones futuras; transparentar cadenas de mando en operaciones sensibles; y —por encima de todo— poner en el centro a las víctimas, no a la imagen institucional.
Este reportaje no es una elegía ni una arenga. Es una pieza cruda, basada en hechos y fechas, que exige que el eco de la pólvora no siga siendo la única guía de la política de seguridad. El país no puede permitirse que el silencio de la SEDENA se convierta en la versión oficial de la impunidad.
