Guadalupe Lizárraga Martes, 10 de Febrero del 2026, 00:00
Desde una prisión de Hermosillo, José Alberto Félix habla por primera vez tras casi dos décadas sin sentencia y denuncia que fue torturado para obligarlo a pagar dinero a agentes del Ministerio Público a cambio de no tipificarle el delito.
Por Guadalupe Lizárraga
José Alberto Félix Escalante, de 58 años, habla desde una prisión de Hermosillo. La llamada es breve, controlada. Antes de su detención en 2007, era pastor de la iglesia Ríos de Agua Viva, con congregaciones en esa misma ciudad y en el suroeste de Estados Unidos, además de conducir programas de radio y televisión. Es la primera vez que concede una entrevista a una periodista desde que fue detenido. En aquel tiempo, después de su detención, nadie se interesaba por escucharlo, porque ya había sido juzgado por los medios. Su nombre circuló profusamente en notas policiacas, encabezados y filtraciones oficiales que lo presentaron como culpable.
La iglesia Ríos de Agua Viva, a la que pertenecía como pastor, se encontraba formalmente constituida y en operación antes de su detención. Su existencia legal en México consta en documentación oficial que define su objeto religioso, comunitario y de asistencia social, así como sus órganos de representación. A partir de esa estructura inicial, la organización extendió su presencia hacia Estados Unidos, con congregaciones vinculadas en estados como Arizona y Texas, donde desarrolló actividades religiosas y de difusión a través de medios de comunicación.
Ese crecimiento implicó también la administración de recursos y la adquisición de bienes destinados a la expansión de la iglesia y de sus actividades religiosas y de difusión. En sus alegatos y declaraciones ministeriales, Félix Escalante sostiene que, a partir de ese momento, se generaron disputas por el control de la organización y de su patrimonio, un contexto que —afirma— antecede a su detención y forma parte del conflicto que hoy se refleja en el expediente penal.
“Diecinueve años en prisión sin sentencia”, dice Félix a Los Ángeles Press. Las cifras las recuerda como quien ha tenido que repetirlas una y otra vez para no perderlas: “Me detuvieron el 3 de mayo de 2007. Tengo dieciocho años con nueve meses”.
Ese día recibió una orden de presentación del Ministerio Público mientras pintaba su casa con su esposa. Dos oficiales llegaron a su domicilio y le entregaron una orden de presentación sin saber de qué se le acusaba. Amable, como era su temple, les dijo que acudiría en un par de horas y así lo hizo. No le gustaban las discusiones. Tampoco debía nada, dice. Tenía confianza en que era un asunto que se aclararía, cualquiera que fuera. Se presentó voluntariamente en las oficinas del Ministerio Público Investigador del sector número 2, en Hermosillo.
“Llegué con mi esposa”, recuerda. “Me dieron la mano. Me preguntaron qué pensaba de las acusaciones. Yo pedí leerlas, como era lógico. Dije: no puedo declarar si no leo. El agente no me dejó leerlas y me dijo: te voy a arraigar”.
José Alberto Félix no opuso resistencia. Entregó su cartera y su reloj a su esposa en ese momento y desde ese mismo día quedó privado de la libertad sin saber de qué se le acusaba. No tenía abogado, pero en el expediente apareció una mujer como su supuesta defensora particular. Ella no mostró su cédula profesional ni identificación. Aun así, quedó asentado en el expediente que él la había elegido.
Antes de ser trasladado al arraigo, un médico certificó que se encontraba bien, sin golpes ni lesiones, y horas después fue llevado a un hotel.
“El arraigo era en el Hotel del Sol”, dice. “Ahí me pusieron en un cuarto. Me amarraron de pies y manos en la cama. Ahí me torturaron”. Al salir del arraigo, el 9 de mayo, y en los días posteriores, no se le practicó ninguna valoración médica, pese a su deterioro físico. La omisión, sostuvo, fue deliberada porque se encontraba en condiciones muy deterioradas.
La tortura no buscaba una confesión. No le pidieron que se declarara culpable del delito que todavía no conocía. Los agentes del Ministerio Público de Hermosillo le pidieron dinero.
“No querían que me inculpara. Me pedían dinero para tipificarme el delito. Decían que no se daban las acusaciones, que no había pruebas, pero que ellos podían quitarme todo eso. Las personas que me golpeaban me decían que le hiciera caso al Ministerio Público, que les diera el dinero. Pero no me lo decían bien. Me estaban torturando el cuerpo y la mente”.
La cantidad solicitada era de 500 mil pesos (casi 30 mil dólares). El destinatario, según el testimonio de Félix, era el agente del Ministerio Público que llevaba el caso, a quien identificó como el licenciado Manríquez, fallecido durante la pandemia en 2020. También el testimonio apunta al secretario, del que no recuerda su nombre, y a los agentes que lo custodiaron durante el arraigo. Lo mantuvieron seis días en ese hotel, del 3 al 9 de mayo de 2007.
El arraigo ocurrió en un hotel ubicado junto a la Central Camionera de Hermosillo, “debajo del bar El Mariachi”, dice. Félix Escalante lo identifica como el Hotel del Sol; sin embargo, en las redes sociales aparece en fotografías ya con otro nombre: Hotel Pitic. Entre los comentarios de los usuarios de la red, lo identifican como un lugar de tortura. También distintos internos de la misma prisión lo han reconocido con Félix como un sitio utilizado para arraigos. Incluso, años después, peritos que aplicaron el Protocolo de Estambul en su caso le confirmaron que ese mismo lugar aparece de forma recurrente en otros dictámenes de tortura. Personas que estuvieron presas con él relatan haber pasado también por ahí. “Se oían unos gritos espantosos. Se oían golpes. Era algo tremendo”, dice en la entrevista telefónica para Los Ángeles Press.
Mientras estaba retenido, los agentes del Ministerio Público difundieron su fotografía a los medios de comunicación como agresor sexual. “Ese mismo día sacaron mi foto con mi información. La dieron a los medios como si yo fuera culpable. Llamaban a la población a que, si tenían algo contra mí, inmediatamente fueran a poner la denuncia”.
Antes de ser presentado ante un juez, ya había sido expuesto públicamente como responsable de abuso sexual a menores de edad, una de 16 años y dos de 17. La presunción de inocencia quedó anulada en los primeros días del proceso.
El 9 de mayo se giró la orden de aprehensión. El 10 de mayo fue llevado ante el juez séptimo de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo. Allí intentó denunciar la tortura que había sufrido los seis días anteriores.
“Le dije al juez que me habían torturado. Que habían agarrado a otras personas de la iglesia y que les habían quitado dinero, los mismos del Ministerio Público. Si no pagaban los iban a acusar de lo mismo que a mí. El juez dijo que no iba a ver eso, que iba a ver las imputaciones. Me dijo que yo era culpable. Yo le cuestioné: Pero ¡¿cómo vas a decir que yo soy culpable, señoría?! Y me respondió: Tú eres culpable para mí”.
Con el tiempo, el expediente comenzó a llenarse de inconsistencias. Las denunciantes no hablaron de violación en sus primeras declaraciones. Mencionaron tocamientos. Meses después, las versiones cambiaron. Los exámenes psicológicos no incluyeron baterías completas, solo interrogatorios no ratificados. En los peritajes médicos forenses quedó asentado que ninguna presentaba datos compatibles con lo denunciado.
“En el peritaje forense dice que no aparecen rasgos de que fueron violentadas”, explica Félix Escalante a Los Ángeles Press. “Llegaron normales, tranquilas, cooperativas. No había nada”, enfatiza con voz firme.
Testigos que aparecían en las declaraciones no fueron llamados por el Ministerio Público. Cuando la defensa los presentó, las propias denunciantes negaron haber sufrido agresiones sexuales. Hubo careos, contradicciones, declaraciones enfrentadas. Todo quedó asentado en el expediente.
En los primeros meses posteriores a la detención, una de las denunciantes, Janet Quintero Ortega, grabó un video en el que se desdice de las acusaciones formuladas contra Félix Escalante, a quien refiere todavía como pastor. En la grabación, Quintero Ortega señala que las denuncias no ocurrieron como fueron presentadas y que enfrenta presiones relacionadas con el proceso. El video fue incorporado como parte de la documentación del caso.
En 2010, José Alberto Félix Escalante fue absuelto del delito de corrupción de menores por falta de elementos. Pero no lo dejaron salir de prisión. La causa continuó bajo otra tipificación, con los mismos hechos y las mismas personas. Desde entonces ha pasado por varios jueces, sentencias emitidas y revocadas por faltas de peritajes y de requisitos básicos. La prisión preventiva se ha ido prolongando sin resolución definitiva.
Al momento de realizar esta entrevista ya había presentado varias quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el silencio administrativo sobre su causa penal. Incluso no le respondían ni a la solicitud de su expediente ni a tres protocolos de Estambul que le habían practicado: uno con resultados negativos, otro positivos y un tercero en discordia que confirma las torturas sufridas en su detención, con graves secuelas para su salud.
Con base en esa cadena de hechos —detención arbitraria, ausencia de defensa técnica, arraigo inconstitucional, exhibición pública, tortura y omisiones médicas, más una prisión preventiva prolongada y silencio administrativo— Félix Escalante enfatiza a Los Ángeles Press que todo el proceso quedó contaminado desde su inicio porque fue parte de un complot en el que participaron los mismos agentes del Ministerio Público con miembros de la iglesia para despojarlo de sus bienes. En sus alegatos judiciales invocó la teoría del árbol envenenado, usada en contextos judiciales con procesos viciados desde el origen.
A partir de la denuncia de tortura durante su detención, se practicaron dos peritajes conforme al Protocolo de Estambul, con resultados contradictorios. Ante esa divergencia, se ordenó un tercer dictamen en discordia, incorporado al expediente como elemento de valoración pericial, realizado por el psicólogo Ramón Torres Lucenilla, con cédula profesional 1171310, perito jurídico y forense autorizado por el Poder Judicial del Estado de Sonora, quien documentó el daño psicológico compatible con tortura y señaló las deficiencias metodológicas de los dictámenes previos.
Un tercer protocolo de Estambul
Los resultados del tercer Protocolo de Estambul practicado en el caso de José Alberto Félix Escalante documentan daño psicológico compatible con tortura física y psicológica. El dictamen descarta simulación, exageración o falsificación de síntomas y no identifica rasgos de agresor sexual. Acredita afectaciones asociadas a estrés postraumático y ansiedad, vinculadas a la violencia sufrida durante la detención y al encierro prolongado sin sentencia.
Este tercer peritaje fue ordenado después de que dos evaluaciones previas arrojaran conclusiones contradictorias. Cada aplicación del Protocolo implicó nuevas entrevistas y valoraciones clínicas, con la carga que ello representa para una persona que ha denunciado tortura. La evaluación se realizó desde la psicología jurídica y forense, mediante entrevistas clínicas y jurídicas y pruebas psicométricas estandarizadas, bajo criterios científicos reconocidos, y fue elaborada con independencia, sin coacción ni restricciones, según lo verificado en los documentos oficiales.
El dictamen no encuentra indicadores de peligrosidad, violencia, impulsividad ni conducta antisocial. Describe un perfil pasivo, no dominante y no violento, sin antecedentes de conductas criminales relevantes previas al proceso. Las afectaciones registradas se explican por el propio proceso penal, por la prisión preventiva prolongada y por experiencias traumáticas asociadas a la detención.
En el contraste de hipótesis, el Protocolo de Estambul rechaza que Félix Escalante sea capaz de haber desarrollado fantasías, impulsos o conductas sexuales recurrentes hacia menores. La conclusión forense es directa: el daño psicológico documentado no proviene de una psicopatología previa ni de una conducta criminal sexual, sino de la violencia institucional ejercida desde el inicio y del encierro sin sentencia.
A 19 años de su detención, José Alberto Félix Escalante continúa privado de la libertad en prisión preventiva, con la tortura documentada y pruebas de un arraigo fuera de la ley. Sumado a ello, la exhibición mediática antecedió al control judicial. El proceso permanece abierto.
