Detención, acusaciones y una absolución que terminó por exhibir la operación interna de la Fiscalía de Chihuahua y sus prácticas fuera de la legalidad.
Los Ángeles Press
El cierre judicial de 2025 para el colectivo Búho Penal dejó un expediente que difícilmente puede archivarse como un caso más de culpables fabricados. No sólo por el desenlace favorable, sino por lo que el proceso reveló sobre la operación interna de la Fiscalía de Chihuahua y los intereses que se mueven en los márgenes —y más allá— de la legalidad.
Se trata del caso de Hugo Mauricio Martínez Olivas, ex agente del Ministerio Público y excoordinador de Ministerios Públicos en Chihuahua, quien fue víctima de un encarcelamiento injusto y de la fabricación de delitos por parte de la misma fiscalía para la que trabajó.
El caso no quedó definido por la acusación que se intentó sostener, sino por lo que el juicio terminó revelando: presiones jerárquicas, manipulación de pruebas, rupturas en la cadena de custodia y directrices internas que condicionaron declaraciones oficiales. Lo que la defensa de Martínez Olivas logró documentar fue un patrón sistemático de irregularidades utilizado para fabricar culpables.
Una construcción de culpabilidad
El 29 de septiembre de 2024, Martínez Olivas fue detenido por agentes de la Agencia Estatal de Investigación en el municipio de Satevó, en el centro-sur de Chihuahua. Se le acusó del robo de una camioneta tipo pick up que remolcaba una traila con reporte de robo. A partir de esa detención se abrieron dos causas penales (3927/2024 y 3929/2024) y, el 8 de octubre, fue vinculado a proceso por el delito de robo agravado.
La respuesta institucional fue inmediata: boletines de prensa, declaraciones públicas y un discurso que simulaba eficacia y contundencia, pese a la fragilidad del expediente. A lo largo de 2025, el caso fue citado de manera recurrente en conferencias de prensa para reforzar la narrativa oficial de control frente al robo de vehículos, mientras el nombre de Martínez Olivas era asociado públicamente con corrupción y delincuencia.
Los datos oficiales, sin embargo, contaban otra historia. Las denuncias ciudadanas y los registros de robo de vehículos continuaron al alza, erosionando la versión de éxito que el expediente pretendía sostener. Más que un proceso judicial, el caso fue utilizado para construir un relato político ajeno a la realidad de los hechos.
Testimonios bajo presión
Dentro de la Fiscalía, el proceso impactó con mayor profundidad. Servidores públicos describieron un ambiente de presiones verticales y directrices explícitas sobre el contenido de las declaraciones. Una frase se repitió como síntesis de ese clima: “Declara como te dicen o no llegas al pavo navideño”.
Una Ministerio Público con más de 14 años de experiencia en la Unidad de Robo de Vehículos —quien señaló contradicciones sustantivas en la acusación— fue removida de su adscripción tras su testimonio. Otros funcionarios ofrecieron disculpas en privado a Martínez Oliva, reconociendo que actuaron por órdenes superiores.
El expediente se volvió la prueba más contundente de cómo la misma fiscalía instrumentalizada para culpar personas inocentes.
La “Granja La Minita”: cateos ilegales y evidencia contaminada
Uno de los episodios más graves se registró en el inmueble conocido como Granja La Minita. Agentes ingresaron durante varios días sin orden judicial y retiraron objetos del lugar. Solo después a los hechos solicitaron un cateo formal. Las primeras fotografías periciales mostraban espacios vacíos; en imágenes posteriores aparecieron armas, chalecos tácticos, insignias y presunta droga en los mismos sitios.
La evidencia mostraba la ruptura de la cadena de custodia y la contaminación de pruebas.
Juicios, contradicciones y colapso de la acusación
Conforme avanzaron las audiencias, la acusación de la fiscalía perdió sustento. En una de las causas, una juez dictó sentencia absolutoria por falta de elementos del tipo penal. La reacción institucional derivó en intentos de descalificar a la juzgadora, reconocida por su trayectoria y solvencia técnica.
El tercer juicio terminó por exhibir la inviabilidad total del caso. Tras más de 40 días de audiencia, quedó asentado que no existía una víctima directa, que la evidencia material carecía de validez, que la cadena de custodia fue alterada y no se acreditó que hubiera sido un operativo real. A ello, se agregó la documentación de retenciones ilegales y las inconsistencias médicas que contradecías las versiones de los ministerios.
Al cierre de las audiencias, algunos funcionarios reconocieron: “Así nos ordenaron declarar”.
La absolución y el precedente
El 24 de diciembre de 2025, Martínez Olivas fue absuelto del último cargo y quedó en libertad plena. La sentencia dejó claro que el Estado fue incapaz de probar su culpabilidad. Pero el fallo tuvo implicaciones que van más allá del terreno jurídico: evidenció el uso político del aparato de persecución penal y dejó abierto un debate institucional que, ya en 2026, resulta imposible seguir postergando.
