Rodolfo Soriano-Núñez Lunes, 13 de Julio del 2026, 00:00
¿El caso del cardenal López Romero es el de un alto clérigo que recurrió a la “solución geográfica” para acusaciones de abuso?
La opacidad de la Iglesia Católica y el miedo de las víctimas de abuso son los mejores aliados del cardenal López Romero para evadir la rendición de cuentas.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
El 7 de julio, el mundo se sacudió nuevamente por acusaciones de abuso sexual contra un alto jerarca de la Iglesia Católica. Según un patrón cada vez más frecuente, las acusaciones no fueron contra el fundador de un movimiento u orden religiosa relativamente nueva, conocida por sus prácticas sectarias.
El acusado es Cristóbal López Romero, actual arzobispo de Rabat, capital de Marruecos, y desde 2019, miembro del Colegio Cardenalicio, un “club” muy exclusivo, que cuenta con apenas 241 miembros, de los cuales 111 tienen derecho a voto en la hipotética elección de un nuevo pontífice.
Ese martes, medios de comunicación en francés y español en Europa publicaron las revelaciones de lo que hoy se presenta como la más reciente prueba de qué tan serio es el compromiso de León XIV de abordar las causas profundas de una crisis de abuso sexual que ya supera los 40 años.
Según lo publicado por la Agence France-Presse y otros medios en francés, al menos cinco mujeres adultas acusaron a López Romero, de 74 años y con doble nacionalidad española y paraguaya, de agresión y conducta sexual inapropiada.
Las acusaciones en Rabat, que denuncian “agresiones repetidas”, provienen de lo que los medios galos describen como “una colaboradora eclesial jubilada”, quien envió un testimonio escrito al arzobispo maltés y actual nuncio en Rabat, Alfred Xuereb, en el que se describen “abrazos insistentes y prolongados” e intentos de forzar besos, entre otros hechos.
En otras declaraciones, se ofrecen detalles sobre conductas inapropiadas en el confesionario procedentes de “al menos otras tres mujeres”, quienes reportaron violaciones similares de los límites físicos; algunos de estos incidentes salieron a la luz inicialmente durante la confesión.
Hasta el momento, según la nunciatura en Rabat, no hay denuncia ante la policía u otras autoridades marroquíes por lo que la investigación se desarrolla en el ámbito canónico, es decir, de la Iglesia.
Cabe destacar que Xuereb se convirtió en nuncio en Corea tras un período de cuatro años en la Secretaría para la Economía, donde presenció de primera mano la difícil renuncia, en octubre de 2018, del finado cardenal australiano George Pell para enfrentar cargos de abuso sexual y de mala gestión de esos casos cuando era sacerdote en la diócesis de Ballarat, Australia. Tanto Pell como Xuereb asumieron como presidente y secretario de dicha secretaría, respectivamente, cuando el papa Francisco la creó en febrero de 2014.
Aunque Xuereb dejó la secretaría en febrero de 2018, es muy probable que estuviera al tanto de la tormenta que Pell y el Vaticano tuvieron que capear cuando surgieron las primeras acusaciones. Si bien Pell ganó su caso tras una apelación ante la Suprema Corte de Australia, persisten las dudas sobre su desempeño.
El problema principal al evaluar a López Romero, sin embargo, radica primero en lo que ignoramos sobre su pasado como miembro y superior de los Salesianos de Don Bosco en Paraguay, Bolivia y España y si debió enfrentar casos de abuso ahí. Por otra parte, está la cuestión de su comportamiento en Marruecos, el cual merece ahora la investigación más robusta posible.
El asunto es aún más apremiante porque, si bien rastrear el historial público de un obispo es relativamente sencillo una vez que es nombrado como tal, la mayor parte de los registros de los presbíteros (comúnmente llamados sacerdotes), diáconos, religiosos, seminaristas y laicos que ocupan cargos oficiales en la Iglesia católica permanecen ocultos e inaccesibles.
La dificultad para determinar el paradero de sacerdotes y diáconos es una constante en América Latina. Como destacó el texto de la semana pasada en esta serie al abordar un caso en la arquidiócesis de Acapulco, México, no es posible rastrear nombramientos de sacerdotes, ni siquiera en sedes arzobispales.
En Acapulco, además de rechazar la transparencia y la rendición de cuentas en los nombramientos de clérigos, la arquidiócesis obliga a quien rastree el historial de un sacerdote a revisar miles de publicaciones en redes sociales.
Por si fuera poco, muchas diócesis e incluso arquidiócesis latinoamericanas, como la de Acapulco, aún se niegan, a siete años de distancia, a cumplir con la orden del papa Francisco de establecer una comisión para prevenir el abuso sexual.
Archivo secreto
Los registros existen. Si en algo destaca la Iglesia Católica es en el registro minucioso de sus propios nombramientos. Ya sea en Rabat, Acapulco o Asunción, los archivos están ahí. Se encuentran en los fondos de una diócesis, de una orden, o de ambas, pero se mantienen, en su mayoría, ocultos. Sólo en algunos países (Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania) es posible conocer las asignaciones de sacerdotes en registros públicos.
La ausencia de un registro público y consultable para estos nombramientos facilita lo que esta serie ha denominado la “solución geográfica” al abuso sexual; es decir, la práctica de trasladar a un clérigo que enfrenta acusaciones en una jurisdicción determinada hacia otro destino, sin ofrecer explicar los motivos.
Esta serie ha analizado con relativa profundidad un caso de abuso sexual en Paraguay que involucra a los llamados Oblatos de María Inmaculada, así como un texto que aborda la severa crisis en Bolivia por los abusos sexuales a gran escala en colegios y misiones católicas operadas por los jesuitas en ese país.
Los salesianos tienen su propio historial al respecto. Hace un par de años, al examinar el suicidio de un superviviente de abuso sexual en la azotea del edificio del Congreso Nacional en Quito, Ecuador, esta serie detalló cómo Franklin Germán Cadena Puratambi, entonces hermano religioso de esa orden, fue rechazado como candidato al sacerdocio al menos en dos ocasiones distintas.
Eventualmente, fue admitido como seminarista en la diócesis de Galápagos, donde más tarde sería identificado y acusado por la víctima, quien en los noventa asistió a un colegio salesiano en Quito; allí, Cadena Puratambi era instructor y tenía un rol en los que era un centro educativo para apoyar a jóvenes marginados.
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Suicidio en el Congreso de Ecuador
Lo que reveló aquel texto es que, a pesar de existir una certeza clara de que Cadena Puratambi no era apto para el sacerdocio, Manuel Antonio Valarezo Luzuriaga, entonces vicario apostólico de Galápagos, tuvo una excusa a modo para correr una apuesta arriesgada al aceptarlo primero como seminarista y, posteriormente, al ordenarlo como diácono y presbítero, pues los salesianos nunca entregaron un informe que alertara sobre los antecedentes de Cadena Puratambi.
Como demostró ese texto, la inexistencia de dicho rastro documental funcionó perfectamente para deslindar de cualquier responsabilidad legal tanto a los salesianos como a Áureo Patricio Bonilla Bonilla, actual prelado de Galápagos. Esto es común en América Latina, donde las organizaciones religiosas operan con altos niveles de autonomía y donde la denuncia del abuso es un desarrollo reciente, articulado a menudo en leyes ambiguas, “imperfectas”, que establecen la obligación de denunciar, pero no fijan plazos para presentar los informes ni mucho menos consecuencias legales en caso de omisión.
Un suicidio en Normandía
La resistencia de la Iglesia Católica en general, y de los salesianos en particular, a mantener registros de los acusados de abusos no es un mal exclusivo de sistemas institucionales frágiles como el de Ecuador. El año pasado, esta serie examinó el caso del suicidio de Jean-Marie Petitclerc en Francia. Él también era salesiano en una de las provincias europeas de la orden, la que abarca a Francia y a Bélgica.
Petitclerc era una figura pública en Francia; algunas de sus obras habían sido traducidas por editoriales salesianas a otros idiomas y era una celebridad en los colegios salesianos, sobre todo por su capacidad para abordar problemas en comunidades marginadas de las urbes francesas, las llamadas banlieues.
A pesar de su fama pública durante las dos primeras décadas de este siglo, a mediados de 2025 enfrentaba su tercera acusación por conducta inapropiada. Por razones que sólo él y su entorno más cercano conocían, decidió quitarse la vida. Aunque antes de su suicidio los salesianos se mostraron dispuestos a retirarlo del ministerio público, quedan preguntas sobre cómo manejaron las acusaciones previas y qué medidas tomaron para proteger a quienes tenían acceso a él, así como el apoyo dado para enfrentar la tercera denuncia.
Cabe preguntarse: ¿quién autorizó su regreso al ministerio cuando ya existían denuncias en su contra? ¿Tiene sentido reincorporar a un sacerdote que arrastra acusaciones a lo que debe considerarse una práctica de alto riesgo para él y más para los fieles que lo rodean? A la Iglesia Católica le cuesta admitir los limitados efectos a largo plazo de las llamadas “terapias cortas” (programas intensivos, exprés, de 90 a 180 días) a los que aún recurren diócesis y órdenes religiosas.
Esa es la razón por la cual, tras años de tratar a clérigos en entornos psiquiátricos católicos, A.W. Richard Sipe, figura clave para comprender el desarrollo de la crisis de abuso sexual, renunció al sacerdocio y emergió a finales de los ochenta como un severo crítico del uso de estas intervenciones clínicas temporales. Sipe denunció que se usaban como un trámite burocrático que permitía el retorno de depredadores al ministerio, como ocurrió con el sacerdote de Boston John Geoghan, una de los siete casos en el texto que se enlaza a continuación.
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Siete casos de abuso sexual a manos de clérigos
Pocos días después de que se conociera la noticia sobre López Romero en Rabat, el diario católico francés La Croix publicó una nota sobre el acuerdo entre los familiares de Petitclerc y los salesianos para constituir una comisión independiente que investigue el suicidio, ante la evidencia de que la orden no prestó la atención suficiente, tanto cuando abusaba de los fieles como cuando terminó con su vida.
La percepción en Francia es que el nombramiento de Antoine Garapon para encabezar este panel representa una apuesta intelectual y de relaciones públicas minuciosamente calculada por los salesianos. Garapon es uno de los juristas más respetados de Francia, antiguo magistrado de menores y miembro del consejo de redacción de la influyente revista Esprit.
Al colocar al frente a un magistrado con ese perfil, los salesianos buscan replicar el diseño estructural independiente de la Comisión Sauvé (CIASE) para recuperar credibilidad institucional. En ese sentido, resulta inevitable plantearse: ¿por qué el caso de López Romero no sigue un patrón similar?
Números mágicos
Los salesianos son la segunda orden religiosa más numerosa de la Iglesia Católica y poseen una red de colegios en todo el mundo notablemente más extensa que la de los jesuitas, la orden religiosa con mayor número de integrantes, como se puede ver en la tabla que aparece después de este párrafo. Aunque los salesianos van a la zaga de los jesuitas en cuanto a miembros, el hecho es que cuentan con una cantidad mayor de prelados (124) que ejercen como obispos de la Iglesia Católica, frente a los 78 de la Compañía de Jesús.
En este sentido, cabe preguntarse ¿qué papel desempeñará esa vasta red de prelados salesianos en el caso de López Romero? ¿Buscarán protegerlo y rescatarlo? ¿Desplegarán sus amplios recursos materiales y simbólicos para “sepultar” la historia? ¿Movilizarán sus numerosos perfiles en redes sociales para presentar a López Romero como la víctima de una conspiración global?
Si los salesianos deciden dar la batalla frente a las acusaciones, tendrán que recurrir a la conocida estrategia de desacreditar a las víctimas alegando asuntos ajenos al caso, o bien acudir al argumento más socorrido cuando emergen estos escándalos: sostener que los implicados eran adultos. Con ello eluden el aspecto más destructivo de la crisis de abusos: el modo en que las organizaciones religiosas permiten la instrumentalización de sus propias teologías para justificar o descartar el abuso sexual, presentándolo como el producto de enemigos satánicos de la Iglesia empeñados en destruir la obra de Dios o algún otro argumento similar.
Aunque el papa Prevost goza actualmente de una percepción relativamente favorable de su gestión como líder global, de manera principal por posicionarse en abierta oposición a las políticas de la Casa Blanca, lo cierto es que su desempeño en el manejo de la crisis de abusos sexuales dista mucho de ser impecable.
El verano pasado, a principios de su pontificado, concedió una entrevista al medio en inglés Crux que resultó fundamental para consolidar su imagen pública de reformador, gracias a sus acciones previas para disolver el Sodalicio en Perú.
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León XIV y el abuso sexual: ¿lapsus o profecía?
Sin embargo, como señaló en su momento el texto enlazado arriba, una lectura más atenta de sus declaraciones revela un doble juego estructural muy peligroso. Al afirmar de manera arbitraria que “más del 90 por ciento” de las víctimas dicen la verdad, el pontífice, matemático de formación, dejó abierta una ventana sin sustento del diez por ciento de falsos reportes. Este margen permite que la maquinaria de defensa tradicional de la jerarquía descalifique a los sobrevivientes y alegue la existencia de “falsas acusaciones” como responsables de destruir las carreras y las vidas de los sacerdotes.
Ahora que López Romero instrumenta un repliegue en Rabat para ganar tiempo, la retórica de Prevost se vuelve en su contra y lo obliga a demostrar qué tan dispuesto está a abordar y resolver los casos de abuso sexual clerical. ¿Fue aquella entrevista con Crux un lapsus? ¿O representó una profecía aún más inquietante sobre el futuro de la rendición de cuentas en la Iglesia Católica?
Hasta el momento, el Vaticano ha iniciado una investigación canónica preliminar ordinaria sobre las denuncias. Las acusaciones contra López Romero son relevantes no sólo por tratarse de la primera vez que un cardenal enfrenta un proceso canónico por presuntos abusos contra mujeres adultas. El catolicismo en Marruecos es una minoría; su arquidiócesis cuenta con apenas 18 parroquias y representa menos del uno por ciento de la población total de su territorio.
En ese sentido, el caso expone la realidad menos documentada del abuso contra mujeres adultas, así como el modo en que los depredadores atacan casi siempre a quienes se encuentran en su entorno más cercano y en las organizaciones donde ejercen poder.
El hecho de que la víctima que denuncia a López Romero sea identificada como una “colaboradora activa” con estrecha relación con la arquidiócesis la sitúa, aunque sea indirectamente, como miembro de una comunidad muy restringida, con alto nivel educativo y bien conectada dentro de Rabat. Este entorno incluye a jubilados acaudalados, diplomáticos y empleados corporativos, los llamados expatriados, algunos de los cuales residen allí atraídos por los regímenes fiscales favorables o el clima mediterráneo de la costa del norte de África, junto a un grupo reducido de estudiantes católicos procedentes de países subsaharianos.
A este respecto, es indispensable recalcar que la acusación surge desde las entrañas mismas de una comunidad católica sumamente pequeña, impedida de expandirse hacia el exterior por las leyes del reino de Marruecos, y acostumbrada a “lavar la ropa sucia en casa”, en un estricto marco de secreto.
Lamentablemente, la situación también obliga a plantear interrogantes sobre lo que la orden salesiana sabía acerca del periodo en que López Romero estuvo en Paraguay y Bolivia, donde desempeñó funciones relevantes, y sobre cómo y por qué el papa Francisco, quien probablemente lo conoció durante sus días como arzobispo de Buenos Aires, lo promovió a arzobispo en Marruecos, donde asumió la sede de Rabat desplazando a una orden más pequeña, también afectada por denuncias de abusos sexuales a gran escala en Francia.
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Bétharram, un espejo para todas las naciones
Lo que sigue es un intento por comprender lo que sabemos con certeza sobre la gestión de López Romero en Rabat, y qué factores podrían explicar cómo pasó de ocupar cargos principales en dos países sudamericanos a vivir una suerte de exilio, hasta que el papa Francisco lo nombró arzobispo en una región donde carecía de experiencia conocida, para luego elevarlo a cardenal.
Una carrera en Paraguay y Bolivia
Aunque no están claras las razones que motivaron a López Romero a trasladarse a Paraguay poco después de su ordenación sacerdotal en 1979, él pertenece a la última generación de varones españoles que ingresaron al seminario como resultado de su crianza religiosa y de las limitadas oportunidades que la España de los sesenta ofrecía a su población.
Los últimos avances de la investigación de la Agence France-Presse (AFP) confirman que las denuncias ya no se limitan al norte de África. Una fuente cercana a la arquidiócesis reveló explícitamente a los periodistas que “colaboradores cercanos de López Romero han reportado idénticos excesos físicos y violaciones de límites que se remontan a sus años como un poderoso misionero en América del Sur”.
Es inevitable preguntarse cómo aborda las alegaciones la actual investigación del Vaticano. ¿Existe un esfuerzo real por desmantelar la habitual cultura de complicidad, omertá y silencio, o la indagatoria se limitará a recordar al público que las víctimas eran adultas con el fin de desestimar las demandas?
Una investigación más rigurosa tendría que plantear interrogantes sobre si López Romero gozó de los privilegios que ostentan los líderes salesianos en países como Paraguay. ¿Existieron informes previos? Cuando el papa Francisco lo nombró arzobispo, ¿disponía él o quienes evaluaron a López Romero de algún reporte previo? Si dichos informes existían, ¿estuvieron disponibles cuando el papa Francisco lo incorporó al Colegio de Cardenales en 2019?
Es necesario tener presente la forma en que la provincia salesiana ecuatoriana manejó el caso de Cadena Puratambi para comprender por qué, a pesar de lo doloroso de estas preguntas, resulta indispensable formularlas.
Aunque nació en Almería, en la costa mediterránea del sur de España, López Romero cursó sus estudios de secundaria, seminario y universidad en Girona y Barcelona, en el extremo norte de ese litoral. Pasó los años formativos de su juventud (de 1964 a 1984) inmerso en Cataluña, lo que le permitió familiarizarse tanto con el catalán como con el francés.
El conocimiento del francés le permitió subsistir tras su primera y nunca explicada salida de América del Sur. Al llegar a Kénitra, Marruecos, en 2003, no tuvo necesidad de aprender árabe; dirigía un centro de formación profesional salesiano donde la lengua franca es el francés, idioma que conserva un estatus de prestigio entre las clases profesionales e intelectuales. Asimismo, la administración interna de la Iglesia se realiza por completo en francés, como lo demuestra el diseño general del sitio web de la arquidiócesis de Rabat (https://dioceserabat.org/), donde el árabe aparece relegado detrás del francés y limitado a algunos titulares.
Durante su trayectoria de más de dos décadas en América del Sur, se desempeñó como superior provincial de los salesianos en Paraguay (1994-2000), lo que significaba estar al frente de una de las órdenes religiosas más poderosas y con mayor financiamiento en el país, dado que los salesianos administran allí la segunda red de escuelas más grande del país, sólo superada por las escuelas públicas financiadas por el gobierno nacional.
También ocupó la presidencia de la Conferencia de Religiosos de Paraguay, lo que lo situó en el núcleo del liderazgo religioso colectivo del país, donde tienen representación la mayoría de las órdenes religiosas católicas.
Aunado a ello, formó parte del consejo asesor del Ministerio de Educación y Cultura y fundó la Asociación de Comunicadores Católicos, lo que le otorgó una notable proyección pública, civil y en los medios de comunicación.
Algunas fuentes le atribuyen haber colaborado en la redacción del mensaje que Juan Pablo II pronunció durante su visita a Paraguay en mayo de 1988.
Al adquirir la nacionalidad paraguaya, eliminó los obstáculos canónicos o políticos que suelen retrasar el nombramiento de clérigos extranjeros al frente de diócesis locales; por lo tanto, es muy probable que vislumbrara su propio horizonte como obispo en Paraguay, de manera semejante a lo ocurrido con Robert Prevost, quien posee la doble nacionalidad estadunidense y peruana.
¿Qué sucedió?
No obstante, en el año 2000, al concluir su mandato como provincial paraguayo, asumió cargos menores dentro de la orden y abandonó el país en 2003 para trabajar por primera vez en Marruecos. Como se mencionó anteriormente, el proselitismo está prohibido en Marruecos (al igual que en la mayoría de los países de mayoría musulmana), de modo que no requería aprender árabe. El francés que había adquirido en España era suficiente.
Permaneció allí durante ocho años y partió en 2011 para asumir como provincial en Bolivia hasta 2014, año en que regresó a España para dirigir una de las provincias salesianas durante un trienio.
Fue en 2017 cuando retornó a Rabat, esta vez como arzobispo. Dos años más tarde, el papa Francisco le concedió integrarse al Colegio de Cardenales.
Persiste la ironía de que, mientras el Vaticano promovía con éxito a López Romero en la escena global como un sacerdote templado por su experiencia en América Latina, con la expectativa de que apoyaría a los migrantes africanos que intentaban cruzar hacia España y Europa, sus responsabilidades cotidianas reales lo confinaban a desenvolverse dentro de los círculos francófonos más selectos y aislados de Marruecos.
Lo que ocurrió a finales de la década de los noventa, cuando Cristóbal López Romero reunía casi todos los indicadores principales para un ascenso inmediato al episcopado en Paraguay, sigue siendo una incógnita.
Esto obliga a cuestionar las razones por las cuales se le envió a Marruecos. Un traslado de esa naturaleza rompe con la lógica habitual de la carrera eclesiástica. Tras concluir su encargo como provincial en el año 2000, en lugar de ser promovido al episcopado paraguayo, regresó a las labores de base, al menos en el papel, desempeñándose como docente durante dos años antes de retirarse de su patria adoptiva en 2002.
Para un ciudadano naturalizado que había dedicado casi dos décadas a insertarse en las cúpulas del liderazgo civil y religioso de Paraguay, verse privado de esa visibilidad para convertirse en administrador local de una escuela en Kénitra, Marruecos, equivale a un silencioso y discreto exilio geográfico.
No resulta extraño que la arquidiócesis de Asunción, encabezada por el también cardenal Adalberto Martínez Flores, se viera en la necesidad de emitir un comunicado un tanto críptico en el que acusa recibo de la investigación del Vaticano y del pronunciamiento emitido por la arquidiócesis de Rabat, tal como se constata en la publicación de la página de Facebook de la arquidiócesis de Asunción o, si no se despliega, aquí.
El asunto eclipsó la noticia de la propia renuncia de Martínez Flores a su cargo y, aunque la respuesta se ciñe a lo esperado de una fuente institucional en este contexto, conviene señalar que Martínez Flores cuenta con un historial cuestionable en el manejo de denuncias de abusos en Paraguay.
En marzo pasado, en el texto enlazado después de este párrafo, esta serie analizó cómo Martínez Flores sostuvo que su diócesis combatía el abuso sexual durante una misa concelebrada con Rafael Fleitas López, un sacerdote paraguayo que enfrenta acusaciones de abuso sexual.
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Teología de la impunidad: Lecciones desde Paraguay
Dicho sacerdote, miembro de los Oblatos de la María Inmaculada, estuvo a punto de ser nombrado formalmente a principios de 2024 al frente de una parroquia rural en Oaxaca, México, a pesar de las denuncias vigentes en Paraguay, según documentó en su momento la entrega vinculada a continuación.
Investigaciones
De Paraguay a Oaxaca, nueva ruta de riesgo del abuso sexual
Omertá
Reportes de medios europeos que siguen la pista de la investigación canónica señalan que los investigadores evalúan los acontecimientos recientes en Rabat, así como la existencia de una posible “cultura de silencio y omertá” en torno a López Romero para encubrir denuncias y transgresiones de límites ocurridas durante sus años como sacerdote y provincial de los salesianos en Paraguay, Bolivia y España.
El problema radica en que, a excepción de España, donde las autoridades y la jerarquía católica han tomado medidas para atender múltiples, probablemente miles de reclamaciones por abuso sexual, ni Paraguay ni Bolivia se distinguen por la firmeza de sus instituciones judiciales o policiales.
Cabe resaltar que, según un libro publicado recientemente en Bolivia (véase la publicación de Facebook que sigue o aquí si no se despliega), existen al menos 22 miembros de la Compañía de Jesús acusados de abusar de sus fieles.
En ciertos casos, las acusaciones contemplan la inducción al aborto, entre otras conductas que, de aplicarse estrictamente la doctrina católica, ameritarían sanciones severas por parte de la jerarquía de esa iglesia.
Además de esos 22 sacerdotes o hermanos (resulta imposible precisar pues dos nombres permanecen bajo reserva), se identifica a un grupo de 18 antiguos provinciales y superiores de la orden jesuita en América Latina y otras regiones en calidad de cómplices. Un tercer grupo vincula a diez jesuitas con distintos niveles de responsabilidad en los hechos ocurridos en el colegio católico Juan XXIII en Cochabamba, así como en otros puntos de Bolivia donde la orden mantiene presencia.
Bolivia está en alerta en materia de abusos en el ámbito jesuita, un panorama que también refleja el interés político por mantener el debate sobre los delitos sexuales en la agenda pública, en especial dadas las acusaciones de esa misma índole vigentes contra el expresidente y líder de la oposición Evo Morales, quien frecuentemente presenta desafíos directos al actual jefe de Estado, Rodrigo Paz.
La mayor parte de los casos que involucran a los jesuitas pertenecen a la categoría de "históricos", lo que implica que han prescrito. A diferencia de lo que se observa en Estados Unidos, donde se han implementado soluciones legislativas como las “ventanas retroactivas” en California y Nueva York o en naciones europeas (Alemania, Francia y España), donde los obispos han mostrado disposición para encarar los hechos antes de que se transformen en un conflicto político, en América Latina los obispos y superiores de las órdenes persisten en su estrategia de dejar pasar el tiempo para que los delitos prescriban.
En este panorama, queda por ver si el sistema judicial boliviano se decidirá a incursionar en un terreno donde otros poderes judiciales de América Latina aún se muestran reacios: el procesamiento penal de casos históricos.
Debe señalarse también que el problema de la transparencia está en el núcleo de una resolución judicial en Colombia, Los magistrados en Bogotá decidieron obligar a las diócesis católicas de ese país a publicar los registros de los nombramientos, asignaciones o encomiendas de los clérgios a su servicio. El texto vinculado después de este párrafo es una entrevista con Miguel Ángel Estupiñán, uno de los dos periodistas colombianos que pidieron al Poder Judicial de su país que obligara a las diócesis católicas a ser transparentes en ese asunto.
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Un resumen de este texto en audio está disponible después de este párrafo.
Nota de producción: El texto del resumen, como el principal, fueron escritos y editados sólo por el autor. La lectura del audio se hizo con una herramienta de texto-a-habla de alta calidad (Voicertool). La IA se usó sólo para generar la voz y no para la creación del contenido.