Alfredo Griz Cruz Jueves, 26 de Marzo del 2026, 11:13
Morris Roy Lester sigue en prisión mientras la acusación de Rachel Fiszman avanza sin freno pese a no contar con sustento sólido ni escrutinio real.
Despacho 14El violento oficio de escribir
Por Alfredo Griz
SEGUNDA PARTE
El caso de Morris Roy Lester no tiene ruido. No hay gritos ni sobresaltos; hay algo más contundente: una acusación que avanza sin freno dentro de audiencias que más que audiencias son la continuidad de un juicio sumario sin oportunidad de nada, una condena brutal que parece no tiene manera de librarse, audiencias fragmentadas en pantallas, donde cada participante ocupa un recuadro y el proceso fluye sin sobresaltos visibles.
Ahí está el imputado, reducido a imagen, contenido en un espacio digital que no le pertenece; ahí está la fiscalía de la Ciudad de México, desplegando su narrativa con una continuidad limpia; y ahí está el juez del Tribunal Superior de Justicia, conduciendo sin alterar el curso natural de una imputación que se sostiene por sí misma. No hay choque de versiones. No hay fricción real. Lo que hay es una estructura que se mantiene firme sobre una sola línea: la de la acusación por tentativa de feminicidio.
Desde el inicio, la fiscalía instala el caso en su forma más grave. No lo construye paso a paso en la investigación bajo presión, tampoco muestra pruebas contundentes, todo ha sido construido e inventado por una doctora llamada Rachel Fiszman. Con problemas psiquiátricos, hay un diagnóstico clínico que lo sustenta, lo presenta ya armado, con una lógica cerrada que no se rompe en ningún punto visible de la audiencia. El delito que coloca sobre la mesa es tentativa de feminicidio, una figura penal que exige precisión, carga probatoria alta y una acreditación rigurosa de tres elementos esenciales —la intención de matar, la idoneidad de los actos para lograrlo y un contexto claro de violencia de género—. Sin embargo, en el desarrollo de los videos, esos elementos no son sometidos a escrutinio. No hay una exigencia frontal para que la fiscalía detalle con exactitud quirúrgica cómo se configura el dolo, en qué momento la conducta se vuelve letal o de qué forma concreta se acredita el componente de género. Aun así, la acusación no se debilita. Permanece.
Ante ese panorama adverso, Morris Roy Lester, lleva casi tres años en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, si bien es cierto su defensa ha sido deficiente, es importante aclarar que también la corrupción y la parcialidad del Juez de control han sido contundentes.
Una fiscalía que fabrica pruebas, que no demuestra sus dichos, un juez llamado Júpiter López Ruiz, que parece estar en la luna pese a sus credenciales en derecho, pero que ya se le identifica como Juez del bienestar, da por sentado como verdadero todo lo que la parte acusadora y la fiscalía le dicen: más que nada es un juicio sumario en contra de Morris Roy Lester.
De todos los dichos de la parte acusadora no se ha podido demostrar ninguno, no hay cámaras de video del Hospital Ángeles en CDMX, hospital que se ha visto en varios escándalos de ese tipo, muy ostentoso en sus instalaciones y muy caro en sus servicios, pero que curiosamente su servicio de video vigilancia no funcionó para registrar los hechos que incriminan a Morris.
Lo único que ha aportado la parte acusadora es supuestos “testigos” que no estuvieron en el lugar pero que convenientemente son muy amigos de la doctora Rachel Fiszman, e incluso la testigo que estuvo presente en el supuesto ataque, se dice paciente de la citada doctora, además de ser su amiga íntima.
La fiscalía opera en un terreno sin resistencia. Presenta su caso sin verse obligada a ajustarlo bajo presión ni a responder a cuestionamientos técnicos de fondo. Su narrativa entra al proceso sin fisuras visibles y sin un contrapeso que la obligue a sostenerla más allá de sus propios términos.
En esas condiciones, la acusación deja de funcionar como una hipótesis que debe probarse y empieza a asumirse como una versión estable de los hechos. No porque haya sido plenamente acreditada, sino porque no enfrenta una confrontación real.
En un delito de esta magnitud, esa falta de tensión no es menor: es ahí donde, en la práctica, la carga de la prueba pierde peso, aunque formalmente se mantenga intacta.
El juez, por su parte, no interrumpe ese flujo. La conducción de la audiencia se mantiene dentro de parámetros formales, sin desbordes, pero también sin elevar el nivel de exigencia que el propio delito reclama. La interacción ocurre a través de pantallas, lo que reduce la percepción directa, fragmenta la dinámica y limita la inmediación en términos reales.
Sin embargo, más allá del formato, lo que pesa es la ausencia de intervención sustantiva: no se advierte un control riguroso que obligue a la fiscalía a precisar, a delimitar, a justificar cada uno de los elementos del tipo penal con el nivel de detalle que implicaría sostener una acusación de tentativa de feminicidio. El proceso no se detiene para exigir claridad. Avanza.
En ese avance, la tipificación no se somete a desgaste. La intención de matar no es llevada al límite de su comprobación; la idoneidad de los actos no se desmenuza hasta demostrar que realmente podían causar la muerte; el contexto de género no se separa con precisión de lo que podría ser un conflicto interpersonal. Son elementos que deberían ser el núcleo del debate y, sin embargo, permanecen intactos dentro de la narrativa acusatoria.
No se derrumban porque no se confrontan. No se reducen porque no se cuestionan con suficiente fuerza. Permanecen como parte de una estructura que se valida en la continuidad del proceso.
El juez Júpiter López Ruiz, la fiscalía, el Hospital Ángeles, los testigos manipulados y adoctrinados y la propia doctora Rachel Fiszman, pueden meterse en un problema legal e grandes dimensiones, pues entre todos y al son del dinero han concatenado una trama legal de gran envergadura, pues lo que era un pleito familiar y de custodia de menores lo han trasladado a una trama penal digna de mafiosos y narcotraficantes.
La defensa está presente, pero no altera el curso. No introduce un quiebre, no obliga a redirigir la acusación, no impone condiciones que modifiquen el terreno en el que la fiscalía se mueve. Su intervención no genera un impacto visible en la arquitectura del caso. Y en ese vacío, la acusación encuentra el espacio necesario para consolidarse. No porque sea necesariamente irrefutable, sino porque no está siendo sometida a un nivel de contradicción que la obligue a demostrarlo.
El resultado es un proceso que se inclina sin necesidad de fuerza explícita. La fiscalía sostiene una imputación de máxima gravedad sin enfrentar una presión proporcional; el juez conduce sin elevar el estándar de exigencia a la altura del delito; la defensa no modifica el equilibrio. En ese escenario, la tentativa de feminicidio no se cae, no se reduce, no se redefine. Se mantiene. Se fija. Se convierte en el eje sobre el cual gira todo el caso.
Lo que queda en el tintero no es solo un procedimiento. Es la imagen de un sistema que, en ausencia de confrontación real, permite que la acusación más grave disponible se sostenga sin desgaste en ciertas condiciones de conveniencia para la parte acusadora. Aquí hay un colapso evidente del debido proceso sí, pero también hay algo más difícil de detectar y más peligroso en sus efectos: un proceso que avanza sin resistencia suficiente, donde la exigencia técnica se diluye y la imputación se consolida no por haber sido probada hasta el límite, sino por no haber sido llevada hasta él.
En la próxima entrega hablaremos queridos lectores, de una investigación a profundidad de la parte acusadora, la doctora Rachel Fiszman, los supuestos testigos, el juez Júpiter López Ruiz, con trayectoria de señalamientos por corrupción y parcialidad, así como los encargados del Hospital Ángeles y la fiscalía. Una radiografía de la corrupción judicial y de la forma criminal de operar de todos los implicados en este caso.
PRIMERA PARTE: Morris Roy Lester: la construcción de un culpable en la Ciudad de México
