Alfredo Griz Cruz Miércoles, 13 de Mayo del 2026, 01:37
Archivos, filtraciones y operativos recientes alimentan versiones sobre una presencia activa de la CIA dentro de zonas estratégicas mexicanas.
Despacho 14El violento oficio de escribir
Por Alfredo Griz
Durante décadas, México fue presentado como territorio de cooperación, intercambio de inteligencia y coordinación bilateral. Los comunicados oficiales hablaban de mesas de seguridad, de combate al narcotráfico, de vigilancia fronteriza y de intercambio de información sensible. En el subsuelo del poder, en los archivos desclasificados, en testimonios de exagentes y en filtraciones que durante años fueron tratadas como teorías incómodas, aparece otra historia: una presencia silenciosa, constante y quirúrgica de la Central Intelligence Agency (CIA) operando dentro del territorio mexicano desde la Guerra Fría hasta los días más recientes.
La estructura comenzó en los años cincuenta, con la estación de la CIA instalada en Ciudad de México, bajo la dirección de Winston M. Scott. Desde ahí nació la operación LITEMPO, una red de penetración política que colocó a funcionarios mexicanos dentro del radar de Washington. Intervenciones telefónicas, seguimiento a diplomáticos cubanos, monitoreo a universitarios, sindicatos y movimientos de izquierda. México no era un vecino. Era un tablero. Y el tablero estaba abierto.
Años después, durante la "guerra sucia", la relación entre la inteligencia estadounidense y la extinta Dirección Federal de Seguridad se fortaleció bajo la lógica de la contrainsurgencia. Manuales, entrenamiento, vigilancia, intercambio de nombres, expedientes y objetivos. La estructura mexicana de espionaje comenzó a funcionar con el lenguaje, la metodología y, según múltiples investigaciones históricas, con asesoría directa proveniente de Washington.
En medio de esa maquinaria apareció un nombre que incomodó al poder: Manuel Buendía. El periodista había comenzado a documentar la presencia de operadores estadounidenses en México, la penetración de la CIA dentro de organismos oficiales y los vínculos entre inteligencia extranjera y seguridad nacional mexicana. Parte de esa información, según reconstrucciones periodísticas de la época, provenía de contactos dentro de la propia DFS: hombres que conocían los expedientes, los movimientos y las identidades. Entre ellos figuraba José Antonio Zorrilla Pérez, quien años más tarde sería condenado por el asesinato del comunicador.
El crimen de Buendía, ocurrido en 1984, sigue siendo una herida abierta en la historia del espionaje mexicano. La línea oficial habló de una ejecución política. Las líneas paralelas hablaron de silenciamiento. Buendía había tocado un nervio demasiado profundo: la presencia de operadores extranjeros en una nación que oficialmente defendía su soberanía.
Cuatro décadas después, los fantasmas del pasado reaparecieron con un nombre inesperado: James “N”.
En 2025, en la colonia Las Fuentes, en Atlacomulco, un ciudadano estadounidense fue reportado al 911 por vecinos que lo observaron armado, con casco táctico, chaleco balístico y comportamiento agresivo desde el balcón de un edificio. Cuando fuerzas estatales ingresaron al inmueble, encontraron armas largas, pistolas, municiones y equipo táctico. James “N” fue detenido por alteración del orden público y portación de armas exclusivas del Ejército. La escena parecía extraída de una operación clandestina, pero la explicación oficial nunca terminó de cerrar todas las preguntas.
Meses después, otro episodio encendió las alarmas. A las afueras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una camioneta explotó dejando muertos a presuntos operadores criminales. La versión inicial habló de un accidente. Después surgieron reportes internacionales que apuntaron a una posible operación encubierta. La versión nunca ha sido confirmada oficialmente por autoridades mexicanas ni estadounidenses, pero el caso reabrió una discusión que durante décadas se había movido entre archivos clasificados y filtraciones discretas.
Los tres corredores de la CIA en México
Ahora, una fuente de este rotativo —cuya identidad se mantiene reservada por razones de seguridad y cuyas afirmaciones no han sido corroboradas de manera independiente— sostiene que la CIA mantendría personal operativo distribuido en al menos tres grandes corredores estratégicos dentro del país.
El primero estaría en la zona norte, moviéndose entre Chihuahua, Sonora y Sinaloa, tres entidades históricamente golpeadas por la violencia y por la disputa de organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.
El segundo corredor, según la misma fuente, operaría entre Ciudad de México y la región del Bajío, una zona clave para el movimiento financiero, logístico e industrial del país, pero también para la expansión de estructuras criminales y redes de lavado de dinero.
El tercer corredor estaría en el sureste mexicano. La fuente ubica movimientos entre Mérida, Cancún y la frontera sur de Chiapas, específicamente en Frontera Comalapa y Ciudad Hidalgo, puntos que en los últimos años han sido señalados por autoridades y analistas como rutas críticas para el tráfico de personas, armas, dinero y drogas.
Si esa información resulta cierta, la detención de James “N” deja de parecer un incidente aislado. El coche bomba deja de parecer un hecho fortuito. El asesinato de Manuel Buendía deja de ser solamente una página negra del periodismo mexicano.
Entonces el mapa cambia.
Porque cuando una nación descubre que los fantasmas del espionaje siguen respirando dentro de sus fronteras, la pregunta deja de ser quién está observando.
La verdadera pregunta es otra:
¿Hace cuánto dejaron de tocar la puerta… y comenzaron a vivir adentro?
Mientras el discurso oficial insiste en la soberanía, la no intervención y el control absoluto del territorio nacional, los expedientes, las detenciones, las filtraciones internacionales y los movimientos detectados en puntos estratégicos del país dibujan una realidad mucho más incómoda para el poder. México no sólo enfrenta la expansión del crimen organizado; también carga con la evidencia creciente de operaciones de inteligencia extranjera desarrollándose en su propio suelo, bajo la mirada de instituciones que parecen saber más de lo que admiten públicamente.
El silencio, la opacidad y la narrativa cuidadosamente administrada ya no parecen responder a la defensa de la nación, sino a la necesidad política de no reconocer, frente al país y frente al mundo, que la soberanía que se proclama en el discurso podría estar siendo vulnerada desde hace años… con pleno conocimiento de quienes hoy juran protegerla.
