Rodolfo Soriano-Núñez Lunes, 01 de Junio del 2026
En Estados Unidos, Anthony Odiong rechazó una condena de 20 años sin juicio y ahora, luego del juicio, podría recibir una cadena perpetua por el abuso de sus fieles.
En México, los sacerdotes católicos encuentran maneras de eludir la rendición de cuentas en materia de abuso, mientras la Luz del Mundo se prepara para convertirse en partido político.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
El momento es todo menos propicio para relatos binacionales. Lo que en los ochenta fue el Espíritu de San Antonio, el primer acercamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y México de la época, que evolucionaría hasta lo que hoy es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), probablemente está muerto.
Pero la proximidad es un hecho indiscutible para México y Estados Unidos, para quienes viven en la frontera, para quienes han pasado tiempo a ambos lados del río Bravo y, todavía más, para quienes viajan de un lado a otro. Más aún cuando se trata de la aparentemente interminable crisis de abuso sexual por parte del clero.
Incluso un observador casual, que no siga al detalle la crisis, no puede ignorar las referencias. Al norte de la frontera, “algo pasa”: arrestan y sentencian a sacerdotes o, al menos, las diócesis imponen medidas disciplinarias claras; pagan reparaciones; las diócesis se declaran en quiebra y los obispos reconocen la escala del daño.
Al sur de la frontera, “nada pasa”: en casos raros en que se arresta a un sacerdote, es posible que salga libre por tecnicismos, las víctimas sufren constante revictimización, los laicos católicos en redes sociales aún presentan a la Iglesia Católica como víctima de una conspiración y los obispos siguen el viejo guión de las tres D: demorar, denegar, descartar.
Más recientemente, al norte del Río Bravo, en Texas, las noticias están dominadas por la rápida conclusión de un juicio en Waco. El 29 de mayo, un jurado declaró al sacerdote católico Anthony Odiong culpable de tres cargos graves de agresión sexual por explotar su autoridad para abusar de fieles mujeres bajo su dirección espiritual.
Arrestado en Florida en 2024 tras huir de Texas, la condena de Odiong subraya la contundencia de la ley en Texas que trata la coacción sexual por un clérigo como un delito grave de primer grado, el cual conlleva una posible pena de cadena perpetua.
Odiong nació en Nigeria y fue ordenado allí en 1993 para la diócesis de Uyo, Nigeria. La diócesis está en el estado sureño de Akwa Ibom. Aunque el catolicismo es una minoría ahí, Akwa Ibom es el corazón del cristianismo protestante en Nigeria, una región donde los líderes religiosos varones ejercen una autoridad abrumadora y sin control sobre sus fieles.
Una “invitación”
Como otros sacerdotes católicos ordenados en África, Odiong viajó a Estados Unidos en 2006 con el visto bueno de su obispo, Joseph Effiong Ekuwem, ahora arzobispo de Calabar, para servir en la diócesis de Austin, Texas, aunque luego, por razones desconocidas, se mudó a Nueva Orleans, Luisiana, donde las leyes y su aplicación son menos estrictas que en Texas, al tiempo que lograba ser ciudadano de Estados Unidos.
Formalmente, seguía a Gregory Michael Aymond, quien primero “invitó” a Odiong como obispo de Austin, Texas. Al recibir la joya del sur de Estados Unidos, la arquidiócesis de Nueva Orleáns en 2009, Aymond volvió a “invitar” a Odiong a ejercer el ministerio.
Quizás Aymond ya estaba al tanto de algún problema, de ahí que prefiriera la figura del invitado: un mecanismo que puede rescindirse a voluntad, un fusible que un obispo de la Iglesia Católica puede quemar cuando quiera. Sin embargo, es casi imposible saber qué ocurrió realmente, ya que Nueva Orleans y otras diócesis de Luisiana se han ganado una reputación por eludir la transparencia y la rendición de cuentas.
El que recibiera “invitaciones” y no siguiera el proceso de incardinación ya invita a dudar, más porque fue nombrado párroco, un cargo usualmente reservado para sacerdotes incardinados, es decir, formalmente asociados a la diócesis o bien dado a órdenes religiosas que designan al párroco con la aprobación del obispo.
Más aún si se tiene en cuenta que no había forma de que Odiong obtuviera la ciudadanía estadounidense por su cuenta. El proceso, especialmente después del 11 de septiembre de 2001, hace casi imposible para un individuo transitar por su cuenta ese laberinto. Se necesita un respaldo masivo de familiares, amigos o empleadores para dar los pasos correctos al intentar convertirse en ciudadano.
Cuando se presentaron los primeros cargos en Texas, Odiong huyó al oriente, a Florida. Fue allí, en 2024, donde alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) lo rastrearon cerca de un foco del catolicismo conservador y de oposición radical contra el papa Francisco: la Universidad Ave Maria, donde finalmente perdió su libertad.
Cabe señalar que, durante su estancia en Luisiana, Odiong estuvo en contacto con Lawrence Hecker, entonces también sacerdote católico y depredador sexual, quien evitó el juicio que Odiong enfrentó en Texas porque se declaró culpable en 2024.
Durante las audiencias de fianza, los fiscales de Texas lucharon con éxito para mantener la fianza de Odiong en 5.5 millones de dólares, para enfatizar que existía riesgo de fuga a su Nigeria natal, donde construía activamente una mansión e instruía a feligreses sobre cómo utilizar los fondos que transfería desde Estados Unidos.
Odiong llegó al extremo de rechazar un acuerdo de culpabilidad ofrecido por las autoridades texanas tras su detención en 2024. El acuerdo implicaba una sentencia rápida de 20 años de cárcel. Al hacerlo, Odiong apostó a que no sería condenado a cadena perpetua. Tras el juicio, ese es el castigo al que se enfrenta.
Al sur de la frontera
Al sur del río Bravo, en Chihuahua, la noticia es que no hay noticia. A pesar de los muchos casos pendientes, en Chihuahua, como en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los cuatro estados mexicanos que comparten frontera con Texas, nada ocurre. No es que no haya casos o denuncias; al contrario, abundan. Lo que falta es la voluntad de la policía, los fiscales y jueces para hacer lo que hizo Texas: investigar las denuncias, armar un caso, consignarlo ante un juez y obtener una condena.
Los Angeles Press sigue algunos de los casos mexicanos como parte de su cobertura continua de la crisis de abusos sexuales, especialmente los de la diócesis de Ciudad Juárez, como un reflejo de lo que ocurre en el estado de Chihuahua en general, pero también como un indicador de la voluntad de los obispos mexicanos para mejorar realmente sus estándares en el manejo de la crisis de abusos sexuales.
Lo que sigue es la desalentadora comparación de cómo la policía y el poder judicial en Texas son capaces de alcanzar ciertos objetivos, ofreciendo una medida de justicia a las víctimas, mientras que la justicia en Chihuahua, en México y en América Latina en general permanece estancada en un escenario donde las víctimas deben lidiar solas con el efecto del abuso, sin esperanza ni expectativa de una solución a sus demandas.
Como han demostrado entregas anteriores de esta serie, el problema no radica en la teología de la Iglesia Católica ni en sus propias normas internas, pues son laxas hasta el punto de ser irrelevantes o inexistentes para fines prácticos, sino en lo que los sistemas de justicia logran o no cuando se enfrentan a un desafío similar.
Esta serie ha comparado el calvario que enfrentan las víctimas de abusos sexuales clericales en México y Estados Unidos. En dos entregas previas, la serie comparó lo que sucede en las diócesis católicas de California (ver arriba) con la engañosa tranquilidad en sus diócesis hermanas en las Baja Californias mexicanas.
Investigaciones
Baja California y el abuso sexual a manos de clérigos
Lo que la comparación demostró es que la teología o la doctrina no juegan un papel, ya que ambas son las mismas a ambos lados de la frontera. Lo más relevante es que, a pesar de las similitudes del catolicismo en los dos países, existen marcadas diferencias de comportamiento según el lado de la frontera en el que ocurra el abuso. Mientras que las diócesis católicas en Estados Unidos deben cumplir con reglas estrictas, en México y, mayormente, toda América Latina, tales reglas están ausentes o, peor, no se aplican.
Antes, en 2023, la serie ofreció una amplia comparación de cómo las diócesis de las ciudades hermanas de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, abordaron sus propios casos, como lo demuestra la historia enlazada abajo.
Mientras que El Paso estuvo dispuesta a reconocer el abuso sexual como una realidad y, como tal, aceptó cumplir con las directrices de Roma para crear al menos una comisión que abordara el problema en su propio territorio, además de cumplir lo que las leyes texanas dictan sobre el abuso, Ciudad Juárez hizo todo lo posible por negar la existencia misma de los casos.
Lejos de corregir y a pesar de la retórica sobre la supuesta existencia de un “Estado laico” en México, las autoridades de Chihuahua, como en las otras 31 entidades, están más que dispuestas a olvidar o desestimar las denuncias de abuso sexual por clérigos.
Y Ciudad Juárez tiene de sobra; algunas de ellas han logrado ganar tracción en los medios de Estados Unidos y en la prensa nacional mexicana, como el caso de Aristeo Baca, un favorito del exgobernador y actual senador de Chihuahua, Javier Corral. Peor aún, Ciudad Juárez se mostró renuente, por razones que sólo conoce la curia local, a crear al menos una comisión para prevenir el abuso sexual, hasta muy recientemente.
Mientras la condena de alto perfil de Baca en 2021 permanece paralizada en un limbo de amparo federal que prolonga por años su protección de prisión domiciliaria, el caso de otro (¿ex?) sacerdote de Juárez, Istíbal Valenzuela, expone el lado más agresivo del aparato de encubrimiento de la curia.
Un resumen
El padre de una de sus víctimas resume la situación de la siguiente manera:
Primero, en cuanto a los asuntos eclesiásticos: no ha pasado absolutamente nada. El abusador de mi hija siguió fungiendo como vicario en parroquias de 2023 a 2025. De pronto, desapareció. Ya no figura en los medios.
Según un correo electrónico que me envió la Comisión de Prevención de Abusos de la diócesis, este individuo no ejerce su sacerdocio desde el 9 de mayo de 2025; pero no se me dijo si está suspendido, si solicitó una licencia o si esto derivó de un proceso canónico, lo cual dudo mucho. Tampoco queda claro si fue trasladado a otra diócesis, o si fue laicizado.
Todos los implicados en el encubrimiento, los sacerdotes involucrados en proteger a este sujeto, siguen activos. Y bueno, está plenamente documentado ante todas las autoridades de la Iglesia Católica que no hacen nada respecto a este proceso profundamente viciado.
Segundo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el ombudsman de Chihuahua, acaba de emitir una resolución a nuestro favor. Se trata de una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado y a la Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua.
Fue un camino sumamente tortuoso que duró cinco años; sin embargo, a pesar de que la recién nombrada titular de la comisión agilizó el trámite de la recomendación y logró emitirla, hay funcionarios que la están obstaculizando. Me atrevo a decir que participaron en la revictimización de mi hija y siguen activos dentro de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Uno de ellos es Alejandro Carrasco Talavera, quien fue el titular interino de la comisión. El otro es el individuo que recientemente fue nombrado jefe de la oficina de la Comisión en Ciudad Juárez, Eduardo Sáenz Frías, quien actualmente enfrenta procedimientos administrativos por negligencia e irregularidades que cometió mientras era visitador de 2022 a 2025 en relación con nuestro caso.
Y tercero, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (Zona Norte) no ha hecho absolutamente nada desde 2022 hasta la presente fecha. Hay jueces de control y de distrito que han ordenado a la titular del Ministerio Público, Verónica Gaspar, realizar más actos de investigación, y ella se niega a ejecutarlos. Se esconde de los abogados que llevan el caso y retrasa la citación de personal especializado. Hay diligencias que debe ejecutar, como citar a personas de la diócesis, etc., y no lo ha hecho. Básicamente, eso es lo que ha pasado.
Una historia de impunidad
Como señala el padre de la víctima, quien sigue siendo menor de edad en un caso expuesto originalmente por Los Ángeles Press en 2023 (véase el texto enlazado abajo), Istíbal Valenzuela ofrece un ejemplo perfecto de cómo los sacerdotes y sus empleados laicos encubren al clero depredador.
Investigaciones
Ciudad Juárez, una historia de impunidad de sacerdotes
Como apunta el padre de la víctima, la diócesis de Ciudad Juárez trasladó a Valenzuela como vicario para blindar su conducta depredadora, y ahora se encuentra en una especie de limbo canónico, retirado discretamente del ministerio como sacerdote.
Lo que está claro, sin embargo, es que su huella digital fue borrada de las páginas web y cuentas de redes sociales controladas por la diócesis de Ciudad Juárez. No es que dichas cuentas sean realmente informativas; en el mejor de los casos, están diseñadas para simular que representan a una comunidad diocesana muy activa.
La “desaparición” de Valenzuela, al menos en las redes sociales de la diócesis donde solía aparecer con frecuencia, ocurrió casi al mismo tiempo que, por razones desconocidas, el papa León XIV decidió trasladar al obispo José Guadalupe Torres Campos de Ciudad Juárez a Ecatepec, una diócesis densamente poblada, casi colindante con el municipio homónimo del Estado de México.
El traslado de Torres Campos se produce en un momento en que, en Roma, la secretaría general del Sínodo reconoció la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el proceso de selección de candidatos a obispo. Vatican News publicó un texto sobre el tema, disponible aquí, y un resumen del informe de la oficina del Sínodo está disponible aquí.
En ese sentido, es imposible pensar en el traslado de Torres Campos como un premio o una promoción, a menos que sea un intento de familiarizarlo con alguna de las dos sedes clave de la Iglesia Católica en el centro de México próximas a quedar vacantes: las arquidiócesis de México y Tlalnepantla. De ser así, Roma enviará la peor señal posible sobre la ruta que debe seguir un obispo para avanzar en su carrera en México.
Ecatepec necesitaba un obispo, de eso no hay duda, ya que, a pesar de su deslucido desempeño, Óscar Roberto Domínguez Couttolenc, el anterior prelado allí, obtuvo una promoción como arzobispo de Tulancingo a mediados de 2024 y desde entonces la diócesis estaba vacante.
Recuerdos de Ecatepec
Pero es necesario ser conscientes del tipo de desafío que Ecatepec representa por sí mismo. Hace poco más de dos décadas, como muestra de lo perversa que es la violencia en esa región de México, incluso en entornos religiosos, ocurrió el monstruoso asesinato en 2005 de un adolescente a manos de su propio padre.
Dagoberto Valle Arriaga, el padre asesino, era también sacerdote de la vecina diócesis de Texcoco, en ese entonces dirigida por el actual arzobispo de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes. Valle Arriaga convenció a su hijo de ir a Ecatepec para matarlo allí y terminar con una serie de conflictos en los que el joven estaba dispuesto a desafiar a Valle Arriaga con delatarlo como sacerdote católico.
En otras palabras, Valle Arriaga, un sacerdote de Texcoco, mató a su propio hijo en Ecatepec para evitar un final repentino de su carrera eclesiástica; la misma razón por la que Renato Poblete, el depredador chileno y campeón jesuita de la justicia social en las últimas décadas del siglo XX, obligaba a sus víctimas de abusos sexuales clericales a abortar cuando las embarazaba.
Aunque al principio el caso fue abordado con rapidez y tipificado como violencia familiar, lo que dio lugar a una sentencia de 55 años, la máxima permitida entonces por la ley, Valle Arriaga apenas permaneció seis años en la cárcel. En silencio, con nula o escasa notificación al público, en noviembre de 2013 el poder judicial federal le otorgó un amparo que le permitió salir libre.
Formalmente, el tribunal federal expuso una falla estructural catastrófica en la forma en que la entonces procuraduría armó el caso: el Estado pedía una pena máxima por secuestro y homicidio sin haber localizado jamás el cadáver del menor.
Al no presentar los restos y, por ende, no acreditar el llamado corpus delicti, el cuerpo material de la evidencia requerido por ley para demostrar que ocurrió un delito, la procuraduría dejó abierta una puerta trasera procedimental, lo que permitió al exsacerdote salir de prisión y exigir audazmente que Roma le restituyera sus derechos como presbítero. Corresponde a cada quien deducir si esto fue “un error honesto” o si se trata de un ejemplo más de cómo la justicia mexicana (y latinoamericana) falla por diseño para ofrecer este tipo de salidas fáciles a los criminales.
Incluso si se dejan de lado esos asuntos, la caja negra de la curia diocesana de Juárez y la calculada inercia del sistema de justicia de Chihuahua encuentra un límite. Como un desafío al desgaste institucional interno que suele engullir estos casos, el padre de una de las víctimas de Istíbal Valenzuela ha venido sorteando las barreras locales para escalar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Él no sigue la ruta por la que han transitado los sobrevivientes argentinos. De una forma u otra, en Argentina, las víctimas del exsacerdote Justo José Ilarraz saben a qué atenerse con el poder judicial de ese país respecto a su caso y otros, como relató el texto enlazado después de este párrafo hace un par de semanas.
Las víctimas en Argentina son conscientes que la Corte Suprema otorgó una impunidad informal a Justo José Ilarraz al seguir el criterio formalista de la prescripción del delito. En México, el problema es que, sea que uno se adentre en el pantano del caso de Aristeo Baca o en el lodazal de Istíbal Valenzuela, nada pasa; es un enorme banco de niebla similar a los que llegan a cubrir las cumbres de la Sierra Madre en Chihuahua.
La escalada internacional en Ciudad Juárez es una maniobra de un padre que busca despojar al poder judicial mexicano de su capacidad para esconderse detrás de rezagos administrativos, obligando a las autoridades federales y estatales mexicanas a responder por la impunidad estructural que garantizan a los depredadores religiosos al dilatar lo más posible cualquier resolución significativa en este tipo de casos.
El principal problema allí, por supuesto, es la animadversión que la Iglesia Católica engendra en Ciudad Juárez y en cualquier lugar donde un padre de familia se ve en una situación similar, plenamente consciente de que tanto la Iglesia como las autoridades estatales y federales no ofrecerán justicia en estos casos por razones que nada tienen que ver con el diseño institucional mexicano, mientras los políticos se jactan cada 21 de marzo, tanto como pueden, de un supuesto “Estado laico”.
Votar por depredadores
Pero estos temas no se limitan a la Iglesia Católica. Durante los últimos cuatro años, los mexicanos a ambos lados de la frontera han sido testigos de cómo primero el estado de California y, posteriormente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desmantelaron el brazo estadounidense de una red binacional de abuso sexual eclesiástico en la Iglesia La Luz del Mundo.
La Iglesia La Luz del Mundo es una denominación pentecostal nacida en Guadalajara, Jalisco, que se expandió en México hacia Baja California, Chihuahua, el Estado de México y otros estados fronterizos, y en Estados Unidos hacia California, Texas, Illinois y otras entidades con alta población mexicana.
Aunque Naasón Joaquín García fue primero procesado y declarado culpable en un juicio en California, y ahora enfrenta un proceso federal en Estados Unidos, en México las autoridades se mostraron renuentes a actuar contra él y sus cómplices en Jalisco, Baja California y otros estados mexicanos. Fue sólo cuando hubo un escándalo en México por la contradicción evidente que el gobierno se decidió a actuar y no es claro qué tanto hará.
Incluso si se deja de lado la débil aplicación de la ley en México en este o cualquier otro caso o asunto, en México parte de la capacidad de la Iglesia La Luz del Mundo para eximirse de cualquier rendición de cuentas proviene de su destreza como aliado electoral, un hecho que quedó de manifiesto a finales de la semana pasada cuando los actuales líderes de esa organización religiosa pusieron una vez más a prueba la supuesta existencia del llamado “Estado laico” en México al dar a conocer su intención de convertirse en partido político.
Investigaciones
Sodalicio, una suerte de supresión
Inmersos en su nueva realidad, donde se espera que Naasón Joaquín García, su profeta y líder indiscutible, pase varias décadas en prisiones desde California hasta Nueva York, donde enfrenta cargos federales por tráfico sexual en Estados Unidos, la Iglesia La Luz del Mundo hizo lo que otras organizaciones religiosas en América Latina hacen con frecuencia: transformarse.
Por lo general, mutan en empresas o en organizaciones sin fines de lucro como una forma de camuflar sus actividades, tal como lo han demostrado los textos dedicados al Sodalicio peruano en esta serie (véanse los textos enlazados antes y después de este párrafo).
Investigaciones
Sodalicio: ¿Es realmente el final del abuso?
En este caso bastante extremo, la apuesta consiste en transformarse en un partido político, probablemente como una vía para retener la mayor parte de la influencia que aún pueden ejercer sobre sus fieles ahora, antes de que se hagan públicos más detalles sobre la naturaleza de la trama criminal en el juicio federal que está por celebrarse en Nueva York. Tal vez esta sea la última vez que puedan ofrecerse como un bloque de votantes cautivos y leales a partidos más grandes dispuestos a pagar el costo de una coalición con ellos.
Registrada bajo el nombre de Partido Humanista de Jalisco, la nueva entidad ya obtuvo su primer triunfo luego de que la autoridad electoral de ese estado aprobara su solicitud y ahora espera el visto bueno definitivo del Instituto Nacional Electoral.
Desde luego, si el INE no objeta el fallo de la autoridad estatal, no podrán integrarse a una coalición, pero sí podrán registrar candidatos por su cuenta para las elecciones intermedias estatales de Jalisco en 2027. Si el juicio federal en Nueva York se retrasa hasta el otoño de 2027, cabe la posibilidad de que obtengan los votos suficientes para asegurar uno o dos diputados locales, lo que les permitiría entrar en la negociación política en la legislatura estatal y, acaso, en las elecciones generales de 2030.
Postdata
Casi al mismo tiempo que se conocía el veredicto en Waco, al otro lado del mundo, en La Paz, el poder judicial de Bolivia ratificó una sentencia que involucra a tres antiguos superiores de la Compañía de Jesús, los jesuitas, en ese país de América del Sur.
Su caso ha sido examinado con mayor detalle en las entregas enlazadas antes y después de este párrafo. De manera muy breve, es acerca de la manera en que la Compañía de Jesús envió a Bolivia a sacerdotes con un registro establecido de abuso sexual sin que hicieran lo necesario para evitar esos abusos. El que los depredadores fueran europeos, españoles para ser más precisos, y las víctimas fueran menores de los pueblos originarios de Bolivia, agrega un profundo y sombrío aspecto racial al abuso que ocurrió ahí durante varias décadas.
Lo que importa en todo caso es que, aun cuando se mantenga su culpabilidad, queda en el aire la cuestión de qué tanto se relaciona este fallo con la crisis política en curso en ese país, dadas las acusaciones vigentes contra Evo Morales, el expresidente de la nación, a quien se acusa de abusar de al menos una menor de edad.
¿Es el fallo que ratifica la sentencia contra los jesuitas una vía para apuntalar el caso contra Morales? Incluso si no existe una razón racional para tal escenario, resulta difícil descartar la posibilidad de que forme parte de una maniobra política de mayor envergadura para hallar el modo de encarcelar a Morales.
Asimismo, es necesario mantener la mirada puesta en el juicio que se celebra en Málaga, España, contra Francisco Javier Cuenca Villalba, un sacerdote de la diócesis local quien, además de sostener una “relación” relativamente estable con una de sus víctimas, abusó de al menos otras tres mujeres que buscaban su consejo espiritual.
Tal como hacía con su “novia”, Cuenca Villalba drogaba a sus otras tres víctimas, las violaba, grababa la agresión sexual y posteriormente procedía a editar y organizar los videos de sus agresiones.
Su modus operandi evoca al del exesposo de Giselle Pelicot, la sobreviviente francesa cuyo marido la drogaba y la “ofrecía” a otros varones para que la agredieran, con una parte de la evidencia registrada digitalmente. También recuerda a un caso brasileño relatado detalladamente en el texto que se enlaza abajo.
Investigaciones
Brasil: El crimen del padre Araújo
Aún se desconoce el desenlace en el caso de Cuenca Villalba, aunque se sabe que la fiscalía solicita una pena de hasta 72 años de prisión y reparaciones para las víctimas.
Su superior, el obispo de Málaga, José Antonio Satué Huerto, ofreció que, aun si el juez no contemplaba la exigencia de reparaciones, su diócesis las pagaría.
Finalmente, en Francia, emerge un nuevo debate en torno a fijar límites al secreto de confesión. Está previsto que el papa León XIV viaje a la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, cerca de la frontera con España.
Sobrevivientes del abuso sexual a gran escala en lo que fue el colegio católico de Nuestra Señora de Bétharram piden al pontífice que se reúna con ellos, además de que existen víctimas de casos similares en Francia que también lo piden.
Es difícil saber qué tan lejos estarán dispuestos a llegar los legisladores franceses en este tema. Intentos similares en Estados Unidos han fracasado, el más reciente en Oregon, aunque solo debido a la intervención del actual gobierno federal.
Una muestra de lo delicado que es el asunto es que, a última hora del viernes, cuando habitualmente las cuentas de redes sociales de la Conferencia de Obispos de Francia suelen estar en calma, la CEF (por sus siglas en francés) publicó la declaración disponible únicamente en francés tras este párrafo.
Qué tan dispuesto esté el público francés a aceptar el argumento de los obispos en contra de una ley que los obligue a ellos y a sus sacerdotes a denunciar de inmediato los abusos, incluso si se conocen dentro del contexto de la confesión, es una incógnita.
Está claro que la CEF aventaja por años luz a cualquiera de sus homólogas latinoamericanas, pero también es evidente que existe cierto hartazgo ante la incapacidad de los obispos franceses para comprender el sentir general al lidiar con los efectos generalizados del abuso sexual.
Más aún cuando impera una evidente incertidumbre respecto al futuro del actual gobierno francés. Los días en que el carisma de Emmanuel Macron era capaz de seducir al menos a una mayoría del electorado francés parecen ser cosa del pasado.
Encuestas recientes en ese país otorgan a Jordan Bardella, sucesor de Marine Le Pen al frente del ultraderechista Agrupación Nacional, una ventaja abrumadora tanto en unas hipotéticas elecciones parlamentarias anticipadas como en las elecciones presidenciales programadas para abril de 2027.
Y por más afectuoso que se haya mostrado León XIV recientemente al reunirse con sobrevivientes de abusos sexuales, en Francia su decisión de designar como miembro de Tutela Minorum a un (¿ex?) abogado de algunos de los movimientos religiosos católicos más depredadores de ese país sigue siendo motivo de agrios comentarios en las redes sociales francesas.
En abril pasado, Robert Prevost nombró al abogado francés Laurent Delvolvé como miembro de Tutela Minorum. Su nombramiento tuvo un impacto devastador en el mundo de habla francesa, e incluso en los ámbitos anglófono e hispanohablante resultó casi imposible encontrar una sola palabra de elogio a esa designación.
Por añadidura, el hecho eclipsó el nombramiento de Susan Lynn Bissell, una verdadera experta en la protección de menores y poblaciones en riesgo, con más de 30 años de experiencia en cargos directivos dentro de UNICEF.
La designación de Delvolvé resulta más preocupante pues el comunicado oficial de Tutela Minorum (disponible aquí sólo en inglés) omitió su trayectoria como abogado de esos movimientos católicos depredadores en Francia.
Actualización: El martes 2 de junio se supo que Anthony Odiong fue sentenciado a cadena perpetua en Texas.
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Un resumen de este texto está disponible en audio después de este párrafo.
Nota de producción: El texto del resumen, como el principal, fueron escritos y editados sólo por el autor. La grabación de la lectura del audio se hizo con una herramienta de texto-a-habla (Microsoft Word vía Web). La IA se usó sólo para generar la voz y no para la creación del contenido.
