Rodolfo Soriano-Núñez Viernes, 18 de Julio del 2025, 00:00
Cristosal lamenta que en el Salvador “la libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana se han convertido en conductas punibles”.
Citando al cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, Cristosal afirma que “el miedo está instalado en todo El Salvador”.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
La mañana de este jueves 17 de julio, desde su sede en Guatemala, Cristosal, una organización defensora de derechos humanos y promotora de políticas públicas en materia de justicia y seguridad pública anunció la suspensión de sus operaciones en El Salvador.
La medida es una respuesta inevitable pero no deseada a la escalada de criminalización de las personas que defienden los derechos de otros, la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) y la débil, casi inexistente, independencia de instituciones capaces de ofrecer un contrapeso, un balance, a los excesos del gobierno de Nayib Bukele.
Cristosal continúa sus operaciones desde sus sedes en Guatemala y Honduras, a la búsqueda de mecanismos que le permitan mantener algún grado de actividad, así sea remota en El Salvador.
El «régimen de los hermanos Bukele», como lo describe el texto de Cristosal, ha desmantelado los principios básicos de la democracia. Bajo un estado de excepción permanente y con control casi absoluto de todas las instituciones, El Salvador ha dejado de ser un Estado de derecho.
En opinión de Cristosal, «expresar una opinión o exigir derechos básicos hoy puede costar la cárcel», dinámica que se ve favorecida por la manera en que Donald Trump en Estados Unidos se vale de las cárceles de El Salvador para encarcelar a migrantes, e incluso las usa como modelos para el así llamado Alcatraz de Florida, la cárcel inspirada en el CECOT (Centro para el Confinamiento del Terrorismo) de los Bukele.
Cristosal hace ver que «la libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana se han convertido en conductas castigadas y limitadas por el poder».
Recuerdan que, según la más reciente encuesta del Instituto Universitario de opinión Publica de la Universidad Católica de Centroamérica, UCA, cerca del 60 por ciento de la población teme opinar o protestar por miedo a represalias.
La conferencia de prensa en que anunciaron, desde Guatemala, su salida de El Salvador, está disponible en vídeo en Facebook aquí y después de este párrafo, aunque algunos navegadores pueden tener problemas para desplegar el contenido de vídeos de Facebook.
Esta cultura de miedo, alimentada por rumores de listas negras, vigilancia, visitas policiales intimidantes y detenciones arbitrarias, funciona como un mecanismo de control social. Como advirtió el cardenal Gregorio Rosa Chávez, arzobispo emérito de San Salvador: «el miedo está instalado en el país».
Cristosal hace ver que el arresto arbitrario de «Ruth López, abogada y defensora, no es un caso aislado, sino parte de una estrategia de castigo ejemplar para intimidar. Ruth esta presa por exigir transparencia y denunciar la corrupción. Como ella, muchas otras personas han sido criminalizadas por su labor o forzadas al exilio».
Recuerdan que han «enfrentado acoso legal y administrativo, espionaje, vigilancia de sus actividades y hogares, así como campañas de difamación. Aunque este contexto adverso no es nuevo, es la primera vez que en El Salvador no existen garantías de defensa».
Más recientemente se ha sumado la llamada Ley de Agentes Extranjeros, LAEX, que describen como «un instrumento de control autoritario que impone sanciones discrecionales, impuestos punitivos y vigilancia estatal para censurar y castigar a las organizaciones independientes».
Cristosal denuncia el que «ante este escenario de consolidación autoritaria” se hayan visto forzados a “tomar la dolorosa decisión de suspender nuestras operaciones en El Salvador».
Insisten en que «Cristosal no renuncia a su personería jurídica ni a su compromiso con El Salvador. Hemos presentado nuestra inscripción en el Registro de Agentes Extranjeros porque la defensa de derechos humanos es irrenunciable».
Su comunicado, disponible en PDF al final de esta página, hace ver que: «nos estamos reorganizando para cuidar nuestras voces y aportar para que la defensa de los derechos humanos se mantenga viva, libre y al servicio de las víctimas».
Esta reorganización implica la reubicación física de su personal desde El Salvador por motivos de seguridad, pero su labor intelectual y analítica, que incluye investigación, documentación e incidencia política, continuará abordando la situación de los derechos humanos en el país desde sus otras bases regionales.