Guadalupe Lizárraga Viernes, 30 de Enero del 2026, 09:00
Un año después del intento de homicidio documentado, el caso de Diallo Ablaye sigue sin investigación independiente.
Por Guadalupe Lizárraga
Ha transcurrido un año desde el intento de homicidio sufrido por el defensor de derechos humanos Diallo Ablaye en Bilbao por motivos racistas. El Estado español hasta ahora no ha activado una investigación independiente ni adoptado medidas efectivas de rendición de cuentas a los servidores públicos agresores.
El 30 de enero de 2025, el defensor de derechos humanos fue atacado por agentes de la policía autonómica vasca dentro de las instalaciones de la mutua FREMAP, a donde había acudido para hacer una denuncia laboral. La agresión quedó registrada en video y forma parte del expediente que hoy se encuentra en instancias internacionales de derechos humanos.
En su denuncia adjunta un video donde él mismo está grabando la agresión de los policías, y expone que esta intervención violenta terminó con un estrangulamiento hasta perder el conocimiento, golpeado y posteriormente detenido en estado crítico. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Basurto. El material audiovisual, junto con informes médicos y testimonios, fue incorporado a denuncias formales presentadas ante organismos europeos y de Naciones Unidas como evidencia directa de un intento de homicidio.
Sin embargo, pese a las de manera constante ante autoridades españolas y europeas no se ha abierto una investigación independiente ni se ha establecido responsabilidad alguna por los hechos de las autoridades agresoras. En sus escritos, Diallo Ablaye sostiene que el Estado español, el Gobierno Vasco y la organización policial Ertzaintza han optado por una estrategia sistemática de impunidad.
Los expedientes documentan la manipulación de informes, el bloqueo u ocultamiento de denuncias, versiones policiales contradictorias y la protección institucional de los agentes implicados. Estas prácticas, según las denuncias, han impedido que el caso avance por la vía judicial y han dejado a la víctima sin un recurso efectivo.
Tras la agresión, Ablaye también denunció la negación de derechos básicos: no pudo comunicarse de inmediato con un abogado ni con el consulado de Senegal, no fue presentado sin demora ante una autoridad judicial y recibió atención médica que considera insuficiente frente a la gravedad de las lesiones. Estos hechos forman parte del núcleo de las denuncias presentadas ante instancias internacionales de derechos humanos.
El caso no se limita al ataque de enero de 2025. Los documentos incorporan antecedentes laborales y administrativos que muestran un deterioro progresivo de su situación antes de la agresión. Entre ellos figuran la retención prolongada de salarios, la negativa de prestaciones durante una baja médica y un despido ejecutado mientras se encontraba incapacitado, hechos que constan en registros oficiales de la Seguridad Social.
En octubre de 2025, Ablaye dirigió una carta formal al Defensor del Pueblo de España, registrada oficialmente, en la que solicitó una intervención urgente. En ese escrito advirtió que el silencio institucional y la falta de actuación estaban poniendo en riesgo su vida y erosionando las garantías básicas del Estado de derecho.
La denuncia internacional sostiene que los hechos podrían constituir violaciones graves y continuadas a la Convención Europea de Derechos Humanos y a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en lo relativo al derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la igualdad ante la ley y el derecho a un recurso efectivo. Entre las solicitudes planteadas se incluye la apertura de una investigación internacional independiente y la adopción de garantías de no repetición.
Un año después del intento de homicidio documentado, el caso sigue abierto fuera de España y estancado dentro del país. Las denuncias continúan su curso en instancias europeas e internacionales, mientras en el ámbito interno no hay constancia pública de una investigación independiente ni de sanciones contra los responsables.
Llamado a la justicia internacional
- Diallo Ablaye y sus abogados exigen:
- Apertura inmediata de una investigación internacional independiente.
- Reconocimiento oficial de las violaciones sufridas.
- Protección efectiva para defensores de derechos humanos.
- Fin de la impunidad policial e institucional en España.
- Sanciones contra los responsables.
- Garantías de no repetición y reparación integral de los daños
