Honduras depende de remesas y migrantes mientras aumentan el desempleo, las deportaciones y la presión social sobre el gobierno.
Por Itsmania Platero
A pesar del acercamiento y la popularidad mediática del presidente Nasry Asfura, Honduras se encuentra con una economía fracturada y una inseguridad crónica que crece a pasos agigantados, además de más de 937,000 jóvenes con dificultades de inserción laboral.
Sus pilares fundamentales han sido las remesas de la población migrante y de quienes estaban acogidos al TPS, pero ahora muchos de ellos se encuentran en condición irregular.
El futuro de unos 55,000 hondureños amparados por el TPS se encuentra en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos. La disputa legal gira en torno a si el Poder Ejecutivo tiene la autoridad unilateral para cancelar este beneficio migratorio y si los tribunales federales tienen el poder de frenar o revisar dicha decisión.
El líder promigrante Mariano Guzmán manifestó que es complicado el tema del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). “Nosotros teníamos la esperanza en las Cortes y todavía nos mantienen con ansiedad de que el 12 de junio la Corte Suprema pueda dar un resultado que beneficie a nosotros los ‘tepesianos’, en especial a los hondureños”, dijo.
El entrevistado comentó que “han escuchado que el presidente Nasry Asfura ya está tocando el tema del TPS que tanto prometió en su campaña, pero uno quisiera ver las cosas rápidas o que actúen con mayor agilidad; sin embargo, han sido muy limitadas las ayudas o las acciones para los tepesianos”.
En tal sentido, Guzmán pidió al gobierno hondureño ser más ágil y aprovechar las coyunturas con el presidente Donald Trump para encontrar vías legales que permitan una solución al tema del TPS.
El líder promigrante abogó porque exista una ley que favorezca a los tepesianos hondureños para arreglar su situación. “Nosotros necesitamos la legalización, pero para ello es importante la ayuda del gobierno”, concluyó.
Las fianza, una opción
En estados bajo el Quinto Circuito —como Texas, Luisiana y Misisipi— los jueces tienen restricciones estrictas que niegan la fianza a quienes ingresaron sin permiso. Sin embargo, no todas las personas detenidas califican para una fianza. Aquellos que tienen órdenes previas de deportación, antecedentes penales graves o han ingresado recientemente sin inspección, a menudo enfrentan restricciones para obtenerla.
No obstante, si la persona liberada cumple con presentarse a todas las audiencias programadas y asiste a sus citas, el dinero de la fianza puede ser reembolsado a quien realizó el pago al finalizar el proceso.
El abogado Roberto Velásquez confirmó “que hay personas que han salido bajo fianza y otras que la están solicitando con todo el derecho y autoridad, como ocurría antes de la administración del presidente Donald Trump”.
“Esas son buenas noticias para los migrantes, sobre todo para los que están localizados en Georgia, Florida y también en una Corte que controla Chicago, que dio una posición positiva para nuestros compatriotas. Eso va a facilitar que las personas sigan su proceso ante las Cortes de Migración, pero podrán hacerlo en libertad, tomándose el tiempo para tener representación legal, presentar su caso y recolectar evidencias”, indicó el profesional del derecho radicado en Estados Unidos.
El entrevistado indicó que los estados donde más se están otorgando fianzas son Florida, Georgia, Illinois y Nueva York. También existen otros con pequeños flujos migratorios relevantes, a diferencia de California, donde todavía no hay una decisión que controle ese tema, y Texas, donde la posición continúa siendo negativa.
Añadió que, en caso de que el juez deniegue la solicitud, la persona puede tomar acciones para salir de manera controlada y saludable para la unión familiar dentro del país.
Ante esta situación, la Cámara Legislativa de Honduras emitió una Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias. Esta normativa exonera del pago de impuestos de importación, aranceles y tasas sobre los patrimonios de los hondureños que regresan al país, ya sea deportados o por retorno voluntario.
“Esta ley es cuestionable”, expresan algunos afectados con su retorno a Honduras, “porque el migrante retornado no logra sacar nada de sus bienes, ni mucho menos menaje. Se regresa con las manos vacías. Beneficiaría solamente a unos pocos que deseen salir de Estados Unidos para no regresar y traerlo todo, incluso a su familia”.
