Ignacio García Lunes, 30 de Junio del 2025, 11:37
Además de los partidos de oposición, organizaciones de defensa de los derechos humanos ponen en duda la pertinencia de la reforma a la CURP.
Por Ignacio García
Con 68 votos a favor y 27 en contra, los senadores de la República aprobaron las reformas a las leyes en materia de desaparición forzada y población, con las cuales se crea la Plataforma Única de Identidad conectada a las bases de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos.
Con estas modificaciones, se establece que la Clave Única de Registro de la Población (CURP) será el elemento de identificación y ahora integra de forma obligatoria datos biométricos, huellas dactilares y fotografía en formato físico y digital, lo que ha generado críticas por parte de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos.
Entre los cambios significativos está la obligación de todas las autoridades y particulares que posean datos biométricos o de otro tipo que permitan identificar a sus usuarios el autorizar su consulta a las fiscalías, cuerpos de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia para fines de búsqueda.
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De la misma manera, se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas, se fortalece la ficha de búsqueda con emisión física y digital, y se obliga la realización de pruebas genéticas para enviar restos humanos a fosas comunes.
Todas las pruebas deberán registrarse en el Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo máximo de tres días, por lo cual esta medida fue defendida por la senadora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Olga Sánchez Cordero, quien rechazó que la reforma convierta al Estado en un ente de vigilancia y los datos sólo se aplicarán para cuestiones de seguridad.
Por su parte, las senadoras de oposición, Imelda Sanmiguel, del Partido Acción Nacional (PAN); Karla Toledo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano (MC), acusaron que se trata de un acto de vigilancia biométrica y que vulnera de derechos humanos fundamentales como el derecho a la privacidad.
En marzo pasado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una iniciativa de la Compañía de Jesús en México, criticó la propuesta adelantada por Morena como insuficiente para resolver la crisis de desaparecidos, como se puede leer en este texto publicado entonces.
Ahí, el así llamado Centro Prodh hacía ver que:
- ...el escepticismo de las familias ante lo anunciado tiene justificación. Máxime dado que estas medidas serán implementadas por un funcionariado que proviene del tramo final de la anterior administración, a quienes se premió con continuidad este sexenio pese a su lamentable desempeño. Es difícil hablar de medidas novedosas cuando las personas encargadas de implementarlas son las mismas que las obstaculizaron en el pasado. Además, nada se ha anunciado para prevenir el reclutamiento forzado. En ese sentido, es positivo relanzar la CURP, pero la crisis de desapariciones tiene más que ver con impunidad, rezago forense, reclutamiento forzado y gobernanza criminal que con un registro poblacional.