Guadalupe Lizárraga Jueves, 26 de Marzo del 2026, 01:02
La LIMEDDH sostiene la defensa de víctimas frente a tortura, fabricación de culpables y abusos del Estado.
Por Guadalupe Lizárraga
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), bajo la coordinación de Adrián Ramírez López, cumple 41 años con una presencia constante en la defensa de los derechos humanos. A lo largo de esta trayectoria, ha dado transparencia a algunos de los casos más controvertidos del aparato judicial mexicano, particularmente aquellos marcados por denuncias de fabricación de culpables, tortura y violaciones al debido proceso.
En el marco de este aniversario, la organización convocó a víctimas, activistas y personas que han acompañado su trabajo a participar en la conmemoración mediante el envío de materiales como videos, mensajes, imágenes, fotografías y documentos. El objetivo es integrar una memoria colectiva que dé cuenta del trabajo sostenido en la defensa de los derechos humanos y reconocer a quienes han formado parte de estos procesos.
Entre los casos que ha documentado está el de Antonio Barragán Carrasco, preso desde 2001 en el penal de Atlacholoaya, Morelos. Su expediente expone una estructura de poder en la que el empresario Eduardo Gallo y Tello, operó con respaldo institucional, en un contexto en el que Genaro García Luna encabezaba la AFI. La LIMEDDH ha acompañado durante más de dos décadas la denuncia por tortura y las irregularidades que marcaron todo el proceso.
También está el caso de Israel Vallarta Cisneros, detenido en 2005, cuya detención y procesamiento quedaron atravesados por un montaje mediático y prácticas de tortura. La organización impulsó la aplicación del Protocolo de Estambul, documentando lesiones y secuelas que contradicen la narrativa oficial, y dio seguimiento a su situación jurídica durante años.
En esa misma línea, la LIMEDDH ha acompañado en ciertas etapas a algunas de las víctimas del falso caso Wallace, uno de los expedientes más representativos de la degradación del sistema de justicia, con detenciones arbitrarias, confesiones obtenidas bajo tortura, fabricación de pruebas y abuso sexual como mecanismo de coerción desde el propio Ministerio Público.
Desde su fundación, la LIMEDDH ha sostenido una línea de trabajo enfocada en la denuncia de abusos de autoridad, especialmente en casos donde se obtienen confesiones bajo tortura. Cuatro décadas después, su intervención sigue marcando una línea de contraste frente a un sistema que, de manera reiterada, ha operado en contra de las propias víctimas.