El exalcalde José Luis Abarca deberá reparar daño a víctimas indirectas y pagar multa judicial.
José Luis Abarca también fue denunciado ante la CIDH por la ONG Red Solidaria Década contra la Impunidad.
Los Ángeles Press
A unos días de que se cumplan diez años del secuestro y ejecución del activista Arturo Hernández Cardona, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Tamaulipas, sentenció culpable a José Luis Abarca Velázquez como responsable de esos crímenes, además del delito de secuestro de otras seis personas.
La sentencia condenatoria fue de 92 años y seis meses de prisión. También deberá reparar daños a las víctimas indirectas, y pagar una multa judicial de 920,700 pesos (57,543 dólares), o 15 mil días de trabajo comunitario.
José Luis Abarca y Sidronio Casarrubias Salgado fueron exonerados del delito de delincuencia organizada. Sin embargo, también fueron condenados por el secuestro agravado de Ángel Román Ramírez, Félix Rafael Balderas, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza Villa y Dante Cervantes Delgado.
El activista Arturo Hernández Cardona era dirigente de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata, de Iguala, Guerrero, y encabezaba las denuncias por corrupción contra el alcalde Abarca, cuando fue desaparecido junto con las otras seis personas mencionadas.
El cuerpo de Hernández fue encontrado el 3 de junio de 2013, con traumatismos craneoencefálcios y huellas de haber sido torturado. El ahora sentenciado Abarca Velázquez lo había amenazado públicamente dos días antes de su ejecución, y hubo un testigo que presenció el asesinato a manos de Abarca.
La organización Red Solidaria Década contra la Impunidad ha litigado el caso en los ámbitos nacional e internacional y obtuvo su admisión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en febrero de 2022.
Un año antes, en junio de 2021, la Red Solidaria había denunciado en conferencia de prensa la negativa del gobierno a dar protección a la familia de Hernández Cardona, quienes eran hostigados constantemente para que se desistieran de sus denuncias.
José luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron detenidos en 2014 por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, y fueron señalados de tener vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
