La tortura en los Ceferesos se normalizaba como medida disciplinaria.
Por Alejandro López Ponce de Léon
Edición: Guadalupe Lizárraga
Comenzaron los problemas de salud a raíz de los traslados entre los centros de reclusión. Posteriormente, ante la omisión de acatar el mandamiento judicial de la suspensión que se me otorgó en dicho amparo, promoví un incidente no especificado de violación a la suspensión de plano otorgada en el juicio de amparo mencionado.
Por ello, el veintisiete de enero de 2015, fui visitado por el doctor Misael Romero Lara y una enfermera que lo acompañaba. Después de una hora y media de intentar convencerme de firmar una nota médica, recibió una llamada de su superior jerárquico, la doctora Kisanyi, donde le mencionaron que solo quedaban dos horas para que el Departamento Jurídico del centro entregara el informe justificado debido al incidente de violación a la suspensión, es decir, solo quedaban dos horas para que el director cayera en desacato. Por tal motivo y ante la promesa de llevarme a un hospital privado de alta especialidad en León, Guanajuato, la cual cumplieron posteriormente llevándome al hospital Aranda de la Parra, considerado el mejor hospital privado de León, Guanajuato.
Hasta donde llega mi conocimiento, falsificaron tres notas médicas más bajo presión, tal como determinó el perito de la PGR en la evaluación. Él afirmó técnica y científicamente que las tres notas médicas habían sido alteradas por presión y adición. Esto consta en la averiguación previa AP/PGR/GTO/Leon-IV-2625/2014, la cual se encuentra en las instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República con sede en León, Guanajuato.
Dentro de dicha averiguación, el ministerio público y el Juez Séptimo de León, Guanajuato, emitieron una restricción para que el director de seguridad, Almar Mecer Rodríguez, no se acercara a mí a menos de 300 metros. En este centro penitenciario, se encontraba el gobernador actual del estado de San Luis Potosí, quien estuvo privado de su libertad en esas fechas. Sin lugar a duda, era atendido de forma muy distinta a la población penitenciaria en general.
Prueba de ello es que cuando salió a la luz la falsificación de los documentos en mi amparo y se ordenó trasladarme por tratarse de una violación a mis derechos humanos, el entonces director jurídico, Julio César Pérez Ramírez, fue asignado a un puesto diverso como director de la policía de la ciudad de San Luis Potosí, donde ya ejercía influencia el nombre de la familia del funcionario de alto rango ya mencionado.
Todo esto obra en documentos oficiales, como los mencionados en los renglones que anteceden. Por esta razón, desde el inicio denunciamos una gran coalición de servidores públicos. Esto se debe a que el juez séptimo de distrito en León, Guanajuato, Mario Alberto Flores Muñoz, siempre fue omiso ante todas las pruebas que en su momento tuvo. De hecho, él jamás autorizó que se me entregaran pruebas y la carpeta de investigación.
Me entregaron la carpeta de investigación varios meses después de que hubiera ganado el amparo 1277/2014, por medio del cual se les ordenó entregar todo lo actuado en esa investigación.
El día veinticinco de febrero del año 2015, ingresó a las instalaciones del Cefereso la agente del ministerio público María Del Carmen Maya Barradas. Ella me comentó que el director general acababa de hablar con ella y le había propuesto una reparación del daño integral hacia mi persona: de uno a cuatro millones de pesos, lo cual, según ella, me podría ayudar a recuperar mi libertad.
Esta situación no la acepté, ya que la consideré una trampa del ministerio público hacia mi persona y una gran traición a mis compañeros privados de la libertad. María Del Carmen Maya Barradas afirmaba que la reparación del daño sería cumplida bajo su responsabilidad, dado que yo tenía el carácter de víctima y ella era mi representante social.
El director general, Saúl Francisco García Rodríguez, tenía el carácter de imputado en dicha averiguación. Debido a mi negativa a desistirme y a no aceptar la supuesta reparación del daño con la que me querían compensar, el ministerio público y el juez séptimo de distrito, con conocimiento y prohibición omitida por ellos mismos, autorizaron un traslado ilegal, violando mis derechos humanos de nuevo, lo que me llevó a parar el día tres de marzo del año 2015 al Cefereso número trece, el CPS de Oaxaca.
Allí fui testigo y víctima de otra brutalidad como las que caracteriza al sistema penitenciario.
***
El sistema penitenciario mexicano: mi tortura en Guanajuato