El Cefereso 16 ha sido reportado reiteradamente a la CDNH por las condiciones críticas para las mujeres presas.
Los Ángeles Press
El Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 16, una prisión de alta seguridad en el estado de Morelos, se encuentra bajo escrutinio nuevamente tras los recientes suicidios de dos internas, Erika y Cornelia, que ocurrieron con un día de diferencia. Estos fallecimientos han puesto de relieve las severas condiciones que enfrentan las reclusas, y la necesidad urgente de un cambio estructural en la política penitenciaria.
Las autoridades penitenciarias reportaron 19 muertes en este centro desde 2022, seis de ellas en lo que va de 2023, lo que ha provocado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).
Erika, de 23 años, quien había sido sentenciada a cinco años de prisión en 2021 por portación de armas de fuego, fue hallada sin vida el 3 de noviembre en su celda, y, a pesar de las maniobras de reanimación, fue declarada fallecida por paro cardiorrespiratorio derivado de asfixia. Erika había manifestado con anterioridad problemas de salud mental y solicitado atención psicológica, sin recibir respuesta adecuada de las autoridades penitenciarias. Apenas dos días después, Cornelia, de 27 años y condenada a 80 años por secuestro, fue encontrada sin vida en las duchas. Ambas habían sido transferidas desde otras prisiones, en un marco de traslados masivos implementados en 2022.
Las condiciones en el Cefereso 16 han sido denunciadas repetidamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otras instituciones. Las internas pasan hasta 23 horas al día en sus celdas, sin acceso a actividades recreativas y con apenas una llamada telefónica semanal de diez minutos, en la que deben elegir entre contactar a un familiar o a su abogado. Las denuncias incluyen la falta de atención médica, carencia de medicamentos básicos, y un ambiente que favorece el aislamiento prolongado y condiciones de encierro extremas.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ha emitido 273 peticiones para mejorar la atención médica de las internas y ha presentado 29 controversias judiciales por violaciones de derechos humanos, incluidas denuncias de tortura y malos tratos. Ante esta situación, Sofía de Robina, secretaria Técnica de Combate a la Tortura del IFDP, exigió un cambio de modelo en la política penitenciaria, con el objetivo de proteger la vida e integridad de las mujeres privadas de su libertad. “Es urgente una mesa de trabajo entre las secretarías de Estado, entidades y organizaciones para abordar la situación de manera integral”, expresó de Robina en un comunicado.
En respuesta, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha implementado medidas que incluyen el traslado de algunas reclusas de vuelta a prisiones estatales. Además, en octubre se inició un programa con enfoque de género para la prevención de conductas autolesivas y el fortalecimiento de la comunicación de las internas con el exterior. Sin embargo, los recientes decesos han suscitado críticas sobre la efectividad de estas acciones.
Organismos de derechos humanos y familiares de las internas han expresado su preocupación por la persistente falta de transparencia y las condiciones de extrema vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres recluidas en el Cefereso 16, especialmente aquellas en prisión preventiva, quienes constituyen el 40% de la población del centro.
