Regidora de San Juan Cacahuatepec asesinada en Oaxaca
Regidora Guadalupe Urban, asesinada en Oaxaca.

Los Ángeles Press

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El crimen ocurrió en San Antonio Ocotlán y ha conmocionado a la comunidad de San Juan Cacahuatepec.

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Oaxaca, Oax. — La violencia volvió a sacudir la región de la Costa oaxaqueña con el asesinato de Guadalupe Urban, regidora de Parques y Jardines del municipio de San Juan Cacahuatepec, ocurrido este jueves en la comunidad de San Antonio Ocotlán, su lugar de origen.

De acuerdo con reportes locales, la funcionaria fue atacada a balazos por hombres armados cuando salía de su domicilio. El ataque, perpetrado a plena luz del día, refleja el deterioro de la seguridad en la zona, donde los crímenes contra autoridades municipales y líderes comunitarios se han vuelto cada vez más frecuentes.

Urban había tomado protesta para el periodo 2025–2027 como concejal por representación proporcional. Su trabajo estaba enfocado en la rehabilitación de espacios públicos, la reforestación y la gestión comunitaria, tareas que realizaba con apoyo de vecinos de distintas colonias. En meses recientes, había encabezado actividades vecinales para rescatar áreas verdes y organizar faenas de limpieza, iniciativas que la habían hecho una figura cercana a la comunidad.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen, aunque hasta el momento no se ha revelado ningún avance ni posibles líneas de investigación. Habitantes de San Antonio Ocotlán señalaron que en los últimos meses se habían registrado amenazas y extorsiones contra funcionarios locales, atribuidas a grupos delictivos que operan en la región.

El asesinato de Guadalupe Urban se suma a una serie de ataques contra autoridades municipales en la Costa y la Mixteca, donde el control territorial, las disputas políticas y la presencia de bandas armadas han incrementado la violencia. En lo que va del año, al menos siete servidores públicos municipales han sido asesinados en distintas regiones de Oaxaca.

Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos exigieron al gobierno estatal reforzar las medidas de protección para autoridades locales, quienes, pese a su labor comunitaria, suelen quedar expuestas frente a la inseguridad y la impunidad.

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