Guadalupe Lizárraga Lunes, 20 de Abril del 2026, 16:20
Mientras la FGR mantiene imputaciones formales, una sentencia civil es usada para reposicionar la imagen pública de Carlos Torres.
Por Guadalupe Lizárraga
Con una sentencia civil por daño moral intentan sepultar en la opinión pública lo que sigue abierto en el terreno penal: las imputaciones de la FGR contra Carlos Alberto Torres Torres y su vínculo con una red transfronteriza bajo investigación por narcotráfico y operaciones ilícitas. La maniobra no está en el expediente, sino en cómo lo usan para fabricar una exoneración que el juzgado nunca emitió.
La sentencia que ahora se usa para limpiar la imagen del “exesposo” de la gobernadora Marina del Pilar Ávila corresponde a un expediente civil. Ese dato altera por completo el sentido de los titulares difundidos en las últimas horas, que presentan la resolución como si un juez hubiera desmontado acusaciones de carácter penal.
El expediente rastreado por Los Ángeles Press es el 14790/2025, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. En él aparece Carlos Alberto Torres Torres como actor y Unomásuno Nacional Libien & Son’s, S.A. de C.V. como parte demandada. El registro muestra actuaciones desde diciembre de 2025 y un movimiento fechado el 16 de abril de 2026.
El litigio contra Unomásuno es por daño moral. La resolución impone al medio el pago de 59 mil pesos y la publicación del derecho de réplica. No se trata de una sentencia penal sobre hechos relacionados con robo de combustible, tráfico de armas o delincuencia organizada.
Sobre ese litigio se montó una narrativa para limpiar la imagen política y mediática de Torres, tergiversando el alcance de la sentencia.
A partir de esa fecha se activó una campaña en medios de la Ciudad de México y de Baja California que reproduce la resolución civil favorable a Torres como si se tratara de una prueba de inocencia frente a imputaciones de carácter penal.
Los medios alineados a la versión de Torres
El titular de El Universal dice: “Juez multa a medio capitalino por ‘difamar’ a Carlos Torres”, mientras el propio texto habla de la falta de sustento de las publicaciones y de la negativa a conceder el derecho de réplica. En las notas replicadas por otros medios, el encuadre se endurece todavía más. Publimetro afirma que el tribunal concluyó que “existió difamación” y que Torres “no enfrenta procesos judiciales” por esos delitos.
Diario Basta va incluso más lejos y sostiene que “quedó demostrado” que no enfrenta ningún juicio por los delitos atribuidos. Ese desplazamiento exhibe cómo una resolución civil es usada mediáticamente como si fuera una absolución de hecho.
En Baja California, la misma línea fue replicada por medios alineados a esa versión. UniRadio publicó un titular que distorsiona abiertamente el alcance de la sentencia: “Juez federal da la razón a Carlos Torres; demuestra falsedad de acusaciones sobre huachicol y venta de armas”.
El Mexicano reforzó esa misma idea en redes sociales, empujando la percepción de que Torres había sido exonerado de operaciones ilícitas. Sin hacer una cobertura informativa, se dedicó a la repetición de un encuadre diseñado mediáticamente para confundir sobre la sentencia civil por daño moral y una resolución penal que no existe hasta la fecha.
Los medios presentaron la resolución como si un juez federal hubiera establecido la falsedad de señalamientos vinculados con delitos de alto impacto.
El exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila quedó bajo escrutinio público después de que a ambos les fueran retiradas las visas estadounidenses, en un contexto en el que Washington ya había comenzado a golpear a integrantes del poder político mexicano relacionados con sospechas de narcotráfico y corrupción. En paralelo, la investigación de Los Ángeles Press documentó que la FGR emitió oficios de imputación contra Carlos Alberto Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres, Ismael Burgueño Ruiz y Fernando Rafael Salgado Chávez, dentro de una indagatoria de la FEMDO por lavado de dinero y operaciones ilícitas.
Esa secuencia hace más visible la operación de la propaganda. Mientras en la vía penal avanzan imputaciones formales de la FGR, en la vía civil se intenta instalar la idea de que Carlos Torres ya fue judicialmente reivindicado frente a acusaciones de carácter penal.
