Guadalupe Lizárraga Miércoles, 05 de Agosto del 2026, 02:09
El presidente del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados exigió la renuncia de la fiscal María Elena Andrade y advirtió que una detención, un cateo y la prisión preventiva no pueden tratarse como diligencias ordinarias.
Por Guadalupe Lizárraga
MEXICALI, Baja California.— Elías Flores Gallegos, presidente del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados en Baja California exigió la renuncia de la fiscal María Elena Andrade, después de que la institución a su cargo cateó, detuvo y acusó a Pedro Ariel Mendívil García, pero no logró presentar ante el juez los elementos de prueba suficientes para vincularlo a proceso.
En entrevista con Los Ángeles Press, el abogado explicó las razones de su exigencia para que María Elena Andrade Ramírez renuncie a la titularidad de la Fiscalía estatal. Aclaró que su pronunciamiento no representa una declaración sobre la inocencia o culpabilidad de Mendívil, sino un cuestionamiento a la actuación de la institución encargada de investigar.
“Yo no voy a prejuzgar sobre si él es culpable o inocente. Eso lo tendría que arrojar una investigación”, afirmó.
Elías Flores Gallegos recordó que Mendívil se desempeñó como fiscal regional y después como director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali. También lo identificó como un abogado conocido dentro de la comunidad jurídica local.
El hecho que motivó el pronunciamiento ocurrió durante la audiencia en la que el juez Fernando Serrano Jiménez resolvió que la Fiscalía no había presentado datos suficientes para vincular a proceso a Mendívil y a otro mando policial imputado en el mismo caso.
“Lo que nosotros vimos fue muy contundente”, dijo Flores Gallegos al referirse a la resolución judicial.
Para el presidente de Asociaciones de abogados, el resultado de la audiencia obliga a revisar cómo obtuvo la Fiscalía las autorizaciones judiciales que permitieron catear el domicilio de Mendívil y detenerlo.
“Para nosotros es sumamente grave que previamente a esta audiencia la Fiscalía haya solicitado una orden de cateo, una orden de aprehensión, porque presumiblemente tenía elementos en contra de Pedro Ariel Mendívil”, señaló.
La Fiscalía acusó al exdirector de la Policía Municipal dentro de la investigación por la desaparición de José Ricardo Vindiola Domínguez y Cristian Alejandro García Mora, quienes fueron vistos por última vez después de salir del bar Shots, el 3 de enero de 2023.
El juez resolvió que los datos presentados no permitían establecer la participación de Mendívil en los delitos imputados. La decisión lo dejó en libertad, aunque la investigación sobre las desapariciones y la actuación de otros policías municipales continúa.
Vincular a proceso se volvió sencillo
Flores Gallegos advirtió que la facilidad con la que una persona puede ser vinculada a proceso ha reducido el nivel de exigencia con el que se revisan algunas acusaciones.
“En este momento irse a juicio es muy sencillo, vincular a alguien a proceso es sumamente sencillo. Aquí decimos coloquialmente que un vaso de agua y una vinculación a proceso no se le niega a nadie”, expresó.
La frase resume la facilidad con la que una acusación puede abrir un proceso penal y alterar la vida de una persona antes de que exista una sentencia. El cateo invade su domicilio, la orden de aprehensión permite detenerla y la prisión preventiva puede mantenerla encarcelada durante meses o años.
Flores Gallegos señaló que las fiscalías y los poderes judiciales estatales necesitan independencia para impedir que estas medidas se autoricen como respuestas ordinarias frente a investigaciones que todavía no han sido sustentadas.
La fabricación de culpables, explicó, forma parte de una práctica extendida dentro del sistema de justicia mexicano. La presión por presentar detenidos y aparentar resultados ante delitos de alto impacto puede convertir una investigación deficiente en una acusación con consecuencias irreversibles.
El abogado planteó que el proceso penal y la prisión deben utilizarse como el último recurso del Estado.
“Tenemos que llegar a un sistema muy similar al que hay en Estados Unidos, donde irse a juicio o estar preso sea el último recurso del Estado”, sostuvo.
La libertad de Mendívil no resuelve la desaparición de los dos jóvenes ni determina quiénes participaron en los hechos. La decisión judicial sí obliga a revisar con qué elementos la Fiscalía obtuvo las órdenes de cateo y aprehensión y por qué esos mismos datos resultaron insuficientes para procesarlo.
La exigencia de renuncia contra María Elena Andrade parte de esa actuación. La Fiscalía utilizó su poder para entrar al domicilio de Mendívil, detenerlo y acusarlo por delitos graves. Ante el juez, no logró sostener la imputación.
