En Guerrero, 218 mujeres indígenas recibieron atención por violencia mientras el personal del centro permanece sin salario desde abril.
Por Kau Sirenio
La violencia contra las mujeres me’phaa y na savi ha aumentado en las comunidades de la Montaña y Costa Chica de Guerrero. El Centro Comunitario “Gúwa Kúma”: Casa de los Saberes, durante casi 5 años ha atendido y acompañado a las mujeres que sufren violencia machista, pero desde abril las autoridades las han dejado sin salarios, violando sus derechos laborales.
Las mujeres indígenas que acompañan cargan en sus espaldas el peso de las tareas domésticas, el cuidado, educación y salud de los hijos y el trabajo en el campo en la siembra de maíz, frijol y calabaza. Desde niñas tienen que soportar violencia intrafamiliar, gritos y golpes. El infierno no termina en la esfera familiar, más bien, continúa en los espacios comunitarios y en las instituciones del Estado cuando les niegan sus derechos.
Solo de enero a julio de 2026, el centro atendió, con pertinencia cultural, interseccionalidad y enfoque de género, a 218 mujeres indígenas de los municipios de Ayutla, Ñuu Savi y Acatepec. 196 por violencia familiar, por violencia física por parte de los esposos sin que los agresores sean investigados y castigados. Otras 15 mujeres fueron violentadas por autoridades comunitarias al arrebatarle las tierras y las dejan desprotegidas.
Tienen esperanza en las instituciones gubernamentales para que las apoyen, pero no creen en su palabra, porque no las atienden. Por eso siete mujeres acudieron a la casa de los saberes para denunciar violencia institucional, porque les han negado el acceso a la salud, educación, al agua, justicia y una vida libre de violencia.
A pesar del trabajo comprometido que realizan como profesionistas para disminuir la violencia contra las mujeres indígenas, las autoridades estatales y federales no les han pagado sus salarios desde abril. La atención integral y acompañamiento a las mujeres continúa. Sin embargo, "las autoridades nos quieren castigar dejándonos sin nuestros honorarios, dejando desprotegidas principalmente a las mujeres de las comunidades que viven la violencia patriarcal todos los días", dice una de las entrevistadas.
Es preocupante que las autoridades estatales y federales no tengan un fondo especial para operar el Centro Comunitario, a pesar de que se trata de una medida de reparación comunitaria de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que condena al Estado mexicano por tortura sexual contra Inés Fernández Ortega, perpetrada por elementos del ejército mexicano en 2002.
Inés, embajadora del Centro Comunitario, pensó en un espacio donde las mujeres fueran protegidas y se les ayudara a defender sus derechos. "No quería que la historia que vivió se repitiera, pero se complica atender a las mujeres indígenas cuando las autoridades no nos pagan nuestros salarios de manera sistemática, mientras la violencia machista aumenta en las comunidades. Las mujeres indígenas de la Montaña y la Costa Chica también tenemos derechos", afirma.
Por eso, exigieron a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda y al secretario de Finanzas, Raymundo Segura Estrada, cubrir sus honorarios de abril a julio a la brevedad para atender a las mujeres indígenas que sobreviven a la violencia en los filos montañosos, entre la pobreza y una profunda desigualdad.
Fuente: tatyisavi.com
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