La protesta en Mexicali denunció actos de corrupción del gobierno estatal y criticó las incongruencias de las recaudaciones innecesarias.
Por Álvaro Benjamin Ramiro
Mexicali, Baja California – Cientos de ciudadanos se manifestaron en las inmediaciones de la Subrecaudación Auxiliar de Rentas en Mexicali en rechazo al reemplacamiento obligatorio de vehículos, una medida anunciada por el gobierno estatal, a cargo de Marina del Pilar Ávila, que entrará en vigor en junio de 2025. Los manifestantes expresaron su descontento con el costo de $1800 para el reemplacamiento de vehículos con placas anteriores a 2021, calificando la medida como una acción meramente recaudatoria.
Los ciudadanos, que se organizaron a través de redes sociales, se congregaron con pancartas en la calzada Independencia, frente a las oficinas de Subrecaudación, para expresar su rechazo tanto al reemplacamiento como a la renovación de las licencias de conducir, que según algunos, eran "permanentes" durante el gobierno del exgobernador Jaime Bonilla Valdez.
Ignacio Gastélum, uno de los coordinadores de la protesta e integrante de Resistencias Unidas de Baja California, destacó que los 1800 pesos por el número de autos en el estado es una recaudación bastante onerosa, que representa una carga económica considerable para muchas familias que ya enfrentan altos costos de vida. Además, señaló que el cobro, sumado al impacto de otras medidas fiscales, agrava aún más la situación financiera de los ciudadanos, quienes ven en estas políticas un intento de aprovecharse de su obligación cívica para generar ingresos adicionales sin justificación clara.
El descontento también incluye la renovación de las licencias de conducir, las cuales se emitieron durante el gobierno de Bonilla Valdez bajo la promesa de que serían permanentes, pero que ahora requieren un nuevo trámite, lo que ha sido calificado como otra medida recaudatoria innecesaria.
Además, algunos ciudadanos señalaron que el reemplacamiento y la renovación de licencias solo contribuirán a aumentar la inflación y a agravar la situación económica de las familias bajacalifornianas. La protesta refleja un creciente malestar entre los habitantes de Mexicali, quienes consideran que estas políticas son discriminatorias y afectan principalmente a los propietarios de vehículos más antiguos.
La medida del gobierno estatal sigue siendo motivo de controversia y podría generar nuevas manifestaciones y presiones hacia las autoridades en los próximos meses, a medida que se acerque la fecha límite para el reemplacamiento.
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