Sheinbaum habló hoy de “desacato” del gobierno de María Eugenia Campos en Chihuahua.
A pesar de ello, Sheinbaum reconoció que identificar a los operativos de agencias del gobierno de Estados Unidos que actúan en México le corresponde a su gobierno.
Los Ángeles Press
La actividad de este último lunes de abril de 2026 en Palacio Nacional estuvo centrada, en primer lugar, en presentar la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum frente a la inestabilidad en los mercados petroleros inducida por el gobierno de Donald Trump.
Aunque Sheinbaum se atuvo a la norma no escrita de no criticar directamente a Trump, hizo todo lo posible por señalar a la “guerra en Irán”, como ella misma la llamó, como la causa de las medidas que anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dichas medidas, al igual que en otros países —incluido Estados Unidos—, buscan imponer controles tan severos como sea posible a los dueños de gasolineras para evitar que aumenten los precios en las bombas.
Una de las medidas anunciadas fue que los bancos reducirán o eliminarán las comisiones por el uso de tarjetas al pagar combustible. Para validar el anuncio estuvieron presentes en Palacio Nacional, además de funcionarios de Hacienda, dirigentes del sector privado, incluido el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano Mussali, entre otros.
En la visión presentada en Palacio Nacional, el objetivo final sería eliminar por completo el uso de efectivo en la compra de combustibles. ¿Es viable imaginar esa posibilidad en el caso de los productores agropecuarios de regiones aisladas del país? Es difícil saberlo, pero en la plantilla que sigue la actividad diaria de Sheinbaum es frecuente encontrar estas pinceladas de un futuro cien por ciento digital.
Luego de hablar de ese futuro digital y libre de efectivo, Sheinbaum dedicó algunos minutos a hablar del supuesto atentado del que habría sido víctima Donald Trump en uno de los hoteles de la cadena Hilton en la zona metropolitana de Washington, D.C.
Las dudas en los medios de Estados Unidos acerca de qué fue lo que realmente ocurrió en el preámbulo de la cena con la Asociación de Corresponsales Ante la Casa Blanca son demasiadas para dar cuenta de ellas aquí.
Como sea, Sheinbaum dio por buena la versión de Trump y su equipo de que fueron víctimas de un atentado terrorista, que le dio a Trump la oportunidad de presentar a su gobierno como una entidad bajo asedio y para insistir en que se le permita construir el “salón de fiestas” que, según él, justifica el que haya destruido de la manera en que lo hizo toda un ala de la Casa Blanca.
Trump aprovechó el asunto para amenazar a quienes han promovido recursos legales contra la construcción del “salón de fiestas” (Ball Room) en la sede del Poder Ejecutivo de Estados Unidos.
En un tono similar, Sheinbaum arremetió una vez más contra el gobierno de Chihuahua. Aunque ella misma reconoció que la labor de identificar a los operativos de agencias del gobierno de Estados Unidos que realizan actividad en México le corresponde al Ejecutivo Federal a su cargo, durante varios minutos insistió en señalar a la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos de lo que Sheinbaum calificó de “desacato”.
No es claro hasta dónde llevará el conflicto del gobierno federal con el de Chihuahua, pero fue notable la manera en que Sheinbaum redujo el problema a la idea de que “no hay de otra” para explicar la presencia de al menos cuatro operativos de la Agencia Central de Inteligencia en territorio mexicano, dos de los cuales fallecieron junto con dos funcionarios del gobierno de Chihuahua al investigar las actividades, de escala industrial, de grupos criminales que operan en la vastedad de la Sierra de Chihuahua.
Según Sheinbaum, las únicas instituciones que pudieron haber autorizado la colaboración con funcionarios de la CIA son “o la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua o el secretario de Seguridad estatal”.
Fue en ese punto donde introdujo la idea de que “no hay de otra”. Sin embargo, hacia el final de la actividad, reconoció que es el gobierno federal el que tiene la responsabilidad de saber quién entra a México para realizar ese tipo de tareas, en el marco de una cooperación y comunicación que describió como amplia y constante con la administración de Donald Trump. En ese contexto, sostuvo que se trata de un problema de “soberanía nacional” y llamó a “los partidos de oposición” a detener “la politización del tema”.
Paradójicamente, a renglón seguido, la propia Sheinbaum expresó que espera que éste sea “un caso de excepción” y que, “a partir de ahora, se cumplan siempre las reglas de nuestra Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”. Estas disposiciones, en cualquier caso, corresponden al ámbito federal y no al estatal, ya que ningún estado —ni siquiera los fronterizos— tiene control directo sobre los cruces internacionales.
En todo caso, Sheinbaum dijo que esperará a los resultados de las investigaciones para definir las próximas medidas sobre este tema.
Luego de ello, la mandataria tomó distancia de rumores que circulan en Estados Unidos acerca de la inminente acción del gobierno de Donald Trump contra funcionarios corruptos en México.
Aunque Sheinbaum intentó señalar que la corrupción también existe en Estados Unidos, pareció pasar por alto que, entre 2025 y 2026, varios funcionarios de gobiernos estatales en México —de manera notable, en entidades gobernadas por su partido, Morena— han perdido sus visas para ingresar a ese país por actos que incluyen, entre otros, casos de corrupción y narcotráfico.
Fue entonces, hacia el final de la actividad, que Sheinbaum reconoció que es el gobierno federal a su cargo el responsable de conocer quiénes son los funcionarios de Estados Unidos que ingresan a México para participar en operaciones conjuntas que, de todos modos, ella misma ha negado repetidamente, aunque haya evidencia de casos como el del capo canadiense del narcotráfico, Ryan Wedding, en que hubo una operación que sólo podría calificarse de conjunta, pues Wedding está ahora bajo custodia del gobierno de Estados Unidos luego de ser arrestado en territorio mexicano.
