En Oaxaca, las organizaciones señalan que la falta de interlocución efectiva con autoridades estatales ha profundizado los conflictos sociales y retrasado la atención a demandas históricas.
Los Ángeles Press
Oaxaca de Juárez, Oax.— Integrantes de la Alianza de los Pueblos por la Justicia Social difundieron una carta abierta dirigida al gobernador Salomón Jara Cruz, en la que denuncian una presunta ausencia de diálogo efectivo con el gobierno estatal y prácticas que califican como dilatorias por parte de la Secretaría de Gobierno.
En el documento, las organizaciones señalan que, durante la actual administración, el mecanismo institucional de interlocución ha sido “simulado”, acusando que se convocan reuniones en momentos de presión política que posteriormente no se concretan. Las críticas se dirigen particularmente al titular de la dependencia, Jesús Romero López, a quien atribuyen una estrategia basada en promesas incumplidas y procesos burocráticos que, aseguran, obstaculizan el diálogo directo.
De acuerdo con la carta, tras la solicitud reiterada de audiencias formales, no se ha logrado establecer una mesa de trabajo directa con el mandatario estatal. También se menciona la intervención del subsecretario Angelino Jiménez como intermediario, sin que ello haya derivado —según los firmantes— en soluciones concretas.
Las organizaciones advierten que, ante la falta de avances, han percibido actos de intimidación y el uso de mecanismos legales como forma de presión, lo cual, afirman, deteriora el clima político y social en la entidad.
En su pronunciamiento, la Alianza expone una serie de demandas que consideran históricas y urgentes. Entre ellas destacan el acceso a la justicia en casos de feminicidio, desapariciones y agresiones contra mujeres; la resolución de conflictos territoriales en comunidades indígenas; así como la atención a rezagos en servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, vivienda y vías de comunicación.
Los firmantes subrayan que sus exigencias no corresponden a beneficios particulares, sino a derechos fundamentales, y apelan a la instalación inmediata de una mesa de diálogo “con compromisos claros y verificables”.
Finalmente, las organizaciones reiteraron que continuarán ejerciendo su derecho a la libre manifestación y organización social, al tiempo que hicieron un llamado al titular del Ejecutivo estatal a retomar el diálogo directo como vía para atender las demandas sociales y políticas planteadas.
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