Honduras enfrenta nuevas dudas sobre la trazabilidad de fondos destinados a una población retornada en condiciones de alta vulnerabilidad, refiere Itsmania Platero.
Los Ángeles Press
La defensora de derechos humanos Itsmania Platero pidió una auditoría urgente al programa “Hermano, hermana, vuelve a casa”. El exdirector de Migración, Wilson Paz, rechazó las acusaciones y afirmó que los fondos son auditables.
La defensora de derechos humanos Itsmania Platero denunció presuntas irregularidades en la administración de más de 90 millones de lempiras (3.4 millones de dólares) destinados al programa “Hermano, hermana, vuelve a casa”, creado para apoyar a migrantes hondureños retornados.
La acusación reactivó el debate sobre la transparencia en el uso de fondos públicos dirigidos a una población marcada por la precariedad, el desplazamiento y la falta de condiciones para reinsertarse en el país.
Platero pidió al Ministerio Público una auditoría inmediata para revisar el destino de los recursos, identificar posibles responsabilidades y verificar si la ayuda llegó efectivamente a los beneficiarios.
De acuerdo con la activista, un monitoreo independiente citado en su denuncia señala que 98.25% de los recursos no cuenta con trazabilidad verificable. Según esa revisión, solo una minoría de migrantes habría recibido apoyo económico puntual, cercano a los mil dólares por persona, además de materiales básicos para emprendimientos.
Para Platero, la falta de comprobación representa una falla administrativa y una posible vulneración a los derechos de quienes regresan a Honduras en condiciones de alta vulnerabilidad.
La defensora sostuvo que la cobertura del programa fue mínima frente al universo de personas retornadas. Señaló que la mayoría de los beneficiarios no habría podido acreditar la recepción de fondos y advirtió que el destino de la mayor parte del dinero permanece sin comprobación pública suficiente.
“El Ministerio Público debe auditar estos recursos”, planteó Platero, al advertir que el caso no solo involucra manejo presupuestario, sino la obligación del Estado de garantizar asistencia efectiva a migrantes retornados.
La dimensión humana de la denuncia aparece en las consecuencias descritas por la activista. Platero señaló que muchas familias retornadas enfrentan deserción escolar, falta de empleo, dificultades para emprender actividades productivas y riesgos de seguridad al regresar a sus comunidades.
También denunció que al menos 25 personas habrían sido asesinadas después de su retorno, dato que, de confirmarse, exhibe la ausencia de condiciones mínimas de protección para quienes vuelven al país tras procesos de deportación o retorno forzado.
Wilson Paz rechaza acusaciones
El exdirector del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, rechazó las acusaciones y defendió la legalidad del programa. Afirmó que la entrega de fondos se realizó de manera directa y en efectivo a unos 37,000 migrantes retornados, quienes firmaron constancias de recepción como mecanismo de control.
Paz sostuvo que existen documentos de respaldo y que el esquema de entrega directa evitó intermediarios. Según su versión, los fondos llegaron a los beneficiarios conforme a la normativa aplicable.
El exfuncionario vinculó la denuncia de Platero con posibles intereses políticos y calificó sus señalamientos como carentes de fundamento. También advirtió que, si las acusaciones continúan sin pruebas, podría iniciar acciones legales, incluida una demanda por difamación.
De acuerdo con Paz, durante el último año retornaron aproximadamente 43,000 hondureños y cerca de 37,000 recibieron algún tipo de apoyo económico mediante el programa.
Senprende reporta falta de documentación
Las dudas sobre la ejecución del programa también fueron señaladas desde el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios, Senprende.
La subdirectora de la institución, Abeli Lozano, indicó que desde esa entidad se asignaron 50 millones de lempiras de fondos propios con el objetivo de beneficiar a mil migrantes retornados. Explicó que la ejecución alcanzó 79.9%, pero reconoció que no se cubrió la cantidad prevista de 25,000 lempiras, equivalente a unos mil dólares por migrante.
Lozano afirmó que no se ha encontrado la documentación correspondiente a los mil migrantes que supuestamente debieron ser beneficiados con ese capital semilla.
“Existen irregularidades desde que se firmó el convenio, porque debió cumplirse a cabalidad”, señaló la funcionaria.
La subdirectora explicó que el programa ya concluyó, aunque aclaró que eso no significa que el gobierno dejará de atender a los hondureños retornados mediante otros mecanismos. También indicó que el programa no ha sido liquidado completamente en términos legales y que, una vez concluido ese proceso, los datos deberán hacerse públicos de forma detallada.
Un programa creado para la reintegración
El programa “Hermano, hermana, vuelve a casa” fue presentado como una estrategia de apoyo a migrantes hondureños retornados. La iniciativa contemplaba la entrega de un bono económico de alrededor de 100 dólares, alimentos, capacitación, asesoría para emprendimientos y capital semilla de hasta mil dólares para facilitar la reintegración social y económica.
La denuncia de Platero coloca bajo revisión la capacidad del Estado hondureño para administrar recursos destinados a población vulnerable y garantizar que la ayuda pública llegue a quienes enfrentan mayores riesgos tras el retorno.
Mientras la defensora exige una auditoría formal y el exdirector de Migración defiende la entrega directa de fondos, el caso queda en manos de las instituciones de control. La comprobación documental será clave para determinar si hubo fallas administrativas, desorden institucional o un posible desvío de recursos públicos.
