En ese paralelo simbólico, el nombre de Pío López Obrador irrumpe como eje de una polémica que revive viejas dudas sobre la impartición de justicia.
Por José Luis Camacho Acevedo
Cuando El Tuerto pronunció la frase “¡Pepe el Toro es inocente!”, confesando que él había sido el verdadero culpable, muchos de los mexicanos que conformaban la masa que, en el año 1948, seguían la icónica saga de Ismael Rodríguez —que despegó con las películas Nosotros los pobres y Ustedes los ricos— se conmovieron hasta las lágrimas.
A la gente que fue seguidora de las cintas mencionadas se le quedó grabada la frase “¡Pepe el Toro es inocente!” como un reclamo popular para que se impartiera una justicia verdadera.
Existió, pues, una conexión entre el emisor del mensaje y los receptores. Era un genuino interés popular, provocado por una ficción que reflejaba un sentimiento sobre la existencia de una justicia manipulada, ejecutada a favor de los culpables y omisa, en muchos casos, de las pruebas suficientes que apoyaran las sentencias emitidas por diferentes instancias.
Como fue el caso del fallo del Instituto Nacional Electoral (INE) a favor del hermano del expresidente, apenas hace unos días: un fallo emitido con una desfachatez digna de mejor causa, en el que se anunció que el video en el que Pío López Obrador recibe un fajo de billetes —que presuntamente fueron utilizados en una de las campañas de su hermano, Andrés Manuel López Obrador—, según el INE, no era prueba de que el mencionado familiar de AMLO y el partido Morena hubieran cometido falta alguna.
Infobae difundió el hecho de la siguiente manera:
El Instituto Nacional Electoral (INE) exoneró este jueves al partido Morena y a Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al no encontrar evidencia de que el dinero que recibió en efectivo por parte de David León se utilizó para la campaña electoral de 2018.
La sociedad está a la espera, se considera, de que se complemente la investigación sobre quiénes fueron los autores intelectuales de los delitos cometidos por Hernán Bermúdez Requena, a través de la organización criminal conocida como La Barredora.
Nadie fuera de la esfera de poder que actualmente tiene la llamada 4T ha dicho que la captura de Bermúdez sea el punto final de una investigación que, una vez que la fiscalía traslade el caso a la instancia del Poder Judicial correspondiente, deje a salvo al principal sospechoso de ser un encubridor de La Barredora.
O sea que, jubilosos, los morenistas podrían gritar: “¡Adán Augusto López Hernández es inocente!”.
Si llegara el momento en que se proceda a enjuiciar a los autores intelectuales de los delitos cometidos por La Barredora, y el juez que reciba el caso fuera uno de los que llegaron a ese cargo como producto de la punible estrategia de los acordeones, seguramente estaremos ante un nuevo encubrimiento, de mucho mayor magnitud, como el que el INE ha hecho con el caso del dinero de inexplicable origen recibido por Pío López Obrador.
Adán Augusto López Hernández es señalado por la opinión pública como cómplice de Bermúdez Requena, quien se desempeñó como secretario de Seguridad en Tabasco cuando esa entidad era gobernada por el ahora defenestrado senador.
Y, peligrosa y lamentablemente para México, los nuevos impartidores de justicia podrían dar pie a la proclama que conmocionó a nuestro país en 1948: “¡Todos los de la 4T son inocentes!”.
