Estados Unidos mantiene presión sobre México en seguridad y narcotráfico, mientras crecen preocupaciones por violencia política y digital.
Por José Luis Camacho Acevedo
Los mensajes emitidos por importantes departamentos de Estados Unidos, en el sentido de que, si México no hace la tarea en relación con el combate al narcotráfico, con todos sus actores implicados, ellos vendrían a cumplir esa misión.
Para Estados Unidos, el fentanilo es un arma mortal, como si fuera un virus tan peligroso como el ántrax, por citar solo un caso por demás emblemático, y que, por lo tanto, los cárteles mexicanos que controlan la distribución de la droga y los políticos que los protegen, y en ocasiones se ha comprobado que son parte de ellos.
Para la DEA y demás instituciones que participan en los acuerdos bilaterales en la lucha contra el narcotráfico, no ha sido suficiente la renuncia de Rubén Rocha Moya y de ocho de sus principales colaboradores, incluido el alcalde de Culiacán, sino que esperan que se les entregue al denunciado, cuya ubicación, según se dijo en la mañanera de ayer, sigue siendo el estado de Sinaloa, y que hoy Omar García Harfuch dará detalles de la ubicación de Rocha Moya.
La presidente Sheinbaum declaró que la posibilidad de que agentes estadounidenses entraran a México a detener los señalados como narco-políticos es algo inadmisible.
Pero en Estados Unidos la ecuación es diferente.
2.- Violencia en Tlaxcala dice Alex Gómez
La violencia electoral en México ya no puede entenderse únicamente desde lo físico, porque ha encontrado en el entorno digital un terreno mucho más eficiente, más barato y, sobre todo, más difícil de rastrear.
La plaza pública ya no es solo la calle ni el territorio; es la pantalla. Y en esa arena, la disputa política ha dejado de ser un intercambio de ideas para convertirse, cada vez más, en una operación sistemática de desgaste, manipulación y aniquilación reputacional.
En los últimos procesos electorales en México, organizaciones como Artículo 19 han documentado un incremento sostenido en agresiones digitales contra periodistas, candidatos y figuras públicas, muchas de ellas con componentes de género, desinformación coordinada y campañas de odio amplificadas artificialmente.
Y que conste que no estoy mencionando las locales y recientes, como la detención arbitraria en Yauhquemehcan de un camarógrafo o la agresión a un reportero en Contla, entre otras.
Lo preocupante no es únicamente la existencia de estas campañas, sino su grado de sofisticación. Hoy no hablamos solo de “bots” rudimentarios, sino de estructuras organizadas capaces de posicionar tendencias, fabricar narrativas y sostener ataques durante días o semanas, generando la ilusión de consenso social.
La percepción pública, en consecuencia, deja de construirse de forma orgánica y comienza a responder a dinámicas inducidas.
En estados como Tlaxcala, donde la escala del electorado es menor y las redes de influencia son más cerradas, el impacto de esta violencia digital puede ser aún más profundo.
