Rosario Martínez De la Vega Martes, 28 de Abril del 2026
Registros oficiales en Guanajuato muestran alto uso de adjudicaciones directas en contratos municipales durante 2024 y 2025.
Por Rosario Martínez de la Vega
GUANAJUATO.— Mientras la violencia desangra las calles de Guanajuato, en los despachos municipales se opera un saqueo silencioso, pero no menos letal. Entre 2024 y 2025, las administraciones locales de la entidad han convertido el presupuesto público en un botín discrecional, erogando la estratosférica cifra de 16 mil 436 millones 734 mil 242 pesos a través de adjudicaciones directas.
Lo que la ley contempla como un mecanismo excepcional para urgencias, en Guanajuato es ya la norma delictiva. La revisión exhaustiva de los registros en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de los 46 municipios revela una maquinaria aceitada para eludir la licitación pública. No es burocracia ineficiente; es una ingeniería del favoritismo donde se fragmentan contratos y se fabrican "emergencias" administrativas para beneficiar a proveedores amigos.
La ley como letra muerta
Aunque la Ley de Obra Pública para el Estado de Guanajuato establece un tope de 3.4 millones de pesos para las asignaciones directas en 2025, el Artículo 77 se ha convertido en el escondite perfecto. Bajo el amparo de "dictámenes de excepción", que rara vez resisten un análisis independiente, los alcaldes saltan las trancas legales para evitar la competencia que garantizaría mejores precios.
El cinismo no tiene fronteras geográficas en el estado. Municipios como Celaya, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Jerécuaro, Purísima del Rincón, Salvatierra y Tarimoro han llevado la desfachatez al límite, registrando entre un 90% y un 100% de su contratación vía adjudicación directa. Es, en los hechos, la anulación total de la transparencia.
Peor aún es el escenario de la opacidad absoluta: Jaral del Progreso, Pueblo Nuevo, Silao, Valle de Santiago y Yuriria simplemente han decidido ignorar la Ley de Transparencia, al omitir sus reportes. El destino de miles de millones de pesos cae en un agujero negro donde la fiscalización no alcanza. Sin embargo, los datos rescatados de la PNT confirman la magnitud del atraco: el gasto total por adjudicación directa en el estado supera los 16 mil 436 millones de pesos.
Cómplices del saqueo
Este patrón de corrupción de cuello blanco no ocurriría sin la mirada cómplice de la Auditoría Superior del Estado y un Congreso local que funciona como oficina de validación para la impunidad. Ambos entes actúan como escoltas institucionales de un sistema que privilegia a los clanes políticos por encima de las necesidades básicas de la población.
En Los Ángeles Press lo hemos denunciado sistemáticamente: la corrupción mata. Cada peso desviado a través de estas simulaciones de papel es un peso que se le arrebata a la seguridad, a la salud y a la dignidad de los guanajuatenses.
Guanajuato sangra por las balas, pero también por la herida abierta de un erario saqueado. Mientras la Fiscalía Anticorrupción siga operando como un adorno en este tablero de complicidades, el "dedazo" seguirá siendo la ley suprema. La ciudadanía no pide explicaciones; exige justicia y el fin de este festín de sombras.