Dos jueces federales en Massachusetts y Rhode Island resolvieron que la administración Trump debe seguir financiando el programa SNAP, el mayor plan de asistencia alimentaria de Estados Unidos, utilizando fondos de reserva durante el cierre de gobierno.
Por Michael Casey / Geoff Mulvihill / Kimberlee Kruesi
Dos jueces federales fallaron casi simultáneamente este viernes que la administración del presidente Donald Trump debe continuar financiando el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el mayor programa de ayuda alimentaria de Estados Unidos, utilizando fondos de emergencia mientras dure el cierre del gobierno.
Los magistrados —uno en Massachusetts y otro en Rhode Island— dieron al gobierno un margen para decidir si financiar el programa de forma parcial o total durante noviembre. Sin embargo, el fallo mantiene la incertidumbre sobre el calendario de pagos y podría retrasar las recargas en las tarjetas de millones de beneficiarios.
El Departamento de Agricultura (USDA) había anunciado que congelaría los pagos del SNAP a partir del 1 de noviembre, argumentando que no contaba con recursos suficientes debido al cierre administrativo. El programa atiende a una de cada ocho personas en el país y constituye un pilar de la red de seguridad social, con un costo aproximado de 8 mil millones de dólares mensuales.
La senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota y miembro de alto rango del Comité de Agricultura del Senado, celebró las resoluciones judiciales:
“La administración está decidiendo no alimentar a los estadounidenses necesitados, aun sabiendo que está legalmente obligada a hacerlo”.
En respuesta, Trump publicó en redes sociales que su gobierno acatará las decisiones, aunque pidió mayor claridad legal antes de liberar los fondos:
“Si recibimos la instrucción legal adecuada de la Corte, será un HONOR proveer los recursos necesarios”, escribió.
Los jueces ordenan usar los fondos de reserva
Los fallos responden a una demanda presentada por fiscales generales y gobernadores demócratas de 25 estados, además del Distrito de Columbia, quienes acusaron a la administración de incumplir su obligación legal de mantener operativo el programa.
El gobierno sostuvo que no podía utilizar un fondo de contingencia de 5 mil millones de dólares, pese a que el propio USDA había planeado hacerlo antes del cierre. Los estados demandantes argumentaron que ese fondo no solo podía emplearse, sino que debía usarse, y que además existía un fondo adicional de 23 mil millones de dólares disponible.
En Providence (Rhode Island), el juez federal John J. McConnell ordenó que el programa se financie con al menos los fondos de contingencia y pidió un informe de cumplimiento para el lunes. También dispuso mantener las exenciones a los requisitos laborales que el USDA había cancelado durante el cierre.
En Boston, la jueza Indira Talwani dictó una resolución similar, calificando la suspensión del programa como “ilegal”. Ordenó al gobierno informar al tribunal si usará los fondos de emergencia para cubrir los beneficios reducidos o si financiará el programa en su totalidad con todos los recursos disponibles.
“La suspensión de los pagos se basó en una interpretación errónea de que los fondos de contingencia no podían usarse para garantizar la continuidad del SNAP”, escribió Talwani. “Esta Corte aclara que los demandados están obligados a utilizarlos según sea necesario”.
Los pagos podrían retrasarse
Aun con los fallos, los beneficios para 42 millones de estadounidenses podrían retrasarse en noviembre, ya que la recarga de las tarjetas toma una semana o más en varios estados.
El gobierno no informó de inmediato si apelará las decisiones judiciales.
Mientras tanto, estados, bancos de alimentos y beneficiarios se preparan para un escenario incierto. Los defensores del programa advirtieron que suspender la ayuda alimentaria obligaría a millones de familias a elegir entre comer o pagar sus cuentas básicas.
La mayoría de los estados ha anunciado más fondos o financiamiento acelerado para los bancos de alimentos, además de nuevas formas de recargar parcialmente los beneficios en las tarjetas del SNAP.
En todo el país, organizaciones y activistas por el derecho a la alimentación que llevaban semanas alertando sobre el posible corte de beneficios, respiraron un breve alivio tras conocerse las resoluciones del viernes, aunque reconocieron que el triunfo es temporal y limitado.
“Miles de bancos de alimentos, despensas comunitarias y otras organizaciones en todo el país podrán evitar la carga imposible que habría supuesto la suspensión del SNAP”,
declaró Diane Yentel, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro, una de las demandantes en el caso de Rhode Island.La posibilidad de beneficios reducidos genera incertidumbre
Cynthia Kirkhart, directora ejecutiva del Facing Hunger Food Bank en Huntington, Virginia Occidental, explicó que su organización y las despensas a las que abastece en Kentucky, Ohio y Virginia Occidental mantendrán horarios extendidos este fin de semana, conscientes de que muchas personas que suelen recibir sus beneficios al inicio del mes no los verán reflejados.
“Lo que sabemos, a menos que la administración haga magia, es que mañana no va a pasar nada”,
dijo Kirkhart.En Florida, Kristle Johnson, estudiante de enfermería y madre de tres hijos, expresó su preocupación ante la posibilidad de que los beneficios se reduzcan. Pese a comprar carne al mayoreo, planificar cuidadosamente los alimentos y evitar comida chatarra, sus 994 dólares mensuales no alcanzan para cubrir el mes completo.
“Ahora tengo que lidiar con alguien que quiere quitarme lo poco que tengo para mantener a mi familia a flote hasta poder mejorar mi situación”,
dijo Johnson refiriéndose a Trump.El fallo no resuelve el conflicto partidista
Durante una conferencia de prensa en Washington, la secretaria de Agricultura Brooke Rollins, cuyo departamento administra el SNAP, advirtió que los fondos de contingencia no bastarán para mantener el programa por mucho tiempo.
Acompañada por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, culpó a los demócratas de una “repugnante negligencia en el cumplimiento del deber” por negarse a poner fin a su obstrucción parlamentaria mientras insisten en ampliar los fondos para salud pública.
Un intento reciente en el Congreso para mantener el financiamiento del SNAP durante el cierre fracasó.
Para ser elegible al SNAP en 2025, los ingresos netos de una familia de cuatro personas no pueden superar los 31 mil dólares anuales después de deducciones. El año pasado, el programa benefició a 41 millones de personas, casi dos tercios de ellas familias con niños.
“La decisión del tribunal protege a millones de familias, adultos mayores y veteranos de ser usados como moneda política, y reafirma el principio de que nadie en Estados Unidos debería pasar hambre”,
declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, sobre el fallo de Rhode Island.---
Mulvihill informó desde Haddonfield, Nueva Jersey; Kruesi desde Providence, Rhode Island; y Lisa Mascaro contribuyó desde Washington, D.C., para Associated Press.