Rodolfo Soriano-Núñez Miércoles, 18 de Octubre del 2023
La reforma del Poder Judicial necesita datos certeros, y el Ejecutivo no los está dando.
Colombia, Costa Rica, Brasil y Uruguay, entre otros, gastan más que México en su Poder Judicial cuando se considera la población de cada país.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Durante la conferencia de prensa de este miércoles 18 de octubre, Elizabeth García Vilchis, la responsable de dar lectura a la sección en que se señalan las supuestas inconsistencias, errores o ataques de los medios de comunicación en México, presentó una serie de diapositivas con información sobre los poderes judiciales, las supremas cortes y los funcionarios de esas entidades en distintos países, incluido México.
Las tres diapositivas con datos formaron parte, en un sentido de las críticas a los medios mexicanos y, en otro, de la defensa de la decisión del Presidencia la República de lo que se presenta como una reforma del Poder Judicial orientada a reducir lo que Andrés Manuel López Obrador ha presentado desde diciembre de 2018 como gasto suntuario, innecesario.
La reforma, de hacerse realidad, llegaría incluir una modificación de los mecanismos para designar a los jueces, magistrados y ministros, desde los juzgados a los tribunales e incluso, se ha llegado a insinuar, de los ministros del máximo tribunal del país.
No es claro el alcance de la reforma, por lo que no se puede hacer una valoración más precisa, pero es posible señalar que en Los Ángeles Press hemos publicado en español la mayor parte de los materiales que ProPublica ha difundido en este año sobre la manera en que el ministro Clarence Thomas, entre otros miembros de la actual Suprema Corte de Estados Unidos mantiene relaciones cuestionables con donadores de organizaciones como la Sociedad Federalista o la red de las empresas de la familia Koch.
Esa organización, en las entidades de Estados Unidos donde se sigue ese modelo de elección de los jueces y magistrados, ha logrado hacer de las elecciones de jueces un asunto partidista que lejos de mejorar la calidad de la justicia, eleva a los jueces y magistrados a la condición de “super-legisladores” como se hace ver en la entrega más reciente de esa serie publicada el fin de semana próximo pasado.
También es notable la influencia que organizaciones religiosas como el Opus Dei y People of Praise o El pueblo que alaba han logrado adquirir en el desarrollo profesional de algunos ministros de la Suprema Corte de Estados Unidos, además de una gran cantidad de magistrados de los tribunales de segunda instancia y de jueces de los de primera instancia, como se detalló en un material de la serie Religión y vida pública que sostiene Los Ángeles Press.
En ese sentido, parece poco probable que la elección de jueces por sí misma pudiera ser una suerte de panacea a los problemas de la procuración y administración de justicia en México.
En América Latina, el único país que ha optado por ese modelo es Bolivia y la experiencia está lejos de ser alentadora, entre otras razones, por los bajos índices de participación que reportan esas elecciones, como se da cuenta en este texto de una consultora argentina. Para el caso concreto de la elección de 2017, además, este artículo en la revista académica Política y gobierno da cuenta de irregularidades y problemas con el modelo boliviano, que se implantó desde 2011, que ponen en duda su pertinencia.
El diario español El País daba cuenta, hace unos meses, del mal sabor de boca que ha dejado el experimento en la nación andina, aunque hay quienes la valoran positivamente y proponen imitarlo en otros países de la región. La fundación alemana Konrad Adenauer publicó en 2021 un estudio muy detallado de la evolución del sistema jurídico de Bolivia, desde el periodo colonial hasta nuestros días que, en su último capítulo, da cuenta de la reforma que llevó a que se elijan a los jueces en ese país. El estudio está disponible aquí.
Hay algunas comparaciones con menor o mayor grado de sistematización. En este texto publicado en Guatemala se ofrece un buen resumen general del tema, con una comparación que incluye a México. Comparaciones más profundas y elaboradas se pueden consultar en esta página que sostiene la Universidad de Georgetown en la capital de Estados Unidos. También es útil esta comparación de los poderes judiciales de América Latina publicada por una revista académica de derecho colombiana.
En todo caso, la información que presentó la conferencia de prensa de este miércoles 18 de octubre estaba afectada por inconsistencias que conviene señalar.
Los otros datos
Es claro que el Poder Judicial Federal y los 32 poderes judiciales de las entidades en México requieren de una reforma profunda. Lo que no queda claro es si la elección de los jueces, magistrados y ministros sea el mejor mecanismo para lograrlo y tampoco es claro que la información que ofrece la Presidencia de la República sirva para tener un debate serio a propósito del futuro del sistema de justicia en México.
En la primera de las diapositivas que aparece a continuación, la Presidencia incluyó a 14 países en una muestra muy desigual. Están con México, algunos países de América Central y del Sur, además de Estados Unidos, España y Francia.
Las diferencias tienen que ver con el régimen de cada uno de sus países. América Central, Bolivia, Perú, Chile y otros países de América del Sur, además de Francia, tienen un régimen central, a diferencia de los regímenes federales que existen en México, Estados Unidos, Brasil, Argentina o del régimen autonómico que existe en España, que es más complejo porque ahí el rey conserva como una de sus facultades la de intervenir en la designación de los integrantes del Tribunal Supremo, como se puede ver en este Real Decreto.
Además, están las diferencias en las tradiciones jurídicas de los países de la muestra, que son más relevantes cuando se compara a México con su vecino al norte. Estados Unidos sigue la así llamada Common Law, que da a los tribunales de apelación, a los Tribunales Superiores y, sobre todo, a la Suprema Corte de Justicia de ese país el poder de reformar en los hechos las leyes, cosa que no ocurre en los países que tienen sistemas híbridos derivados del derecho español y francés, como en el caso de México y la mayor parte de América Latina.
En particular, en México, por ejemplo, existe el problema de la llamada Fórmula Otero que impide que un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea aplicable de inmediato a otros casos similares. Asuntos similares deben litigarse varias veces, cosa que no ocurre, por ejemplo, con los fallos de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.
Por último, está el delicado problema del tamaño de la población de cada país, que es algo de lo que la conferencia de prensa de López Obrador no dijo cosa alguna. No es lo mismo gastar 500 millones de euros o dólares en un país de cinco millones de habitantes que gastar los mismos 500 millones de euros o dólares en uno de 50 millones de habitantes.
Para facilitar la comparación, en la tabla 1, que aparece a continuación, se recuperan los mismos datos del gráfico que usó la Presidencia de la República, pero se agrega la información relativa a la población de cada uno de los países elegidos por la propia presidencia y se ofrece un cálculo muy simple del gasto per cápita en el Poder Judicial de cada país.
Primero se presenta el cálculo en dólares de Estados Unidos, que fue la moneda que utilizó para su comparación la propia Presidencia de la República y luego en pesos mexicanos, según la cotización del miércoles 18 de octubre, de 18.25 pesos de México por cada dólar de Estados Unidos, según la reportó ese día Google Finance.
Estados Unidos, como se puede ver en la tabla 1 tiene una población 2.61 veces el tamaño de la de México. Brasil tiene poco más de una y media veces la población de México, 1.69 para ser precisos. Colombia y el resto de los otros países tienen poblaciones menores a la de México. Costa Rica con sus poco más de cinco millones de habitantes, es del tamaño demográfico de Baja California, por ejemplo y esa cifra representa la mitad del tamaño de Honduras con sus más de diez millones de habitantes. Bolivia tiene cerca del diez por ciento de la población de México.
En la gráfica que se presenta a continuación se consideran, en el mismo orden de la gráfica de Presidencia de la República, los mismos países. Sólo se ha dividido el total del gasto por el total de la población y, en lugar de presentar los valores en dólares de Estados Unidos se usan pesos mexicanos a la cotización del mismo 18 de octubre de 2023.
Lo que se puede ver en esta gráfica es que hay países que gastan mucho más que México. Incluso algunos con un grado de desarrollo similar o menor a México, como en el caso de Colombia.
Sería necesario, en una comparación más elaborada y sistemática, agregar el grado de desarrollo de cada uno de los países. En un caso así, emergerían otras dificultades al comparar a México con Estados Unidos, Francia o España, dadas las diferencias en el grado de desarrollo de esos cuatro países, como lo es también comparar a México con Honduras o Bolivia.
Diagnóstico vs. arenga
Aunque todos estamos de acuerdo en que se debe reformar el desempeño del Poder Judicial Federal y de los 32 poderes judiciales de las entidades de la República se requiere de datos serios, certeros, y de diagnósticos que identifiquen los problemas y que no sirvan sólo como parte de la arenga político-electoral.
Lo que demuestra el análisis muy elemental que presenta Los Ángeles Press en este texto es que al usar los datos que ofreció Presidencia de la República, con la información disponible para la población de esos 14 países, se puede observar que el gasto per cápita de México no es el más elevado o abultado.
En la siguiente gráfica se combinan en las columnas o barras y con los números en rojo el total que la empleada de la Presidencia de la República presentó en su diapositiva durante la conferencia de prensa del 18 de octubre. Ese valor se combina con el dato reportado por la línea color naranja y los números en negro, que aluden al monto total por año por habitante para cada país. Ese valor se expresa en dólares, que fue la moneda que usó la Presidencia de la República en su comparación.
Lo que se puede observar es que México invierte 652 pesos (35 dólares) por persona en sostener el Poder Judicial. Aunque Estados Unidos efectivamente gasta menos (475 pesos o 26 dólares al año por persona), lo que se explica por las diferencias en las atribuciones de los poderes judiciales a ambos lados del río Bravo, Costa Rica gasta o invierte cinco veces el monto destinado en México, con casi 179 dólares o tres mil 263 pesos al año por persona al año. De nueva cuenta, Colombia invierte (o gasta, según se quiera ver) más por persona o por habitante en su Poder Judicial. Colombia destina a su Poder Judicial dos veces el valor de lo que México destina a ese mismo poder.
Es importante destacar que incluso cuando las comparaciones ocurran entre países de régimen federal, existen notables diferencias en términos de las atribuciones de los juzgados federales mexicanos respecto de los juzgados federales de Estados Unidos, Brasil o Argentina.
También debería considerarse que existen diferencias respecto de los procedimientos que se siguen en cada país, el tipo de periciales que cada país admite o exige de las partes en cada proceso, todo lo cual marca diferencias notables que no pueden soslayarse para hacer comparaciones simplonas o a modo.
En una serie que Los Ángeles Press publicó a mediados de año se comparó a los sistemas judiciales de América Latina, América del Norte, Filipinas y Sudáfrica en distintas categorías. Una de esas categorías fue la del número de jueces y en ese texto se demostró que una de las ventajas de Costa Rica respecto de México y otros países de América Latina es que tiene un mayor número de jueces por cada 100 mil habitantes que México, entre otros países.
De que se debe reformar a los poderes judiciales, el Federal y los de las 32 entidades, no hay duda. Lo que despierta sospechas es que se use información incompleta o inválida y que se use un modelo que, en los pocos ejemplos que lo usan de manera parcial o total, Estados Unidos y Bolivia, respectivamente, están lejos de ofrecer evidencia de que pudiera haber una mejora si se opta por elegir a los jueces, magistrados y ministros.
Debe considerarse además que, en México, a diferencia de Estados Unidos o Argentina, los nombramientos para ministros del máximo tribunal no son vitalicios. En ese sentido, aunque el modelo mexicano puede mejorar en muchos aspectos de su funcionamiento, sería necesario reconocer que tiene rasgos positivos que valdría la plena preservar para evitar que se replicara en México lo que hemos narrado para el caso de Estados Unidos en Los Ángeles Press.
¿Qué impediría que, por ejemplo, en México el movimiento de Eduardo Verástegui aprovechara la experiencia de Leonard Leo en Estados Unidos para secuestrar las elecciones de jueces?
Presidencia sólo dice que es mejor elegir a los jueces, pero no hay claridad respecto de qué criterios, límites o salvaguardas habría para hacerlo. Esa pregunta es más relevante cuando el propio titular de la Presidencia se niega a acatar las órdenes de la autoridad electoral y no pierde ocasión para hacer campaña por su candidata a la presidencia en las elecciones de 2024, como ocurrió este mismo miércoles 18, minutos después de que aparecieran en la pantalla del Salón Tesorería de Palacio Nacional las gráficas sobre el costo del Poder Judicial y los sueldos de los ministros de la Suprema Corte.