Alfredo Griz Cruz Jueves, 23 de Enero del 2025
En Estados Unidos, más de 20 fiscales estatales suscriben la idea de usar la figura de terrorismo para ir tras los cárteles.
Despacho 14. El violento oficio de escribir. La figura de terrorismo plantea problemas como la inestabilidad política y social, pero ofrece al gobierno la oportunidad de sacudirse la corrupción y complicidad.
Por Alfredo Griz Cruz
Una definición común de terrorismo es la “actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social”.
Es decir, es un medio por el cual se pretende infundir miedo en la sociedad mediante la realización de actos en contra de la población civil, al tiempo de demostrar los alcances de los grupos que lo perpetran.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) expresó acerca de este delito: “constituye una amenaza importante a la paz y la seguridad internacionales. Los actos terroristas son la culminación de procesos que a menudo comienzan con la radicalización, la formación de opiniones extremistas y la aceptación de la violencia como medio para intentar un cambio” (tomada de este texto de 2023 de esa instancia de la ONU).
Por ello, en diferentes momentos de la humanidad, y en distintas latitudes, estos ilícitos se han cometido de forma cobarde y cruel, con miles de decesos, daños físicos y mentales a la sociedad, así como pérdidas financieras.
El Consejo de Seguridad de la misma ONU mediante su resolución 2178 de 2014 refiere que:
El terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales; y que los actos de terrorismo son criminales e injustificables, cualquiera que sea su motivación y donde quiera y por quien quiera que sean cometidos; y resuelto a seguir contribuyendo a reforzar la eficacia de todos los esfuerzos por luchar contra este flagelo a nivel mundial.
El texto completo de la resolución, en inglés, está disponible aquí.
En México y en especial en el Senado de la República, se ha reconocido que prácticamente en nuestro país si hay terrorismo, algo que políticamente no se ha querido aceptar pero que legalmente, sociológicamente ya quedó asentado en diversos estudios realizados por la Cámara Alta del Congreso de la Unión.
Este texto aborda esta situación y cómo se percibe política y socialmente en el territorio nacional. Es posible referir a estas actividades como una amenaza a la paz y la seguridad ciudadana a escala internacional, además de referir ciertos esfuerzos realizados por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) para prevenir y erradicar estas actividades criminales.
Podemos señalar que de forma legal ya se tiene contemplado en el Código Penal y se tienen definidas penas aplicables a quienes incurran en estas actividades, sin embargo, ante la nueva realidad internacional, en que el presidente de Estados Unidos apunta a declarar terroristas a los grupos del narcotráfico, México enfrenta una situación que cambia toda la geopolítica de la región y de América Latina, dado que narcotraficantes hay en todo el continente.
En esa lógica la ya referida ONU impulsó de forma unánime un acuerdo denominado la Declaración de Nueva Delhi, a fin de que los países signatarios unan esfuerzos para evitar que las nuevas tecnologías sean utilizadas por grupos criminales y/o terroristas para dañar a las sociedades u obtener recursos financieros.
El Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU enfatiza “la importancia de los derechos humanos, de la colaboración entre el sector público y el privado, del compromiso de la sociedad civil y de cómo vamos a trabajar juntos en este reto. También invita a la Secretaría del Comité a desarrollar un conjunto de principios rectores, que serán el resultado de una intensa reflexión con todos los socios.”
Ese objetivo se asumió en 2022 y México lo suscribió.
Y es que se han registrado atentados como el auto bomba en Plaza Universidad de la Ciudad de México; o la destrucción de torres de electricidad en distintas entidades federativas en enero de 1994; el atentado de Barcos Caribe en Playa del Carmen, sólo por enumerar algunos ejemplos ocurridos en México.
En fechas recientes, algunos activistas han propuesto “analizar la procedencia de declarar grupos terroristas a organizaciones que en una o más ocasiones cometan ilícitos con el fin de controlar territorios e instituciones, afectar la paz social y la seguridad nacional.”
La propuesta más reciente ocurrió en el marco de la reunión de mandatarios de América del Norte celebrada en Palacio Nacional del 9 al 11 de enero de 2023. Los proponentes hacían ver que se trata de un problema que puede afectar tanto a México, a Estados Unidos o a Canadá.
Algunas voces han hecho llamados para considerar los actos de violencia ocasionados por la delincuencia organizada en México como actos terroristas. Incluso y de manera preocupante existen testimonios de personas afectadas que han dado cuenta de que las compañías aseguradoras han clasificado estos daños en la categoría de terrorismo, a fin de no pagar los gastos resultantes de actos como robo y quema de vehículos, por ejemplo.
En ese sentido, expertos consideraron que por lo que hace al debate sobre si existen en México prácticas terroristas ha ocurrido en repetidas ocasiones en los últimos 15 años.
En Estados Unidos, cuando se discute la llamada agenda bilateral, se insiste en la necesidad de proceder en esa lógica. Al respecto, el fiscal general de Virginia, Jason Miyares encabezó una coalición de 21 estados que pidieron en febrero de 2023 al expresidente Joe Biden designar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas.
Pactos con el crimen
La propuesta no prosperó, pero uno de los primeros actos como presidente de Donald Trump fue firmar un decreto que avanza en esa lógica, algo que la clase política mexicana ha resistido por la corrupción y porque generaría inestabilidad política, por los pactos que existen entre criminales y políticos.
El efecto del decreto de Trump será que forzará un cambio en las políticas públicas americanas para contrarrestar las operaciones de la delincuencia organizada procedente de nuestro país.
Debe considerarse que entre los fiscales estatales que apoyaron la propuesta de Miyares están los de Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kentucky, Luisiana, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Hampshire, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental, que representan a cerca de la mitad del país.
Ello, además, va de la mano de los cambios que Trump impulsa en materia de migración.
Mike Pompeo, secretario de Estado (2018 -2021) de la primera gestión de Trump refirió en su libro Never give an inch (Nunca cedas una pulgada) que en los espacios donde los cárteles del narcotráfico de México ejercen sus dominios, también pueden brindar refugio seguro a terroristas, que pueden atacar a México o Estados Unidos.
De acuerdo con Pompeo, estas bandas son ejemplos de la manera en que el terrorismo se vale de las estructuras del crimen organizado. Por ello, los gobiernos, la sociedad, los medios de comunicación, académicos y líderes de opinión tienen el reto de encontrar métodos eficaces para entender y enfrentar a este fenómeno de manera conjunta.
Es importante no caer en el círculo perverso de causar más temor en la mente de la gente, en distintos textos de quien esto escribe se ha dado cuenta del alcance de las operaciones de grupos de terroristas internacionales que entrenan, se asocian, hacen negocios y asesoran a diversos carteles de la droga en México.
Se ha documentado cómo el narcotráfico se asocia con grupos yihadistas o con Hezbollah, además de vínculos con la guerrilla colombiana, grupos paramilitares de Venezuela. Esas relaciones florecen en un contexto que facilita el comercio internacional de armas y drogas. A ello, de manera creciente, agregan el tráfico de personas para distintos fines.
Ello explica que el tema se haya discutido en las elecciones de 2024 en Estados Unidos. En Texas, por ejemplo, el congresista republicano de Texas, Dan Crenshaw, propone el uso del ejército de su país para enfrentar a las bandas delictivas que trafican el fentanilo desde México.
Su postura ganó favor en la opinión pública de ambos países luego de la desaparición de cuatro estadunidenses en Matamoros, Tamaulipas, a inicios de marzo de 2023 que terminó con la muerte de dos de ellas.
Tradición criminal en México
Por su parte, Yuriria Rodríguez Castro, experta en estos temas, señala que el terrorismo es un acontecimiento que ocurre en nuestro país, debido a que “forma parte de la tradición y la vanguardia criminal en México.
En especial, esta realidad se documenta en agresiones por parte de la delincuencia organizada contra la población civil tal como las granadas lanzadas hacia la población que presenciaba la ceremonia del grito de independencia en la ciudad de Morelia, el 15 de septiembre de 2008. “¿Por qué tendría que interesar el fenómeno terrorista y su prevención en México? Porque la violencia del terrorismo nos permitirá acercarnos a una teoría más general sobre el alcance de la escena del crimen y sus patrones a nivel global”.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contiene disposiciones específicas sobre el concepto de terrorismo. Sin embargo, el delito sí está tipificado en leyes secundarias tales como el Código Penal Federal (CPF), en que la conducta está señalada en su artículo 139, párrafo I, con penas de prisión de quince a cuarenta años y cuantiosas multas.
El Código también tipifica otras conductas inherentes al terrorismo en sus artículos 11 Bis (imposición de consecuencias jurídicas para personas que realicen actos de terrorismo); 97 (delito por el cual las personas procesadas no tienen posibilidad de indulto por parte del Ejecutivo Federal); 123 fracción XV (traición a la patria); en el Libro segundo título primero: Delitos contra la seguridad de la Nación capitulo IV Terrorismo.
También lo hace el artículo 139 (pena de prisión de quince a cuarenta años y multas); el 139 bis (penas por encubrimientos de terroristas); 139 ter (penas a quienes realicen amenazas asociadas al terrorismo); Capítulo VI bis: del Financiamiento al Terrorismo (artículos 139 y siguientes); penas severas a quienes instiguen, inciten o inviten a militares en ejercicio a realizar actos terroristas (artículo 142); y a los funcionarios públicos de los tres poderes y órdenes de gobierno que realicen o inciten a este tipo de conductas criminales.
De la misma forma el Capítulo II del Código refiere delitos contra el derecho internacional, entre lo que destaca el capítulo III, terrorismo internacional. Al respecto, se fijan los actos ilegales y penas a quienes cometan dichas conductas (artículos 148 bis y siguientes); así como dos transitorios más. El texto completo del Código está disponible aquí).
Aunado a lo anterior, el CPF señala también la figura del terrorismo. En ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales refiere al terrorismo como delito que amerita prisión preventiva oficiosa (artículo 167). En tanto, la Ley de Seguridad Nacional (disponible aquí) establece, en su artículo 5, que el terrorismo es una amenaza grave para el desarrollo óptimo del país; y en ese numeral en su fracción X “Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas”.
Por su parte, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (disponible aquí) señala al terrorismo como un acto ilegal realizado por tres o más personas en su artículo 2; dicho numeral también señala a esta actividad como una conducta tipificada en esta Ley, así como la penalización del terrorismo internacional I.
A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación. II. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional.
¿Por qué la reacción?
Teniendo esos antecedentes, así como el Cuaderno de Investigación número 97 de Juan Pablo Aguirre Quezada, publicado hace dos años por el Senado de la República y disponible aquí sorprende la reacción del gobierno de México.
El problema es que el gobierno no quiere reconocer que las organizaciones criminales sí han efectuado actos de terrorismo contra la población civil y las mismas fuerzas militares. Basta recordar los vehículos blindados y las muertes por minas terrestres en Michoacán, Jalisco o, más recientemente, Chiapas, así como los ataques de drones explosivos en Sinaloa y Durango.
El aceptar que se ejecutan actos terroristas en México no sólo implica aceptar la injerencia de autoridades de otros países a territorio nacional. Implica asumir las consecuencias de pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas, en cuyo seno México ha firmado los tratados que versan sobre terrorismo.
También implica reconocer el fracaso político y social de la clase política y la mala administración pública que, en la práctica, es un desastre. Implica aceptar que la clase política tiene nexos profundos y sólidos con el crimen organizado, pues son ellos quienes los han dejado crecer.
La culpa de las organizaciones criminales en México es del gobierno de México, que les ha permitido hacer e incluso les ha ayudado a crecer. Las autoridades crearon un monstruo que no pueden controlar y los devora, al tiempo que consume al país.
Pero ahora con esta nueva declaratoria de los Estados Unidos, las cosas se le salen de control al gobierno de México, muchos gobernadores tendrán que tomar distancia de sus socios narcotraficantes, jueces, mandos policiacos y militares, porque también ellos serán considerados como terroristas y el vecino del norte no juega y hará lo necesario para ir por ellos.
A México no le debería importar qué país es el que más consume drogas, nos debería importar controlar la criminalidad, los asesinatos, las ejecuciones, la corrupción tan ponderada ya que pareciera que el crimen es el que manda en realidad.
El gobierno federal tiene la oportunidad de sacudirse al crimen organizado y darle un nuevo rumbo en materia de seguridad y paz social al país, sin embargo no se atisba haya una salida pronta al tema.
Iniciamos el año con grupos terroristas que operan en México, con nexos con políticos, policías y militares, que pagan influencers para promocionar y hacer apologías de la violencia, o a productores como Epigmenio Ibarra ,que es el creador de narco series, sin perder de vista que el gobierno le hizo un préstamo de 50 millones de pesos para continuar en la apología del narcotráfico, ahora terroristas.
Hay que esperar a ver si el gobierno federal da un golpe de timón y apuesta a ser más inteligente y, esta vez, sí preocuparse por la sociedad civil.
Por lo pronto, Trump los puso a sudar. Están camino a ser oficialmente terroristas. Además, es difícil eludir la idea de que se impondrán aranceles que acrecentarán la crisis económica en el país, incluidos los precios de la gasolina que ya acaricia los 28 pesos por litro.