Guadalupe Lizárraga Viernes, 09 de Enero del 2026
El expediente de Jorge Lugo Serrano exhibe cómo la prisión preventiva se usa como castigo sin control judicial.
Por Guadalupe Lizárraga
CIUDAD DE MÉXICO.— Jorge Lugo Serrano lleva casi 23 años privado de la libertad sin sentencia. Fue torturado al momento de su detención y hoy padece enfermedades crónico-degenerativas que han deteriorado de forma progresiva su salud física y mental. Su caso, documentado y presentado de manera reiterada ante autoridades federales e instancias de derechos humanos, permanece sin una respuesta efectiva del Estado mexicano.
Desde 2022 y de forma continua en 2023 y 2024, familiares y defensores han solicitado la intervención de la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, para que se revise su expediente, se valore la tortura acreditada y se impulse un cambio de medida cautelar. Sin embargo, esto no ha ocurrido.
El proceso penal de Lugo Serrano corresponde a la causa penal 1/2024, radicada en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Tercer Circuito, con sede en Puente Grande, Jalisco. Pese al tiempo transcurrido, casi 23 años de su reclusión, no existe sentencia en su caso. La prisión preventiva, en los hechos, ha sido una condena por tiempo indefinido.
Existe evidencia documental de que el Estado está informado de su situación con oficios emitidos por la Secretaría de Gobernación y registrados en el Sistema Integral de Normatividad. Incluso uno de los documentos, que refiere a un juicio de amparo con el número de expediente 191/2021, se limita a dejar constancia de que la autoridad fue informada, sin ordenar revisión del expediente, sin pronunciarse sobre la tortura acreditada ni impulsar un cambio de medida cautelar.
Tortura acreditada, revictimización persistente
A Jorge Lugo Serrano se le han practicado dos protocolos de Estambul. El primero fue presentado con un resultado negativo. No obstante, la defensoría pública apeló esa conclusión y solicitó un segundo dictamen que resultó positivo, conforme a las directrices internacionales del propio manual, confirmando que efectivamente había sido víctima de tortura.
No obstante, a pesar de los resultados y condiciones de salud deteriorada, no se le dieron medidas de protección o la revisión inmediata del proceso. Por el contrario, el resultado positivo de su protocolo lo llevó a una nueva etapa de revictimización. Las autoridades lo sometieron a un tercer protocolo, en discordia, que hasta ahora no se ha realizado por omisiones administrativas y diferimientos reiterados, según la información del activista de derechos humanos penitenciarios Alejandro López Ponce de León. Esa dilación es la que mantiene en riesgo su libertad personal y prolonga una prisión preventiva que ya supera las dos décadas, lo que representa una grave violación a sus derechos humanos.
Enfermedad y encierro prolongado
El deterioro de la salud de Lugo Serrano es un daño moral que el Estado mexicano le está ocasionando. Las enfermedades crónico-degenerativas que padece —derivadas, según el propio expediente, de la tortura sufrida y del encierro prolongado— han afectado su condición física, emocional y mental. Permanecer más de veinte años en un penal federal sin sentencia no sólo vulnera los estándares internacionales en derechos humanos, sino que agrava de manera irreversible su estado de salud como las mismas secuelas de las torturas.
Aun así, las solicitudes formales para que la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia colabore en el estudio del expediente y oriente un cambio de medida cautelar han quedado sin respuesta sustantiva. Las peticiones administrativas existen; los resultados, no.
Un caso que se repite con el silencio institucional
El caso de Jorge Lugo Serrano no es un expediente desconocido. Su situación ha sido expuesta en mesas de trabajo ante la Comisión legislativa de derechos humanos en el Senado de la República, en gestiones ante la Secretaría de Gobernación y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualmente, sus representantes esperan una fecha para retomar formalmente el caso con la intermediación de la titular de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Nestora Salgado, quien ha acompañado estos planteamientos en el ámbito legislativo.
Lo que persiste es un patrón de indiferencia gubernamental pese a la documentación suficiente del caso y las solicitudes reiteradas de los activistas de derechos humanos. La prisión preventiva por más de 22 años supera por dos décadas el límite que establece la Constitución mexicana. Aun así, el caso sigue entrampado judicialmente ante la indiferencia de las autoridades.
Mientras éstas posponen dictámenes, bloquean revisiones y dejan morir las solicitudes en la burocracia, Jorge Lugo Serrano sigue preso sin sentencia, con secuelas físicas y mentales que se profundizan cada día. Sostener esta prisión ilegal implica asumir el costo de una vida que el Estado mexicano consume.