La omisión permite a la CIDH avanzar hacia un pronunciamiento internacional sin que el Estado mexicano haya presentado argumentos de defensa.
Los Ángeles Press
La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) denunció que el Estado mexicano incumplió el plazo legal para responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del preso político Antonio Barragán Carrasco, víctima de detención arbitraria, tortura y uso prolongado de prisión preventiva.
De acuerdo con la organización y con la Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, encargada del litigio internacional, la petición P-587-25 fue presentada ante la CIDH el 24 de marzo de 2025. Meses después, el 9 de septiembre del mismo año, el organismo interamericano notificó formalmente al Estado mexicano, que contaba con un plazo improrrogable de cuatro meses para presentar observaciones.
Ese plazo venció el 9 de enero de 2026 sin que el gobierno federal enviara respuesta.
Seis meses después de la notificación, la propia CIDH confirmó a la parte peticionaria que México no ha remitido observación alguna, por lo que la Comisión se vio obligada a reiterar la solicitud ante la instancia gubernamental correspondiente.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino Mesino, sostuvo que la omisión del Estado no puede leerse como un simple retraso administrativo, sino como una decisión política que agrava la falta de acceso a la justicia de la víctima.
Violaciones graves documentadas
El caso de Antonio Barragán Carrasco, impulsado por la OCSS, denuncia graves violaciones a derechos humanos atribuidas al Estado mexicano. Entre ellas destacan detención arbitraria, actos de tortura, uso prolongado e injustificado de prisión preventiva.
La Red Solidaria recordó que estas conductas contravienen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros estándares internacionales en materia de debido proceso.
En particular, subrayó que la prisión preventiva oficiosa y extendida ha sido señalada por la propia CIDH como uno de los problemas estructurales más graves del sistema de justicia mexicano.
El proceso seguirá pese al silencio oficial
La organización explicó que, conforme al reglamento de la CIDH, la falta de respuesta del Estado no suspende el trámite del caso.
Por el contrario, la Comisión puede continuar con el análisis de admisibilidad con base en los elementos aportados por la parte peticionaria e incluso diferir esa revisión hasta el estudio de fondo, bajo la Resolución 1/16 sobre reducción del atraso procesal.
Esto abre la posibilidad de que México enfrente un pronunciamiento internacional sin haber presentado un solo argumento de defensa.
Para las organizaciones acompañantes, el mensaje que deja esta omisión es preocupante: las víctimas de violaciones graves a derechos humanos deberán seguir buscando justicia internacional a pesar del Estado y no con su colaboración.
Exigen respuesta inmediata
La OCSS y la Red Solidaria exigieron al gobierno mexicano:
- comparecer y responder con transparencia ante la CIDH en el caso P-587-25
- garantizar acceso efectivo a la justicia para Antonio Barragán Carrasco
- investigar la tortura, la detención arbitraria y la prisión preventiva denunciadas
- asumir la responsabilidad internacional del Estado frente a la impunidad
El caso se perfila como una nueva prueba para la relación de México con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en un contexto marcado por cuestionamientos persistentes sobre tortura, detenciones ilegales e impunidad.