Sheinbaum también habló sobre sarampión, la ley de desaparecidos, el desabasto de medicamentos y el derrame en el Golfo de México, bajo el tono oficial de negar crisis.
En abril se cumple un año del inicio de la crisis del gusano barrenador que ha decimado a la ganadería del norte de México sin que haya respuestas concretas de Sheinbaum.
Los Ángeles Press
La actividad de este martes 31 de marzo en Palacio Nacional estuvo centrada, al menos en el diseño original del gobierno de Claudia Sheinbaum, en temas de salud.
Hoy se reiteró que el problema del sarampión está resuelto y que todos los planes del gobierno marchan viento en popa. A diferencia de su antecesor, ya no se recurre a comparaciones estrafalarias con países como Dinamarca, pero la actitud de fondo sigue siendo la misma: negar que haya problemas y apostar a que el público acepte que, de alguna manera, las cosas deben verse desde una óptica distinta, aunque los propios números oficiales contradigan el discurso gubernamental.
Fuera de programa, Sheinbaum se refirió brevemente al tema del secuestro, desaparición y ejecución del periodista Alfredo Jiménez Mota. No es que lo considerara prioritario; ocurrió sólo porque uno de los asistentes a la actividad en el Salón Tesorería planteó el tema, lo que dio pie a la respuesta ya de cajón del actual gobierno: se informará más adelante.
El caso de Jiménez Mota se remonta a la primera década de este siglo y ha sido motivo de distintas investigaciones en Los Ángeles Press durante los últimos diez años. Un posible punto de entrada a esas investigaciones son las revelaciones sobre la participación de autoridades policiales de Sonora. Es el texto de 2022 que aparece después de este párrafo.
Sheinbaum se limitó a decir que pedirá a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Fiscalía General de la República que informen. Como suele ocurrir, insistió en que la fiscal Ernestina Godoy, su exempleada tanto en la Presidencia como en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, “es autónoma”, por lo que cualquiera familiarizado con los eufemismos del habla de la clase política mexicana entenderá que no hay prisa por informar.
Quien lo dude, basta con analizar lo dicho en este párrafo por la titular del Ejecutivo: “Vamos a pedirle a la fiscal; como ustedes saben, tiene sus tiempos, es autónoma y es una persona muy sensible. Seguramente nos está escuchando y podrá informar al pueblo de México cuando esté en condiciones de dar un informe sobre las investigaciones”.
Habría que preguntar: ¿cuáles investigaciones? Sobre el caso de Jiménez Mota, al menos, no hubo un seguimiento serio en los gobiernos anteriores y, como en tantos casos de periodistas incómodos para el poder, se fabricaron culpables y se señaló de forma genérica a rivales de grupos narcotraficantes aliados con los policías que operaron junto a ellos el crimen.
Sobre la ley de desaparecidos
Sheinbaum se refirió, hacia el final de la actividad a otros temas vinculados con la realidad de los desaparecidos en México. Habló de la reciente ley aprobada por el Congreso de la Unión que, según ella, “está orientada a mejorar el registro forense y todas las capacidades necesarias para la identificación de personas fallecidas, especialmente en casos de muertes violentas”.
Según Sheinbaum, la nueva ley permitirá que quienes fallezcan de manera violenta “puedan ser identificadas lo más pronto posible”. Aunque reconoció que es una tarea de los gobiernos de los estados, insistió en el interés de su gobierno en lograr un avance, pues eso permitirá identificar a víctimas de delitos que pudieran ser reportadas después como desaparecidas. Según Sheinbaum será un proceso transparente, que exhiba registros completos y evite inconsistencias.
Como sea, en Palacio Nacional el tono es siempre el de un mitin de campaña de la Cuarta Transformación y no hay manera de que ni Sheinbaum o sus empleados reconozcan algún error.
El sarampión, a la baja, dice Clark
Además de suplicar a la Fiscalía que informe, cuando pueda, del caso de Jiménez Mota, tanto Sheinbaum como su subsecretario de Salud, Eduardo Clark hablaron del sarampión; otro de los problemas que Andrés Manuel López Obrador dejó crecer al relajar la compra de vacunas y no ofrecer una alternativa nacional real más allá de sus enjundiosas puyas contra el “modelo neoliberal”.
Fiel al guión de la Cuarta Transformación, Clark negó que haya dificultades. Según el subsecretario el sarampión va a la baja y, a pesar de los problemas que enfrenta México en estos temas. Como si se tratara de probar que a México no le preocupa que entren al país posibles portadores de la enfermedad, Clark reiteró que el gobierno del que forma parte no le pedirá a quienes vengan con motivo del Mundial de Fútbol que acrediten estar vacunados, por ejemplo, contra esa enfermedad.
Clark también estuvo a cargo de una porción de la actividad en que se insistió en que ahora sí el gobierno resolverá el problema de abasto de medicamentos para lo que buscarán que sean privados, nacionales o extranjeros, quienes hagan las compras.
A pesar de lo mucho que López Obrador y la propia Sheinbaum han criticado a los privados que operan en el ámbito de la salud, una vez más se argumentó que era posible recurrir a ellos para resolver los problemas de abasto de medicamentos que, a pesar de la Farmacia del Bienestar, la bodega farmacéutica gigante que López Obrador entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional en el Estado de México.
Poco antes, Sheinbaum había insistido en que su gobierno continúa investigando el derrame en costas del Golfo de México del que Los Ángeles Press ha informado en otros espacios.
La titular de la presidencia ironizó al decir “parece que no hacemos nada” pero negó que sea así. Los candidatos a ser culpables son o una falla en Cantarell o causas naturales, pero habrá que esperar a que el gobierno resuelva esa investigación.
El AIFA
En otra porción de la actividad, Sheinbaum se refirió al cuarto aniversario de la entrada en operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México, cerca de donde está la Farmacia del Bienestar. Según la titular de la presidencia el proyecto camina viento en popa.
Según se dijo los cinco estados más frecuentados desde o hacia esta terminal son Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, Yucatán y Oaxaca. En cuanto a destinos internacionales, las palmas se las lleva República Dominicana.
En opinión del gobierno, el proyecto es un éxito pues ya hubo un día, el 19 de diciembre de 2025, en que la terminal reportó un máximo histórico de 25,189 pasajeros y porque en los cuatro años de operaciones ha transportado a 18 millones de personas. En esos días de vacaciones, el Benito Juárez suele tener un mínimo de 150 mil pasajeros al día. E incluso si uno considera las estimaciones originales de López Obrador eran de un promedio de 20 millones de pasajeros al año, por lo que el máximo para los primeros cuatro años se queda corto y refleja que, en los hechos, la obra estandarte de la Cuarta Transformación opera entre un 20 o un 25 por ciento de la expectativa oficial, según qué tan severo se sea con el cálculo.
Respecto de la carga, uno de los temas que ha generado mayor molestia con las empresas de aviación de Estados Unidos a las que se les obligó a dejar el Benito Juárez, el AIFA ha recibido o enviado fuera de México más de un millón de toneladas transportadas, de las cuales el 97 por ciento corresponde a operaciones internacionales y el restante tres por ciento a operaciones nacionales.
Ése y otros temas de la agenda bilateral pasaron desapercibidos este martes en que estamos a un mes de que la crisis del gusano barrenador haya iniciado. En ese tema como en otros pocos es posible ver la peligrosa conjunción de las actividades del crimen organizado alentadas desde el gobierno de Tabasco, cuando Hernán Bermúdez Requena era secretario de Seguridad ahí y su amigo y protector, Adán Augusto López era, primero gobernador y luego secretario de Gobernación de López Obrador.
Fue ahí cuando y donde entró a México el gusano barrenador, gracias al trasiego de ganado robado en América Central, traído a México por el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha generado una situación desastrosa para los ganaderos del norte de México que, un año después del cierre de la frontera al ganado mexicano, siguen sin tener una respuesta.
Fue en abril de 2025 cuando empezaron a hacerse en Estados Unidos los primeros señalamientos contra México por el gusano barrenador y por el hecho que, además de estar afectadas por ese mal, las reses que se enviaban primero de América Central a México y de aquí a Estados Unidos, eran animales robados a sus dueños.
A días de que se cumpla un año, el problema sigue, con la frontera cerrada desde mayo de ese año y la destrucción de líneas de abasto que llevaron décadas construir.
Lo que es peor, al dejar que el Cártel Jalisco Nueva Generación se convirtiera en un actor del mercado ganadero en México, de manera implícita el gobierno de México le da algún pretexto a las políticas proteccionistas de Donald Trump pues siempre pueden usar el caso del gusano barrenador como prueba de que en México mandan los cárteles.
