El operativo que convirtió a Zambada en rehén de su propio cártel desnudó también las nuevas reglas del narco en México.
Por Diego Gastélum
La historia parecía un guion pensado para romper la lógica del narcotráfico mexicano: hombres armados irrumpiendo por una ventana para someter a Ismael “El Mayo” Zambada, el capo que durante décadas evadió capturas y traiciones dentro del Cártel de Sinaloa.
La operación, según reconoció este lunes Joaquín Guzmán López —hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien también se le conoce como Los Chapitos— no fue obra del Estado ni una estrategia conjunta entre gobiernos. Fue un secuestro planeado por él mismo para entregarle a su mayor rival a las autoridades de Estados Unidos.
El relato vuelve a ponerse en el centro de la atención un año después del operativo. Guzmán López se declaró culpable en una corte de Chicago por cargos de narcotráfico y reconoció su participación en el secuestro de un hombre cuyo nombre no mencionó, pero cuyas circunstancias coinciden con precisión quirúrgica con la carta que Zambada envió desde prisión en agosto de 2024.
“El Mayo” narró entonces cómo fue citado a una reunión en las afueras de Culiacán, donde supuestamente lo esperaban líderes del cártel y figuras políticas. Llegó confiado; salió esposado, drogado y rumbo a una extradición que él jamás hubiera permitido en vida libre.
La escena no fue un mero enfrentamiento entre facciones, sino un golpe planeado cuidadosamente. El documento judicial describe cómo un comando ingresó por el ventanal del lugar donde se realizaba la reunión, sometió a la víctima, la sacó por la misma ventana y la trasladó a una pista clandestina. Desde ahí partió una avioneta privada en la que solo viajaban Guzmán López, Zambada y el piloto. A bordo, le ofrecieron una bebida con sedantes que terminaría por entregar al capo más longevo del crimen organizado mexicano a las autoridades estadounidenses.
Washington negó desde el primer día haber participado en la operación. La información oficial establece que ningún organismo estadounidense pidió, aprobó o colaboró en el secuestro. Sin embargo, analistas de seguridad y especialistas en inteligencia coincidieron en algo que el gobierno nunca respondió a fondo: difícilmente una operación de este calibre —dentro del corazón de Sinaloa— pudo ejecutarse sin al menos conocimiento de estructuras militares o policiales de Estados Unidos.
El golpe provocó desconcierto en el gobierno mexicano liderado en ese momento por Andrés Manuel López Obrador y tensó las relaciones bilaterales en plena transición política. López Obrador exigió explicaciones al gobierno de Estados Unidos y su Fiscalía, bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero, abrió la puerta a investigar a Guzmán López por traición a la patria, en lugar de celebrar la caída del narcotraficante más buscado del país.
Pero la captura no fue un cierre, sino el inicio de una nueva pugna. Tras la detención de Zambada y Guzmán López en julio de 2024, el Cártel de Sinaloa entró en una guerra interna que transformó el mapa criminal del noroeste del país. La disputa entre estructuras de mando continúa hasta hoy con menos intensidad, pero de manera sistemática, pese al despliegue militar reforzado bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Hoy, el juicio en Chicago reconstruye los hechos y revela la fractura profunda dentro del Cártel de Sinaloa. Un capítulo que el Estado mexicano jamás controló desde el apoyo dado por Genaro García Luna bajo el gobierno de Vicente Fox y posteriormente con el de Felipe Calderón.
La caída del líder histórico del cártel fue la prueba de que la lucha por el poder en el narcotráfico mexicano ya no se disputa contra el gobierno, sino entre los propios capos que alguna vez fueron aliados.