Alfredo Griz Cruz Martes, 02 de Diciembre del 2025, 00:00
La red que compró a Pemex: el imperio subterráneo de Rovirosa y la huida de Ávila Lizárraga.
Los contratos de Pemex bajo investigación alcanzan un valor estimado de 2.5 millones de dólares.
Despacho 14El violento oficio de escribir
Por Alfredo Griz
Cuando la luz se enciende en la sala 5A de la Corte del Distrito Sur de Texas, no sólo inicia un juicio: se expone la radiografía más brutal de cómo se mueve la corrupción dentro de Pemex durante el sexenio que más presumió de haberla erradicado. En medio del estrado, separado de su caído imperio de contratos petroleros, está Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, empresario, residente legal en Estados Unidos, acusado por cuatro cargos federales que incluyen conspiración y sobornos en el extranjero.
Frente a él, un expediente que abarca de 2019 a 2021, y que detalla sobornos por 150,000 dólares entregados a funcionarios clave de Pemex. Detrás de él, la sombra del hombre que lo acompañó en cada movimiento: Mario Alberto Ávila Lizárraga, exdirectivo petrolero, panista, fugitivo desde antes del inicio del proceso.
En ese tribunal, lo que se juzga no es solo a un empresario. Lo que está en juego es un modelo entero de operación clandestina que ocultó, durante años, el tráfico de contratos multimillonarios, el desvío de recursos, la manipulación de auditorías internas y la compra directa de funcionarios estratégicos de la empresa más importante del país. Pemex, otra vez, aparece como un cuerpo perforado, dejado a merced de operadores privados que supieron leer cada grieta, cada vacío, cada urgencia administrativa. Y la historia completa quedó preservada en algo tan banal como los mensajes de WhatsApp del socio prófugo.
La comedia del lujo y el delito
En los mensajes obtenidos por la investigación, hay frases que desnudarían a cualquier acusado:
—“Hay que cumplir el trato.”
—“Si nos resuelve el problema, le llega la Vuitton.”—“El Hublot es para asegurar el contrato.”—“Un Hublot como comisión, jaja.”No son invenciones literarias: son expresiones textuales. Tras ellas, están el envío real de un reloj Hublot valuado en 12,500 dólares, una bolsa Louis Vuitton, transferencias en efectivo y pagos que suman los mencionados 150,000 dólares. Todo para asegurar contratos y apagar auditorías internas que amenazaban su red de intereses.
Mientras tanto, los dos operadores de esta maquinaria se movían con total seguridad. Ambos eran residentes legales en Estados Unidos desde 2016. Ambos viajaban entre Texas y México con la libertad de quienes creen que la justicia es solo un trámite negociable. Y ambos operaban con empresas que ya tenían décadas de trayectoria dentro de las licitaciones y adjudicaciones de Pemex.
Lo irónico es que el contraste no podía ser mayor: mientras el gobierno mexicano hablaba de “rescatar a Pemex” e invertía miles de millones para mantenerla viva, en su interior algunos funcionarios negociaban relojes y bolsas como si fueran comisiones aceptables.
La estructura: contratos, pozos y millones
El caso no ocurre en un vacío. Para entender su dimensión real hay que mirar el mapa completo de los negocios de Rovirosa.
Tubular Technology e Isa Data es el par de llaves maestras. Estos dos nombres aparecen repetidos una y otra vez en documentos petroleros. Son empresas que, en conjunto, acumularon 19 contratos con Pemex y sus subsidiarias: construcción de pozos, mantenimiento, adquisición de materiales, proyectos de gasoductos. En total, su valor estimado asciende a 746 millones de pesos. No eran firmas improvisadas: estaban integradas, operativas, con estructura y capacidad para competir en lo que, en teoría, debería ser un sistema de licitaciones limpias. Pero ese sistema nunca fue limpio.
Mientras los sobornos ocurrían entre 2019 y 2021, estas empresas se movieron como si nada. Incluso después, entre 2023 y 2024, reportaron ventas por 2.03 millones de dólares, de los cuales 1.24 millones provenían directamente de sociedades vinculadas a Rovirosa.
El campo VC-01: el verdadero tesoro
La joya de la corona del esquema de Rovirosa fue el bloque VC-01, un campo petrolero ubicado en Veracruz, con una extensión de 125 kilómetros cuadrados, concesionado por 30 años.
En un solo año de operación, ese bloque generó para el empresario 1.2 millones de dólares. Registros de producción señalan que desde 2020 se han extraído más de 160,000 barriles de ese territorio. Sin embargo, un dato inquietante destaca: las regalías pagadas fueron más bajas de lo esperado, dejando amplios márgenes de beneficio para la empresa operadora.
La pregunta que ronda el juicio —pero aún no se escribe en voz alta— es si los sobornos también tuvieron que ver con la obtención y blindaje de ese campo. La coincidencia temporal no ayuda al acusado.
Los intentos de fugas legales
El comportamiento de Rovirosa frente al tribunal fue casi un manual de cómo un acusado con recursos intenta tumbar un caso antes de entrar a juicio.
Intentó desestimar las pruebas, alegando errores de traducción. Intentó invalidar mensajes, alegando que fueron presentados fuera de plazo. Intentó declarar prescritos los cargos, afirmando que los hechos terminaron en abril de 2020. Intentó desligarse de cualquier relación con crimen organizado. Y finalmente, intentó que el tribunal le autorizara un viaje a San Miguel de Allende, para una “celebración combinada de boda y cumpleaños”.
La corte rechazó todos los puntos. Negó cada solicitud. Y expuso la razón más contundente: Rovirosa tiene los recursos y las conexiones para huir. Peor aún, su socio sigue escondido en el mismo país al que él pedía viajar.
La imagen fue devastadora para la defensa: pedir vacaciones familiares mientras enfrenta cargos federales por corrupción internacional dejó en claro la desconexión entre la gravedad del caso y la percepción del acusado sobre su propia vulnerabilidad.
Ávila Lizárraga: El fantasma que aún no cae
Para los fiscales estadounidenses, el punto más sensible del caso no está frente al estrado: está en México.
Mario Alberto Ávila Lizárraga, exdirectivo petrolero, panista con trayectoria y contactos, conoce desde adentro la arquitectura oculta de Pemex. Entendía procesos, flujos, firmas indispensables, y sabía exactamente qué funcionario tenía la llave del contrato correcto. En las conversaciones recuperadas, él es quien coordina, sugiere, planea y evalúa a los funcionarios que podían “ayudar”.
El hecho de que siga prófugo es más que una anécdota. Para Estados Unidos es un mensaje: hay una estructura de protección que sigue vigente. Y para el juicio de Rovirosa, su ausencia es un recordatorio silencioso del tamaño de la red que permanece intacta en México.
PEMEX: El cuerpo en disputa
Entre 2018 y 2024, el gobierno mexicano prometió una transformación interna de Pemex. Se aprobaron inyecciones multimillonarias, se anunciaron auditorías profundas, se juró que “la corrupción se acabó”.
Este caso revela un esquema que va en sentido contrario a la narrativa oficial de vigilancia estricta. Investigaciones han mostrado que, durante esos mismos años, dentro de la petrolera operaba un circuito paralelo en el que las negociaciones se realizaban por WhatsApp y las relaciones entre funcionarios y proveedores se tejían a través de regalos, favores y acuerdos informales: relojes y bolsos de marca como moneda de cambio, auditorías que se cerraban mediante pagos y contratos que se “alineaban” a partir de obsequios. Algunos intermediarios aprovecharon su presencia en Estados Unidos para mover recursos sin llamar la atención. Todo ello abre las preguntas incómodas: ¿qué mecanismos internos fallaron para permitirlo y cuántos esquemas similares podrían seguir operando sin ser detectados?
Porque el caso Rovirosa–Ávila es apenas uno. No el mayor. No el peor. Solo el que tuvo la desgracia —para ellos— de caer en manos de una fiscalía estadounidense que no negocia con relojes ni bolsos.
El juicio como espejo de un país
Mientras Rovirosa enfrenta al jurado, los fiscales preparan la tesis central: que los sobornos entregados de 2019 a 2021 generaron beneficios directos que superan los 2.5 millones de dólares, solo en los contratos identificados. Que los mensajes recuperados de un teléfono muestran la intención clara de manipular licitaciones. Y que el entramado fue lo suficientemente organizado como para operar durante años sin que la estructura interna de Pemex lo detectara, o peor, sin que le interesara detectarlo.
El caso, en realidad, no es sobre un empresario y un exfuncionario. Es sobre la incapacidad histórica de México de proteger a su empresa más estratégica. Es sobre cómo la corrupción se volvió un idioma compartido entre operadores privados y funcionarios públicos. Es sobre una petrolera desangrada que sigue siendo presa.
El cierre que aún no llega
El juicio apenas calentó motores. Rovirosa podría enfrentar años de prisión federal. Sus empresas podrían quedar bajo escrutinio civil y fiscal. Y el campo VC-01 podría convertirse en un punto de investigación internacional.
Pero la pieza central —Ávila Lizárraga— sigue fuera.
Hasta que caiga, la historia está incompleta. Y mientras tanto, Pemex sigue siendo lo que ha sido en cada sexenio: un botín. Pero también un territorio en disputa. Una empresa que produce petróleo, sí, pero también expedientes de corrupción.
El caso Rovirosa no es la excepción. Es el síntoma. Es la evidencia concreta. Es la señal de que el monstruo sigue ahí, intacto, agazapado bajo cada contrato, cada auditoría y cada licitación “urgente”.
Y este juicio, aunque avance, apenas está rozando la superficie.
