Rodolfo Soriano-Núñez Sábado, 01 de Febrero del 2025
El proceso contra Garduño lo responsabilizaba del incendio en el que murieron 40 migrantes en un “albergue” en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Garduño ha presionado desde 2023 para "llegar a un acuerdo" por los daños materiales al inmueble en que estaba el "albergue", sin reconocer su papel en la muerte de los migrantes.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Las organizaciones civiles defensoras de derechos de migrantes Asylum Access México, Derechos Humanos Integrales en Acción, la Fundación para la Justicia y el Instituto para la Mujeres en la Migración repudiaron este viernes 31 de enero la decisión del juez Víctor Manlio Hernández Calderón de conceder a Francisco Garduño la suspensión del proceso que enfrentaba por su papel en el incendio en el que perdieron la vida 40 personas migrantes de distintas nacionalidades en marzo de 2023 en Ciudad Juárez.
La decisión del juez Hernández Calderón le permite a Garduño, comisionado del Instituto Nacional de la Migración, INM, entidad que depende de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, eludir su responsabilidad, además de hacerlo con dinero público.
Las organizaciones defensoras de derechos de las personas migrantes estiman en 82 el número de familias que quedan, gracias a su fallo, sin acceso a alguna medida de justicia. También estiman en “más de 230 millones de pesos” del erario, el saldo de la “negligente política migratoria" del comisionado del INM.
Luego de nueve horas de audiencia, el 24 de enero, el viernes próximo pasado, en Garduño obtuvo la suspensión condicional de su proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
El cargo buscaba que asumiera su responsabilidad por el incendio en la “estancia migratoria” de Ciudad Juárez, luego de solicitarlo por tercera ocasión.
Las organizaciones civiles estiman que la suspensión es un ejemplo más de impunidad dada por las instituciones del Estado mexicano a favor de un funcionario de alto rango que, además, permanece en su cargo y fue celebrado públicamente por la titular del Poder Ejecutivo de la Federación en una de las actividades matutinas que celebra en Palacio Nacional, como se señala en el texto disponible aquí.
Tras el incendio, Garduño fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, lo que le permitió solicitar la suspensión condicional del proceso. Poco después del incendio, en abril de 2023, el sacerdote católico Alejandro Solalinde anunció que él se convertiría en el nuevo titular de un ente que habría de reemplazar al Instituto Nacional de la Migración, que presentó como “Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería”, como se daba cuenta en el texto enlazado después de este párrafo.
Esa nueva entidad jamás se concretó, por lo que la participación de Solalinde fue sólo un distractor encaminado a ayudar a la impunidad de Garduño quien, meses después, señaló al propio Solalinde de aprovecharse de su cercanía con Andrés Manuel López Obrador. Garduño calificó en una entrevista a Solalinde de “pollero de Dios,” en diciembre de 2024, lo que provocó enfrentamientos en redes sociales entre distintas facciones del Movimiento de Regeneración Nacional.
Como hizo Calderón
Como ocurrió con los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social en el caso de la Guardería ABC de Hermosillo durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a Garduño se le exoneró de antemano de su posible responsabilidad en la muerte, resultado del incendio, de las personas migrantes que eran obligadas a estar en condiciones inseguras e insalubres en el “refugio”, a veces identificado como “albergue” y otras más como “estación migratoria” que existía en Ciudad Juárez.
Gracias al manejo que se dio a los hechos, Garduño eludió cualquier responsabilidad; no se le imputaron delitos por homicidio, lesiones o daño en propiedad ajena, a diferencia de los otros diez implicados, algunos de los cuales se encuentran presos.
En septiembre de 2023, Francisco Garduño, intentó por primera vez que se le concediera la suspensión condicional de su proceso y ofreció pagar de su bolsa casi 500 mil pesos por los daños al inmueble.
Nunca hizo una oferta similar para reparar el daño a las víctimas o sus familiares, algunas de las cuales han manifestado repetidamente su desconcierto por las contradicciones entre lo que solían decir López Obrador, Solalinde y el propio Garduño acerca de la filosofía del Instituto Nacional de la Migración y el desdén con el que las autoridades mexicanas desestiman la tragedia que viven.
Todas las solicitudes de justicia hechas al juez de la causa por los familiares de las víctimas han sido desestimadas por Hernández Calderón.
En su último y tercer intento de suspender su proceso, la defensa del comisionado Garduño argumentó que él había cumplido con la "reparación integral del daño", lo que, de acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, no es verdad, pues sólo se ha compensado lo que el INM decidió entregar a las víctimas. Los recursos fueron públicos, del erario, no de Garduño, con lo que se cumplió parcialmente con la Recomendación 111VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (disponible aquí).
El defensor del pueblo en México giró esa recomendación "por graves violaciones a los derechos humanos"; es decir, no fue una compensación derivada del delito que se le imputó a Garduño y al personal a su cargo en el, así llamado en la jerga política mexicana, Inami.
Finalmente, el juez Víctor Manlio Hernández Calderón le concedió la suspensión del proceso, permitiéndole eludir su responsabilidad, así como valerse de dinero público para ofrecer una compensación parcial a las víctimas.
La resolución a favor de Garduño confirma, en opinión de las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que la impunidad persiste y la justicia sigue siendo selectiva en México.
Desde que la autoridad judicial adelantó dos meses la audiencia en circunstancias opacas, ya se anticipaba que el comisionado Garduño obtendría la suspensión para mantenerse en el cargo.
Desde Assylum Access México, la Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción y el Instituto para las Mujeres en la Migración y frente a este escenario que calificaron como "de simulación e impunidad" solicitaron al juez Hernández Calderón se le impusieran diversas medidas a cumplir durante el tiempo que durara la suspensión del proceso (un año y seis meses).
Las medidas solicitadas fueron la suspensión del cargo durante tres años; prestar algún servicio social a favor de la sociedad durante ese periodo y sin remuneración alguna; someterse a la vigilancia que determinara un juez de control; abstenerse de viajar al extranjero; e inhabilitación o destitución del ejercicio del servicio público, actual y futuro.
El juez se limitó a imponer, en cambio, las siguientes medidas: garantizar que todas las victimas estén informadas que cuentan con la atención médica y psicológica del IMSS, a sabiendas que ninguna de las víctimas o sus familiares reside en México; el plazo de un mes para otorgar una disculpa pública que deberá realizarse en coordinación con las víctimas y sus asesores jurídicos.
También se le obligará a asistir a “cursos de derechos humanos y protección civil” durante seis meses. Mientras se mantenga en el cargo, una vez cada tres meses deberá realizar una visita a los “centros de detención migratoria” a fin de verificar con protección civil que se encuentra garantizada la seguridad de las personas detenidas, emitiendo un informe trimestral al juez de control.
Estas medidas son insuficientes tomando en cuenta que, cumplidos los 18 meses de la suspensión de su proceso otorgada por el juez Manlio Hernández, podría acordarse el cierre del proceso; es decir, podría obtener una resolución con el mismo efecto de una sentencia absolutoria.
También calificaron de burla que se contemple como reparación el que asista a “cursos de derechos humanos”, cuando Garduño presume haber cursado una maestría en ese tema en Ciudad Juárez, como se puede ver en la imagen antes de este párrafo, tomada de la página que presenta su biografía en la página oficial del INM, disponible aquí.
Las agrupaciones defensoras de derechos humanos, en su condición de representantes de 17 víctimas sobrevivientes, así como de las familias de los 40 migrantes fallecidos, han interpuesto un recurso de apelación y llaman a la presidente Claudia Sheinbaum a no dejar que la impunidad gane y a ser congruente con su discurso de protección de los derechos de las personas migrantes.
Estimaron que Garduño representa la impunidad y no debe seguir al frente del INM.
A pesar de ello, la titular del Ejecutivo federal celebró el pasado 27 de enero los supuestos méritos de Garduño como funcionario cuando explicó por qué sigue en el cargo y por qué no se ha cumplido el anuncio que ella mismo hizo de que el exgobernador de Puebla, Sergio Céspedes, asumiría la dirección del llamado Inami, como se puede ver en el texto enlazado antes de este párrafo.
El texto enlazado después es una investigación que da cuenta de la responsabilidad de autoridades de México y Estados Unidos en lo ocurrido en ese "albergue", publicada el año pasado por ProPublica.