El 30 de mayo de 2013, el activista Arturo Hernández Cardona fue desaparecido tras una protesta en Iguala, Guerrero. Su asesinato, junto al de otros dos compañeros, evidenció una represión sistemática contra líderes sociales en la región.
Los Ángeles Press
Ciudad de México, 27 de mayo de 2025 — A casi doce años del asesinato del activista social Arturo Hernández Cardona, ocurrido en junio de 2013 en el municipio de Iguala, Guerrero, organizaciones de derechos humanos reiteraron su exigencia al Estado mexicano para que otorgue medidas cautelares a los testigos sobrevivientes y a los familiares del líder de la Unidad Popular, quienes continúan en situación de riesgo.
El 30 de mayo de 2013, Hernández Cardona encabezó una protesta junto con integrantes de diversas organizaciones sociales para exigir al entonces presidente municipal José Luis Abarca la entrega de apoyos sociales para campesinos. La movilización culminó con un bloqueo intermitente en la caseta de peaje en la carretera federal México-Acapulco. Ese mismo día, seis activistas fueron desaparecidos, entre ellos Hernández Cardona.
Tres días después, el 3 de junio de 2013, los cuerpos de Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez fueron localizados sin vida. El cuerpo del líder social presentaba visibles huellas de tortura.
Desde entonces, tres activistas que sobrevivieron a los hechos han denunciado persecución y hostigamiento constante, situación que los ha obligado a abandonar sus hogares en Iguala. Ni ellos ni los familiares directos del activista han recibido medidas de protección por parte del Estado mexicano, a pesar de que se encuentran vigentes las Medidas Cautelares 185-13 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en beneficio de María Soledad Hernández Mena, hija del activista.
La organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, con estatus consultivo ante la OEA y la ONU, denunció esta omisión e hizo un llamado a las autoridades federales, particularmente a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, para otorgar de inmediato medidas cautelares a los testigos y a la familia Hernández Mena. La organización también pidió a la CIDH que traslade el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que el expediente se encuentra listo para ser presentado como Informe de Fondo.
El contexto fue reavivado el 9 de febrero de 2024, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó el libro Gracias, en el que, en la página 526, menciona que el exalcalde José Luis Abarca permanece en prisión por el asesinato de Hernández Cardona —aunque fue exonerado del caso Ayotzinapa—, y califica al activista como un “luchador social radical”. Este señalamiento ha generado inquietudes sobre un posible estigma que pudiera estar influyendo en la negativa oficial de brindar protección a las víctimas y sobrevivientes.
Uno de los sobrevivientes, Héctor Arroyo Delgado, ha denunciado públicamente amenazas e incluso el allanamiento de su domicilio por personas no identificadas. Actualmente se encuentra desplazado junto a su familia, en un lugar no revelado, por razones de seguridad.
“La falta de protección no solo perpetúa la impunidad en este caso, sino que coloca en situación de extrema vulnerabilidad a quienes han exigido justicia por más de una década”, advirtió la Red Solidaria.
“Recuerdo, recordemos hasta que la justicia se siente entre nosotros”, concluyó el comunicado, citando a la escritora Rosario Castellanos.