Rodolfo Soriano-Núñez Martes, 02 de Diciembre del 2025
Los medios españoles identifican al sacerdote sólo como Ramón L.E.; los medios mexicanos lo protegen aún más al identificarlo sólo como Ramón N.
¿Sabían los superiores del sacerdote español de agresiones similares a la que provoca su extradición? ¿Informaron a los obispos mexicanos que lo recibieron? ¿Los obispos mexicanos investigaron?
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Este lunes 1 de diciembre, la agencia EFE y otros medios españoles publicaron textos en los que dan cuenta de que la Audiencia Nacional, uno de los máximos tribunales de justicia de España, autorizó la extradición a México de un sacerdote católico de nacionalidad española.
Atenidos a las normas vigentes en España, ni EFE ni los otros medios ofrecen más detalles que el primer nombre y las iniciales de los apellidos paterno y materno del extraditado: Ramón L.E.
Hasta donde es posible saberlo se trata de un caso ocurrido en 2022 en el estado de Jalisco en lo que la prensa española describe como un “refugio”. Las víctimas tenían 13, 12 y 10 años, dos son mujeres, aunque no se ofrecen más detalles sobre su identidad.
Se les identifica como residentes de un albergue dedicado al cuidado de población “en situación vulnerable”, pero tampoco es claro si las víctimas son mexicanas o de alguna otra nacionalidad, que hubieran estado en México por la crisis migratoria que se vivía en ese momento en el país.
La orden de arresto se expidió en México en julio de 2023. El arresto ocurrió el 28 de marzo de este año en la ciudad de Zaragoza. No es claro si en España Ramón L.E. está incardinado en la arquidiócesis del mismo nombre o si lo está en alguna de las otras diócesis de la comunidad autónoma de Aragón (Barbastro y Monzón, Huesca, Jaca, Tarazona y Teruel).
La manera en que los sistemas de justicia de España y México, así como los medios de ambos países “informan” acerca de estos casos es un ejemplo más de los problemas que posibles víctimas de abusos sexuales, en contextos religiosos o de otro tipo, enfrentan para identificar a posibles depredadores.
El hecho que no haya precisión sobre el nombre del presunto culpable y ni siquiera la haya tampoco sobre el lugar en Jalisco donde habrían ocurrido los hechos hace extremadamente difícil que otras víctimas puedan identificar a quien pudiera haber agredido a otras personas.
El texto que se publicó ayer sobre este tema, enlazado después de este párrafo, deja ver los efectos negativos de esta manera de administrar el acceso a la información en el marco de la investigación de casos de abuso sexual.
Más, porque hay abundante evidencia de que casos como el de Ramón L.E., a quien la prensa mexicana, en acatamiento a las leyes mexicanas, protege aún más al identificarlo sólo como Ramón N., no son aislados y es altamente probable que haya más víctimas.
Según la información de la agencia EFE y otros medios españoles, Ramón L.E. tendría ahora 58 años, por lo que es muy posible que las dos niñas y un niño que atacó en México no sean sus únicas víctimas. Incluso sería necesario preguntarse en qué condiciones llegó a México a ejercer lo que parece ser un ministerio.
Si es así sería necesario involucrar en la investigación a la diócesis de origen en Aragón, España (Zaragoza, Barbastro y Monzón, Huesca, Jaca, Tarazona o Teruel) y esclarecer si había reportes similares en España antes de que viniera a México, al menos en 2022, y si los había aclarar por qué se le envió a México a pesar de ello.
También será necesario esclarecer en qué diócesis de Jalisco ocurrieron los hechos, pues hay un mínimo de seis diócesis que toman territorio de Jalisco: Guadalajara, San Juan de los Lagos, Tepic, Colima, Ciudad Guzmán y Autlán y esclarecer incluso si esas diócesis piden a obispos de otras diócesis y otros países información acerca de posibles reportes de sacerdotes que reciben, así sea temporalmente, en su territorio.
De las diócesis españolas conviene destacar a las de Huesca y Jaca. Se trata de entidades separadas pero dirigidas por Pedro Aguado Cuesta, un obispo español que pasó algún tiempo en México como parte de su tarea como superior de la orden de los escolapios y quien enfrenta reclamos de víctimas de abuso en México.
Los reclamos tienen que ver con la manera en que Aguado Cuesta permitió que un sacerdote mexicano de esa orden se mantuviera activo en el ministerio a pesar de repetidas acusaciones de abuso en su contra y, sobre todo, a pesar de las promesas que el ahora obispo hizo al sobreviviente mexicano.
El sobreviviente originalmente fue identificado bajo la identidad asumida de Hernán, en el texto que aparece enlazado después de este párrafo, pero que en fechas recientes decidió litigar su caso públicamente con su nombre real: Javier Alcántara.