Ignacio García Viernes, 11 de Abril del 2025, 11:52
Alicia Bárcena es quien reconoce el ecocidio perpetrado por la construcción y operación del Tren Maya.
Bárcena fue la excanciller en el último tramo del gobierno de López Obrador y es la titular de SEMARNAT con Claudia Sheinbaum y fue en esa condición que reconoció el daño causado por el Tren Maya.
Foro Público
Han transcurrido cinco años desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició las obras de construcción del Tren Maya, el cual tenía como propósito impulsar el desarrollo económico del sureste mexicano, sin embargo, para ello al puro estilo neoliberal extractivista, se cometió un ecocidio que el expresidente negó rutinariamente en sus conferencias de prensa mañaneras.
“El fuego amigo” provino de quien fue canciller de López Obrador en la recta final de su sexenio, Alicia Bárcena, quien ahora es la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal (Semarnat) al reconocer públicamente que se cometió un ecocidio de dimensiones históricas.
La reivindicación del Estado mexicano hacia la magna obra del lopezobradorismo es un reconocimiento implícito del exterminio sistemático de flora que se cometió durante el llamado gobierno “de la transformación” que se comprometió a “no derribar ni un solo árbol”, pero que superó la friolenta cifra de diez millones de ejemplares.
Pese a que los activistas, académicos y periodistas denunciaron que se cometería un ecocidio en la zona pues, básicamente, se colocaron las líneas férreas serían en medio de la selva, el exmandatario federal rechazó que se tratara de un ecocidio y acusó una campaña sucia en contra del gobierno federal, orquestada por la oposición.
Desde 2022, la organización Sélvame del tren alertó sobre el exterminio sistemático cometido en la región. Sus llamados fueron ignorados por el gobierno que se autodenominó de izquierda y, por ello, debería tener una mirada a favor del medio ambiente, pero que fue más extractivista y nociva que las de sus antecesores.
López Obrador criticó que el exgobernador priísta de Quintana Roo, Roberto Borge, cometiera un ecocidio al provocar el exterminio de manglares en las zonas playeras de la entidad, pero se rehusó a aceptar un hecho incontestable: el derribo masivo de millones de árboles en el sureste mexicano.
Los colectivos defensores del medio ambiente actuaron contra el gobierno. Interpusieron diferentes recursos legales para impedir que la administración federal continuara con la construcción del Tren Maya, y en 2024 un Tribunal federal de Yucatán ordenó suspender las obras del tramo 5 Sur en Quintana Roo por las afectaciones al subsuelo.
La lucha ambiental se centró en evidenciar que el gobierno federal disfrazó el dictamen de impacto ambiental para permitirse a sí mismo construir la obra en el sexenio pasado, y tampoco entregó estudios científicos que mostraran los efectos en el corto, mediano y largo plazo de la construcción de este sistema de movilidad.
La vergonzosa terquedad del exmandatario federal fue mayor que la cordura por cuidar el medio ambiente. Los millones de árboles que fueron derribados también causaron afectaciones a los ecosistemas y a las diferentes poblaciones de flora y fauna que habitan en la selva, considerada como el segundo pulmón más importante del continente, sólo después de la selva del Amazonas en Brasil.
Es por ello, que esta obra no sólo genera afectaciones a la población mexicana, sino a la continental en general. En medio de una crisis climática que se ha exacerbado en los últimos años, la deforestación es uno de los males que más provocan cambios bruscos en el clima y en la reducción de poblaciones de flora y fauna.
Ahora, pese a que el gobierno federal ha reconocido que se cometió un ecocidio, no ha advertido cuáles serán las estrategias de restauración que se implementarán y cómo atenderán la pérdida de más de diez millones de árboles que formaban parte de la selva.
Las organizaciones protectoras del medio han aplaudido el reconocimiento público del gobierno federal sobre el ecocidio cometido en el sexenio pasado, pero deberán estar atentas a que no se trate sólo de un discurso y que se lleve a cabo en la práctica políticas públicas orientadas a la conservación y restauración ecológica de la zona.
Bárcena ha dicho que se busca, en primera instancia, retirar las mallas metálicas que colocó la empresa constructora del tren, así como prohibir la construcción de edificaciones en los caminos secundarios de la selva, el cuidado de las cavernas y cenotes que también están en riesgo.
Aunque parecen pasos favorables para evitar un mayor deterioro ambiental, no resuelve una problemática que prevalece: el exterminio de un ecosistema que ha sido impactado por la actividad humana.
Para evitar que se señale una participación externa, cabe recordar que fue el propio Estado mexicano el encargado de la construcción de la obra a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en los tramos del 1 al 4 y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del 5 al 7 con participación mayoritaria del Tren Maya S.A. de C.V.
El gobierno de López Obrador contrató los servicios de una empresa “encargada de la fauna nociva”, pero en la zona sólo hay poblaciones endémicas que perdieron sus hábitats por la intervención humana y que ahora son ahuyentados por las actividades mercantilistas de un gobierno que está completamente ajeno a la izquierda.
A pesar de que el gobierno federal ha negado que se erradiquen a jaguares, tapires o venados que habitan en la zona, los activistas han aclarado que existe el riesgo latente de un asesinato simbólico de las mismas con la destrucción de sus áreas naturales que ahora son vías férreas.
El ecocidio que cometió el primer gobierno de la “Cuarta Transformación” es una tragedia por sí misma. Este hecho debería llenar de indignación a la población, dado los efectos que esto tendrá tanto para el entorno como para la sociedad, no obstante, la narrativa gubernamental tratará de minimizar los impactos de éste con los habituales distractores que caracterizan a la política mexicana.
Si esto se hubiera cometido en los regímenes del pasado habrían manifestaciones masivas, pero como aconteció en un gobierno en el que parece perdonarse todo, entonces simplemente será un caso más dentro de una marea de agravios contra el medio ambiente que se han cometido.
Porque a este ecocidio hay que sumarle la construcción de una refinería, Dos Bocas, que también emitirá, una vez que esté lista, gases contaminantes que afectarán la salud de la población, pero el regreso al pasado y a las energías basadas de combustibles fósiles parece una óptica que lacera al medio ambiente.
Nota aparte: Las organizaciones siguen al pendiente del Tren Maya, que de maya no tiene nada, pues no tiene esa orientación a la preservación y respeto de la flora y fauna que caracterizó a esa cultura prehispánica, mientras que como vía de transporte resultó un completo fracaso por el tiempo de demora en los traslados.
