El campo está gritando y el gobierno no escucha

Las protestas contra la falta de apoyo al campo contemplan la instalación de bloqueos en carreteras, casetas de peaje y autopistas estratégicas.

Despacho 14

Por Alfredo Griz

La autopista huele a diesel antiguo y a radios que repiten noticias con la voz cansada de las mañanas. En los arcenes, entre tractores con barro reciente y montones de costales, hay hombres y mujeres que miran un horizonte que ya no les pertenece. No es una escena de película: es el país fracturado en un tramo de asfalto, con la economía real golpeando el pecho del Estado y comprobando que las promesas no alcanzan para tapar el frío.

La mañana del 27 de octubre de 2025 las casetas de peaje de múltiples carreteras se convirtieron en puntos de resistencia y reclamación. No fue una embestida improvisada; fue la culminación de meses —años— de denuncias que rebotaron en oficinas con aire acondicionado y papeles firmados que no significaron fondo ni garantías. Los campesinos que cerraron y liberaron casetas lo hicieron como prueba de que, cuando el campo se quiebra, la nación se carcome poco a poco.

La detonación: un precio que no cubre la siembra

La exigencia central es apenas una cifra, pero encierra una sentencia: un precio de garantía del maíz que compense costos y permita sembrar sin arriesgar bancarrota. Ese número —el que los productores colocan como mínimo indispensable— es la expresión de una economía que lleva años fallando en su trato con quien produce la comida. No se trata sólo de un reclamo económico, sino de una cuenta moral: ¿cómo sobrevivir cuando el insumo sube y lo que pagan por tu trabajo baja?

El gobierno ofreció líneas, promesas y expedientes técnicos. Lo que trajeron del otro lado de la mesa fueron simulacros: propuestas parciales y cifras que no llegaron a la raíz del problema. Los campesinos lo leyeron con desconfianza y, al final, con rabia. Cuando las mesas no dan certidumbre, la gente toma el asfalto. Y cuando el asfalto se toma, el país se detiene.

Fallas del diseño político y administrativo

El primer error es de diagnóstico: las políticas agropecuarias siguen midiendo con reglas que no entienden la volatilidad del mercado ni la urgencia de la subsistencia. Hay instrumentos —programas de apoyo, supuestos precios de garantía— que se anuncian con bombos pero que en la práctica están llenos de exclusiones, trámites y cupos limitados. La burocracia se convierte en filtro que deja fuera a quien más necesita.

El segundo error es de comunicación: las mesas se montan como escaparate, con delegaciones que aparecen en fotografía, titulares y comunicados, pero sin calendarios firmes ni partidas presupuestales inmediatas. El lenguaje técnico sustituye a las respuestas concretas. El campesino que pregunta “¿con cuánto me compran el maíz?” recibe una respuesta en formato de plan: “se evalúa”, “se revisará”, “se propondrá”. No hay dinero sobre la mesa. No hay compromiso con fecha y monto.

El tercero es político: el gobierno evita, hasta donde puede, regalarle a la protesta la posibilidad de presentarse como crisis nacional. Prefiere mesas parciales, diálogos segmentados y acuerdos locales que sólo aplacan. Esa estrategia puede adormecer incidentes aislados, pero no atenúa la erosión estructural que obliga a los productores a bajar a la carretera. Encubrir la magnitud real del malestar con “soluciones” fragmentadas es empujar la huelga hacia la escalada.

La operación del bloqueo: tácticas y simbolismo

No es banal que las casetas dejaran de cobrar hoy. Liberar el paso en una caseta es un gesto público y simbólico: el reclamo no va solo contra la Secretaría o contra una política, va contra el modelo que permite que la utilidad privada y los contratos se muevan sin considerar al que siembra. La imagen del peaje vaciado, de gente cruzando sin boleto, traza una metáfora de lo que exigen: que el país deje de cobrarles impuestos de injusticia mientras no se garantizan precios dignos.

En varios puntos la protesta fue medida: cortes intermitentes, presencia de maquinaria, control de accesos, mensaje claro —“hasta que haya respuesta”— y, en algunos tramos, una ocupación indefinida anunciada si las mesas no entregan lo prometido. Quienes organizaron la jornada lo hicieron con la paciencia afilada de quien ya probó la vía institucional y no obtuvo resultados. No fue improvisación: fue escalón final.

La gente detrás del bloqueo: las voces que no priman en los discursos oficiales

Hay rostros que resisten al frío. Mujeres con manos agrietadas que guardan recibos de compra de fertilizante; hombres con uñas llenas de tierra que repiten fechas de siembras y cosechas, como quien recita una letanía para no olvidar cómo se trabaja la esperanza. En los campamentos improvisados se habla de deudas, de créditos no pagados, de insumos que hoy costaron el doble que el año pasado. Se habla, con vergüenza y furia, del abandono.

Un anciano cuenta que lleva tres generaciones sembrando maíz en la misma parcela; dice que antes “al menos llegaba a sobrevivir”: hoy, “la cuenta no cuadra”. Una joven que estudió agronomía y regresó para tratar de modernizar la milpa detalla que los precios internacionales, los subsidios sisados, las importaciones y los costos de energía hacen inviable el margen. Esos relatos son el verso común que los números oficiales no logran conmover: aquí no se protesta por ocio; se protesta por el derecho a seguir existiendo.

Impactos inmediatos y el costo de la falta de respuesta

Las casetas liberadas dejan sin ingresos a las concesionarias en lo inmediato, pero lo real y profundo es otra arista: la cadena de suministro que depende del transporte por carretera se ve penalizada. El cierre interrumpe el flujo de mercancías, encarece fletes, provoca pérdidas en cargas perecederas y tensiona mercados regionales. Ese efecto, en una economía interdependiente, no se compone con comunicados oficiales: se paga en la periféria, en tiendas y en mercados donde los precios podrían tensarse.

Políticamente, la imagen del asfalto obstruido funciona también como espejo: avergüenza a la administración que no logró traducir oficio en soluciones efectivas. Si el gobierno no da respuesta, la protesta puede crecer y radicalizar su forma —no por deseo de confrontación, sino por la lógica de quien precisa medidas concretas.

¿Por qué las ofertas del gobierno no alcanzan?

Volvamos a los porqués. Cuando un Estado diseña políticas, debe conjugar técnica, tiempo y voluntad política. En este episodio faltó lo último. Las propuestas entregadas a las organizaciones fueron catalogadas por estas como parciales, insuficientes y, en el mejor de los casos, dilatorias. Ofrecer mesas de trabajo sin partidas de gasto ni un calendario de pagos es, en el fondo, una maniobra: ganar tiempo para que la protesta se disipe sin asumir compromisos reales.

Hay además una falla organizativa: la dispersión de interlocutores. Dependencias distintas, mensajes que no coinciden, promesas que se solapan y nadie asume la responsabilidad política de cerrar el reclamo. La falta de un interlocutor con poder de firma y presupuesto es una negligencia deliberada que convierte la negociación en teatro.

El papel de los intermediarios y la confianza rota

Hay quienes medían la ruta de la negociación con calculadora: dirigentes locales, intermediarios y organizaciones que históricamente han mediado entre el campo y el Estado. Algunos de esos actores han perdido legitimidad porque, en la práctica, no lograron traducir reclamo en beneficios tangibles. La confianza se agrieta cuando los acuerdos quedan en actas y no en recibos.

Esa desconexión crea dos escenarios riesgosos: por un lado, fractura en las representaciones —no todos obedecen a los mismos líderes—; por otro lado, la entrada de actores más radicales que perciben la mesa como inutilizable. En ese punto, la protesta deja de ser solo demanda económica y se transforma en una erupción política.

La respuesta de seguridad: prudencia o abandono

Hasta el momento, el manejo de fuerzas de seguridad mostró una estrategia de contención más que de choque. Hubo presencia, sí, pero predominó el diálogo táctico para evitar un choque mayor. Esa moderación puede entenderse —o así la justifican las instancias oficiales— como prudencia para evitar víctimas y una escalada que derive en violencia. Pero existe otra lectura: si la presencia de Estado se limita a contención y no a soluciones, la prudencia deviene en abandono operativo.

La seguridad no es sustituir el diálogo por represión ni admitir la impunidad del bloqueo. Es diseñar respuestas que garanticen libre tránsito, derechos ciudadanos y, al mismo tiempo, ofrecer vías reales de solución. En este episodio, el equilibro se rompió hacia la primera parte: contención sin resolución.

Consecuencias políticas y el reloj electoral

La protesta tiene, además, una lectura política inevitable: la opinión pública observa la capacidad del gobierno para resolver conflictos de base. En un país donde el tiempo político es breve y las sensibilidades crecen con la inflación en la mesa, la incapacidad de ofrecer respuestas robustas se traduce en desgaste. No es menor: si las señales de descontento se generalizan, se abren grietas que otros actores políticos podrían capitalizar.

Propuestas mínimas que el Estado no debe seguir ignorando

Si de verdad se quiere desactivar la crisis hay medidas concretas —no promesas— que requieren firma, presupuesto y calendario:

• Precio de garantía con placa presupuestal inmediata: no una promesa técnica sino un compromiso con fecha y recursos.
• Mecanismo de compra directa temporal: que permita absorber excedentes y garantizar flujo de efectivo a productores.
• Facilidades operativas: acceso expedito a insumos subsidiados y créditos blandos con plazos alineados a ciclos productivos.
• Transparencia y rastreabilidad: publicar listas de beneficiarios y montos para evitar opacidad y mejorar legitimidad.
• Vigilancia del comercio exterior: acciones técnicas y diplomáticas para mitigar efectos de importaciones que dañen precio local.

Sin esas medidas, la protesta no cesará con un comunicado: cesará con una escalada.

El país que queda detrás de las casetas

Cuando se desmonten los bloqueos —si se desmontan— quedará la factura de una relación quebrada: productores más pobres y desconfiados; concesionarias con pérdidas momentáneas; ciudadanos con incomodidad y un Estado que tendrá que explicar su margen de maniobra. Pero lo más grave no aparece en balances: está en las parcelas abandonadas, en las herencias que se dejan de transmitir, en las comunidades que pierden tejido social porque sembrar ya no es negocio.

El reclamo de hoy no es una excentricidad: es un aviso que viene repitiéndose desde hace años y que hoy se hizo visible en el lugar más simbólico de la modernidad mexicana: la carretera que conecta todo y que, por una vez, dejó de dejarnos pasar sin mirar atrás.

La política que resta y la que podría sumar

El cierre de casetas del 27 de octubre es un espejo. Muestra la ceguera de políticas que prefieren el paliativo al gesto radical de poner dinero y reglas claras sobre la mesa. También demuestra que, cuando la legitimidad se pierde, la protesta se desempolva y vuelve a las rutas.

Si el gobierno quiere evitar que este episodio sea un punto de quiebre mayor, debe actuar con rapidez y con recursos. No con palabras. No con mesas que producen comunicados y poco más. Con transferencias concretas, compra de producto, y un diseño operativo que devuelva confianza. Porque, si no, la carretera seguirá siendo el lugar donde se mide el pulso del país: cada vez que el asfalto se detenga, sabremos que la política no estuvo a la altura.

Con voz propia

Gino Segura: un peligro para Quintana Roo