Rodolfo Soriano-Núñez Domingo, 25 de Febrero del 2024, 23:03
Es difícil pensar que la Iglesia Católica pueda promover la paz si encubre clérigos acusados de abuso o recibe narcolimosnas.
Religión y vida pública: Tampoco se puede olvidar el desdén con que los obispos de distintos países tratan a las víctimas de abuso, ¿pueden ser ellos quienes medien así la paz y cuando hay sospechas de que reciben narcolimosnas?
Por Rodolfo Soriano-Núñez
En fechas recientes, ante el notorio fracaso de la política de seguridad pública de los gobiernos federal y del estado de Guerrero, se ha puesto de moda, incluso en las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador, hablar de iniciativas de paz alentadas por la Iglesia Católica en México.
Que así fuera parecería algo de sentido común. Uno de los títulos del obispo de Roma, el jefe de la Iglesia Católica es el de supremo pontífice, es decir, el de supremo constructor de puentes. La idea subyacente es que, ya desde tiempos de la República Romana, quizás desde antes, una de las funciones clave de la religión es o debería ser, la de lograr o construir acuerdos, entendimientos, puentes que permitan la comunicación.
De hecho, en distintos conflictos internacionales hay algunas experiencias positivas de mediación de paz alentada o impulsada por la Santa Sede.
A finales de los setenta, por ejemplo, cuando los gobiernos militares de Chile y Argentina parecían estar listos para ir a un estéril conflicto para dirimir sus fronteras en el Canal de Beagle, en la Patagonia, Juan Pablo II ejerció su influencia en Santiago y Buenos Aires para evitar que el conflicto se saliera de control y se llegó a un acuerdo, la llamada Acta de Montevideo, que evitó un conflicto armado de gran escala.
Sin embargo, la realidad es que la religión también es una fuerza que alienta la violencia. Es posible encontrar todo tipo de justificaciones para ello y cada uno debe hacerse responsable de las consecuencias morales de esas justificaciones. Más allá de esa discusión, que sería insalvable en este espacio, es posible asumir que los obispos católicos mexicanos deberían ser pontífices locales, líderes capaces de contribuir a la solución de problemas, a la construcción de soluciones negociadas a los problemas de las comunidades.
Tristemente, no hay evidencia de ello. Es cierto que, en algunos episodios de la historia reciente de México, la Iglesia Católica ha tenido alguna influencia positiva. En Chiapas, en 1994, tengo claro que Samuel Ruiz García, el antiguo obispo de San Cristóbal de Las Casas, tuvo la capacidad para denunciar el intento del gobierno de Carlos Salinas de Gortari para militarizar el conflicto que estalló el 1 de enero de aquel año.
Si no murieron más personas, ello se debe en gran medida a la capacidad de Ruiz para confrontar tanto la brutalidad del Estado, como la sed que tenían Girolamo Prigione y su jefe, el secretario de Estado de Karol Wojtyla, Ángelo Sodano de ser, antes que otra cosa, socios diligentes, eficaces del gobierno que recién les había devuelto la personalidad jurídica y que había restablecido relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
Inspirado en Herodes
Tengo claro también, que la intervención de los obispos de distintas ciudades del norte de la República, de Tijuana a Nuevo Laredo, fue clave para que—ya desde los sesenta y, de manera más clara hasta los ochenta—la represión asociada a las protestas por los resultados electorales de aquellas épocas no fuera más violenta de lo que fue.
Sin embargo, también tengo claro que hubo obispos muy dispuestos a contribuir a la represión del gobierno de México. Norberto Rivera Carrera, entonces todavía obispo de la diócesis de Tehuacán, que toma territorio del estado de Puebla, entregó—acaso inspirado en el bíblico rey Herodes—la cabeza de Gonzalo Hallo del Salto a las autoridades entonces muy preocupadas por la presencia de supuestas guerrillas de izquierda en México.
Para lograr su propósito, Rivera presentó a Hallo del Salto, un sacerdote ecuatoriano incardinado (adscrito) en Tehuacán desde 1969, como un peligroso guerrillero involucrado en el entrenamiento de otros guerrilleros que estaban dispuestos a replicar en todo México lo entonces recién ocurrido en Chiapas.
Lo decía la propaganda de la Secretaría de Gobernación, alegremente replicada en 1994 por la diócesis de Tehuacán, por la entonces flamante nunciatura apostólica, reabierta luego de más de siglo y medio de no existir, así como por la Conferencia del Episcopado Mexicano que, lejos de defender a Hallo del Salto, lo dejó solo.
Hallo del Salto regresó a su país de origen y, desde ahí, penosamente logró volver a México donde, luego de haber renunciado al sacerdocio, se restableció en una de las comunidades a las que había servido como párroco, contrajo matrimonio con una mexicana y regresó a realizar las actividades de desarrollo social que habían provocado la ira de Norberto Rivera, hasta que—como parte de la ola de muertes provocada por el coronavirus—falleció en febrero de 2022.
Lo hecho a Hallo del Salto no era nuevo en México. No fue algo que se le ocurriera a Norberto Rivera. Era el modus operandi de su mentor y promotor, Marcial Maciel, quien vivía, entre otras cosas, de vender información a la desaparecida Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación sobre los "curas rojos" y rojo podía ser cualquiera que se atreviera a criticar a Maciel o a sus aliados.
Es en ese sentido, que resulta difícil asumir que la Iglesia Católica tiene la capacidad para comprometerse con un modelo que, efectivamente, promueva de manera inequívoca la paz, que tiene como un elemento fundamental el respeto de los derechos humanos.
Y está el complejo problema de los abusos que, a pesar de la buena voluntad del papa Francisco, siguen ocurriendo en la Iglesia Católica. Él lleva poco menos de un año de haber planteado la idea de la “espiritualidad de la reparación” que, como tal, es inatacable.
La propuesta del papa Francisco toca todos los temas y puntos que requieren de la atención de los obispos que enfrentan los efectos del abuso sexual en sus diócesis o en otras a escala global y, a pesar de ello, no hay evidencia práctica, concreta, de que haya ocurrido algún cambio que valga la pena referir en materia de atención a las víctimas de abuso sexual.
Lejos de ello, lo que es posible decir es que la jerarquía de la Iglesia Católica le sigue apostando a otras rutas distintas a la de la “espiritualidad de la reparación” del papa Francisco.
De Chile a España y de regreso
En el caso de Chile y España, es posible hablar de la manera lamentable en que los obispos de España, los vinculados a la arquidiócesis de Valencia en concreto, permitieron que un obispo auxiliar de Santiago de Chile regrese a presidir servicios, incluidas misas y, de manera más general a actuar como una suerte de obispo auxiliar de Benicasim, un pequeño poblado de Valencia, en la costa mediterránea de España.
El obispo es Cristián Carlos Roncagliolo Pacheco. Él sigue apareciendo como auxiliar del arzobispado de Santiago, aunque en mayo de 2022, la nunciatura en Santiago publicó un comunicado en que anunciaba que viajaría a España.
El comunicado se puede ver como imagen inmediatamente después de este párrafo y se puede consultar en el sitio de Internet del arzobispado de Santiago de Chile aquí.
Ese anuncio de la nunciatura ocurrió luego de que Roncagliolo Pacheco fuera señalado en una acusación cuyos detalles no se han precisado, pero que—en su parte sustantiva—habla de que el obispo auxiliar y antiguo vicecanciller de la Universidad Católica de Chile, formaría parte de un grupo de clérigos acusados de actos “de connotación sexual” denunciados en 2019 “ante Josefina Martínez, quien en ese momento trabajaba en Consejo Nacional de Prevención de Abusos a Menores de Edad y Acompañamiento a Víctimas".
Los pocos detalles que se conocen de la acusación contra Roncagliolo Pacheco los publicó en 2022 el medio chileno El Desconcierto, que es uno de los que ha seguido la crisis de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en ese país..
El Consejo Nacional al que se refiere la nota de El Desconcierto fue parte de la respuesta que la conferencia de obispos de Chile articuló luego del escándalo por las denuncias de la existencia de una red que contribuyó durante muchos años a la impunidad del superdepredador chileno Fernando Karadima y sus asociados en la llamada “Pía Unión Sacerdotal”.
La Unión, como se le conocía, era un organismo—ahora suprimido—parecido a una orden religiosa que operaba desde la parroquia del Sagrado Corazón de Santiago, donde Karadima fue vicario y luego párroco desde los sesenta y hasta bien entrado este siglo.
La Unión y la parroquia sirvieron como medios para que Karadima reclutara a sus víctimas, algunas de las cuales luego se convirtieron en cómplices y/o encubridores de él, sea desde las estructuras del arzobispado de Santiago, de otras diócesis de Chile o de la ya citada Universidad Católica.
Inquietud y desconfianza
El comunicado de la nunciatura apostólica en Chile de 2022 presentó el viaje de Roncagliolo como parte de una suerte de terapia “para el restablecimiento de su salud” que, de manera cantinflesca, luego describe como orientada a “someterse a un proceso de recuperación de su salud física, psicológica y espiritual”.
Todo y nada a la vez. No es de sorprender que, cuando la prensa de Valencia, España, informó de la presencia de Roncagliolo en la población de Benicasim o Benicàssim, según el uso en valenciano, de la diócesis de Segorbe-Castellón de la Plata, hubiera sorpresa y repudio de los fieles. Mucho menos puede sorprender que, en Chile, las víctimas que ya no son fieles católicos luego de su desastrosa experiencia al lidiar con los mecanismos de supuesta impartición de justicia de esa iglesia también expresaran su desazón al saberse del regreso al ministerio público de Roncagliolo.
Lo que es peor, de manera oficial, no había alguna noticia en el sitio de Internet de la diócesis de Segorbe-Castellón de la Plata o alguna comunicación oficial del obispo Casimiro López Llorente que diera cuenta de la presencia del obispo auxiliar de Santiago de Chile, como se puede ver en este listado oficial de los clérigos en funciones en la diócesis española.
A pesar de ello, en un primer momento, López Llorente trató de calmar el enojo de sus fieles transfiriendo a Roncagliolo a otra obra de esa diócesis, la residencia Mosén Sol, en el poblado Alquerías del Niño Perdido.
Según un cable de la agencia Europa Press del 16 de febrero, a Roncagoglio le transfería López Llorente ante la “inquietud y desconfianza” que habían mostrado los fieles de la diócesis valenciana de Segorbe-Castellón de la Plata.
Eso sí, el comunicado que Europa Press reprodujo ese día señalaba que no había “denuncia ni causa abierta por delitos de connotación sexual en Chile” contra el obispo auxiliar de la capital andina.
El problema es que en el comunicado en el que se basó el texto que Europa Press y otros medios españoles y chilenos, se apuntaba ya que Mosén Sol, una obra administrada por una orden española conocida como Hermandad de Sacerdotes Operarios, era el destino adscrito del obispo chileno.
Aunque el comunicado del 16 de febrero de la diócesis de Segorbe, disponible aquí hace todo para presentar la situación en un tono muy favorable, ellos mismos no pueden ocultar que la trama derivó en que los fieles valencianos mostraran “inquietud y desconfianza”.
¿Qué esperaba don Casimiro?
México y las narcolimosnas
Y es en ese punto donde es necesario regresar a México a ver cómo podría promover la pacificación de México una institución cuyas decisiones, a escala global, generan “inquietud y desconfianza”.
Quienes seguimos la información acerca los muchos abusos pendientes de alguna medida de justicia en México y otros países no podemos más que dudar de la capacidad de la jerarquía de la Iglesia Católica para convertirse en mediadores o garantes de mecanismos amplios de pacificación.
No es que la doctrina del catolicismo y, de manera más general, del cristianismo no tenga los elementos teóricos o teológicos necesarios para hacerlo. No es una religión por sí misma violenta.
Lejos de ello, las narrativas más eficaces y conmovedoras de lo que es el catolicismo y el cristianismo enfatizan la profunda paradoja planteada por el Dios todopoderoso que se hace hombre y, lejos de optar por una cuna cómoda o que reflejara el poder de Dios, opta por la humildad de nacer en un pesebre, en una condición que ahora llamaríamos de marginado, de excluido.
Están incluso ejemplos de obispos, como el de Nippes en Haití, del que Los Ángeles Press dio cuenta la semana pasada que muy probablemente como consecuencia de su actividad a favor de la paz en su país se convirtió en víctima de un atentado con explosivos que casi le cuesta la vida.
Y están las tareas que acometen las monjas y sacerdotes en Haití y otros países de América Latina que hablan de un interés legítimo en resolver problemas de desarrollo, de respeto a los derechos humanos, de acceso a la justicia.
El problema en el caso de los llamados que los obispos católicos pudieran hacer a la pacificación en Guerrero u otros estados de la República, que esos llamados no son nuevos en sí mismos.
En Guerrero mismo, el antiguo obispo de Chilapa-Chilpancingo, el franciscano Salvador Rangel Mendoza, así como el antiguo arzobispo de Acapulco, ahora arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, han hecho llamados de ese tipo al menos durante los últimos diez años. Garfias Merlos incluso replica ahora algunas de las experiencias que ensayó primero en Acapulco en la capital del estado de Michoacán.
Mentalidad de Godínez
Además de la poca evidencia de que los llamados hechos por esos y otros obispos de México sean suficientemente eficaces en el logro de sus objetivos y de la desconfianza que tienen las personas que han sido víctimas o son familiares de víctimas de abuso sexual a manos de clérigos católicos ante este tipo de llamados, está el problema del recuerdo de la manera en que el ahora finado obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, actuó cuando en 2005 decía conocer de casos de grandes donativos de narcotraficantes.
Según la delirante teología de uno de los discípulos favoritos del ahora arzobispo emérito de Guadalajara. el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, lo importante de esos donativos, lo que los “limpiaba”—según él—era la intención con la que se hacían pues “si una persona que se dedica a delinquir se arrepiente, es una forma de purificación”.
Debe agregarse, sin embargo, que al hablar como lo hacía Godínez no estaba lejos de lo que era el consenso extraoficial de la generación de obispos que promovió Prigione a sus cargos durante los ochenta y noventa.
Es el mismo enfoque que seguía Marcial Maciel cuando negociaba en la lógica de la así llamada simonía, por ejemplo, anulaciones matrimoniales para los más fieles de sus fieles, ante una solícita Rota Romana (el tribunal que considera ese tipo de casos en la Santa Sede).
La Rota solía imponer altas tarifas por considerar casos que exigían, hasta la más reciente reforma de Francisco, ser presentados en italiano con amplias porciones de los expedientes también traducidos al latín, lo que exigía de las partes el pago de las tarifas de traducción y luego de legalización o apostillamiento de los documentos traducidos, además de frecuentes viajes a Roma.
La simonía es, de manera muy simple, la compra-venta de favores de tipo sobrenatural o religioso.
Más allá del problema teológico o canónico que planteaba lo dicho por Godínez, cuando el gobierno federal mexicano repudió lo dicho por el obispo de Aguascalientes, el prelado negó que lo hubiera dicho y culpó a los periodistas que recogieron las perlas de su conocimiento teológico, de haber tergiversado sus dichos.
Como era de esperarse, la presidencia de la República, entonces en manos de Vicente Fox, criticó los dichos del obispo de Aguascalientes, en lo que fue un escándalo internacional, como lo demuestra esta nota de 2005, que todavía existe en el sitio de ABC, uno de los diarios más importantes de Paraguay, que da cuenta del enojo de Rubén Aguilar, el entonces vocero del gobierno federal.
Variaciones de esa nota fueron publicadas por diarios de Argentina, Chile, España y otros países de los mundos de habla española, inglesa, portuguesa y francesa.
El pie en la boca
Tocó al entonces obispo de Texcoco, entonces secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y actual arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, sacarle el pie de la boca a Godínez.
Aunque Aguiar Retes cumplió con las formas, días después el obispo de Aguascalientes fue formalmente denunciado ante la justicia federal mexicana por sus dichos. Nunca se sabrá qué hubiera resultado de una investigación porque Godínez murió poco menos de dos años después de haberse exhibido, el 20 de abril de 2007.
Lo que no ha desaparecido, sin embargo, es la sombra de las así llamadas narcolimosnas, las dádivas que los narcotraficantes entregan a los jerarcas católicos.
El mismo Aguiar Retes que había logrado librar el golpe que Godínez se dio a sí mismo y a otros obispos mexicanos, volvió a toparse con las sombras de las narcolimosnas en 2008, luego de que había sido electo como presidente de la CEM en 2006.
En 2008, ya como presidente de la CEM, Aguiar dijo que “los narcotraficantes hacen obras muy significativas para la comunidad: meten luz y se encargan de financiar la construcción de caminos. También construyen iglesias y capillas. Eso ocurre en algunos pueblos muy remotos de la sierra, donde el gobierno no tiene recursos para actuar”.
En esa oportunidad, fue su secretario general, José Leopoldo López, entonces obispo auxiliar de Guadalajara ahora titular de Nogales, Sonora, quien sacó al ahora cardenal del bache. Matizó al señalar que Retes habló de esa manera de algunos “delincuentes menores” a quienes él deseaba sacar de sus actividades criminales, pero que no contaban con una vía que les permitiera retirarse.
Una vez más, la CEM culpó a los medios, así como a los militantes de distintos partidos políticos y a miembros “de la misma clase intelectual” por lo que el ahora obispo de Nogales, calificó como “un llamado a un cambio de vida” lo hecho por Aguiar Retes.
Durante abril de ese año, los obispos y los periódicos, digitales o en papel de las diócesis mexicanas y de otros países publicaron una avalancha de condenas a las críticas que recibió Aguiar, así como de explicaciones de lo que verdaderamente había planteado el entonces obispo de Texcoco, como en el caso de InfoCatólica, un medio vinculado a la Universidad de Navarra, en España, que es una de las obras del Opus Dei.
Pecado social
Como ha sido el caso en más de una ocasión en los últimos 20 años, fue Raúl Vera, ahora obispo emérito de Saltillo, quien debió echar por delante el prestigio que ha acumulado a lo largo de muchos años de denunciar los excesos de otras élites y los de sus propios colegas obispos quien explicó que lo dicho por Aguiar Retes no podía considerarse como una posición oficial de la CEM.
Lo había dicho a título personal y sin que hubiera ocurrido alguna discusión en el seno de la conferencia nacional de obispos.
Vera, sabedor de los efectos de la violencia que genera el narcotráfico aceptó que la jerarquía efectivamente recibía las llamadas narcolimosnas pero, a contrapelo de lo dicho por Godínez, dijo que no eran prueba de la generosidad de los jefes de grupos criminales, sino que formaban parte de sus estrategias para lavar recursos y para legitimarse.
Vera incluso llamó, hace ya casi 14 años, a que se castigara a los sacerdotes y a los obispos que recibieran ese tipo de donativos. Según las declaraciones que la prensa de la época recogió de Vera, “desde el punto de vista moral, es imposible decir que se limpia el dinero, sólo porque se pone carpeta al pavimento, un jardín a un pueblo o se arregla una capilla, pues todo lo que hacen los narcotraficantes forma parte de un pecado social”.
Que Vera haya invocado la categoría de pecado social refleja una realidad clave para comprender muchos de los problemas del catolicismo mexicano actual. También el hecho que él sea uno de los pocos obispos que aún hablan de esa noción de pecado social que se convirtió en una suerte de arcaísmo en el México del siglo XXI, algo de lo que ya nadie, salvo el obispo Vera, habla, a pesar de que en los sesenta y setenta del siglo pasado era una palabra de cuño corriente en documentos teológicos, forma parte del legado de Prigione y quienes, como él, redujeron la teología del catolicismo a una serie de condenas a lo sexual, mientras ellos mismos celebraban y encubrían, al menos, a Marcial Maciel.
Y todavía agregó Vera: “si un sacerdote se presta al lavado de dinero, entramos al terreno criminal y eso es fatal. Si un obispo se entera de que el padrecito está recibiendo dinero, no se puede quedar así, pues estaría entrando también al manejo criminal”.
En los años siguientes, entre 2010 y 2012, el epicentro del debate por las narcolimosnas se movió al estado de Hidalgo donde operaban los así llamados Zetas, un grupo criminal integrado mayormente por desertores de las fuerzas armadas de México y de Guatemala, notables por su capacidad para ejercer distintas formas de violencia.
Al frente de esa organización estaba Heriberto Lazcano, cuya capacidad para corromper no se limitó a las estructuras de la Iglesia Católica que le recibieron al menos un templo en una de las zonas relativamente nuevas de Pachuca, Hidalgo.
Los piadosos Z
Lazcano integraba además a cuerpos enteros de la policía municipal de estados como Hidalgo en décadas pasadas, además de complejas operaciones de compra de favores políticos en distintos estados de la zona de influencia que los Zeta consideraban como suya, la del Golfo de México.
Lazcano donó al menos un templo a la arquidiócesis de Tulancingo, en cuyo territorio se encuentra Pachuca, Hidalgo. A diferencia de otros templos de la arquidiócesis de Tulancingo, que son relativamente fáciles de identificar y ubicar en redes sociales, del templo que donó Lazcano no hay información disponible, aunque aquí se puede ubicar en Google Maps. Como en otros asuntos, la opacidad de la Iglesia Católica se convierte en una sorda metáfora de los problemas que le afectan.
Casi tan sorda como el hecho que justo en la fachada de la capilla adjunta al templo donado por Lazcano, se despliegue una manta con una oración por la paz, que no logra competir con la invitación a una peregrinación a los vecinos de ese templo a la Basílica de Guadalupe, como se puede ver en la foto que aparece después de este párrafo.
Casi tan sorda como la amenaza que aparece pintada en el muro exterior de una vivienda vecina del templo donado por Lazcano en el que se advierte a posibles ladrones que los lincharán si los atrapan ejerciendo su oficio en esa zona de Pachuca, como se puede ver en la fotografía que aparece después de este párrafo. La ironía no está muerta en México.
Recientemente, Los Ángeles Press publicó un material especialmente dedicado a este templo donado por Lazcano. Se puede consultar en el enlace que aparece inmediatamente después de este párrafo.
Y lo que es peor, el tema de las narcolimosnas está lejos de haberse agotado en México. En 2020, Catholic News Service publicó un texto que daba cuenta del alcance de las llamadas narcolimosnas luego del arresto de José Antonio Yépez Ortiz, el así llamado Marro, líder de un grupo criminal pomposamente llamado el Cartel de Santa Rosa de Lima.
Como lo detalla esa y otras notas publicadas en distintos idiomas hace casi cuatro años, Yépez Ortiz había donado al menos dos templos a la Iglesia Católica, en concreto a la diócesis de Celaya, cuyo obispo Benjamín Plascencia debió hacer frente a los cuestionamientos cuando se supo de la devoción y la generosidad del Marro.
Que ahora se hable con tanta ligereza de las posibilidades que tendría la mediación de los obispos católicos en estados como Guerrero o Guanajuato, hace inevitable preguntarse qué estarían dispuestos a pactar los obispos a cambio de una nueva cocina para sus seminarios, por ejemplo.
Cerdos en Chihuahua
Pero es necesario volver al tema de la inquietud y la desconfianza que reconocía el comunicado emitido por don Casimiro, el obispo español de Castellón, porque al mediodía de este domingo 25 de febrero, Chihuahua capital se sacudió al conocerse los primeros detalles de una bolsa verde, que aparentemente contenía una cabeza humana arrojada en un centro pastoral de la parroquia de la Divina Providencia de la arquidiócesis de esa capital.
Chihuahua capital ocupó un lugar protagónico en la serie que Los Ángeles Press dedicó al abuso sexual a manos de clérigos en Ciudad Juárez y que, a principios de este año, publicó como libro bajo el título Miedo y asco en Ciudad Juárez.
En efecto. Como suele ser el caso cuando los chihuahuenses temen que hayan ido a arrojar el cadáver de alguna víctima de delitos, los vecinos del fraccionamiento Gloria, al norte de Chihuahua capital, informaron a la policía de una bolsa sospechosa en las inmediaciones de un Centro de Pastoral operado por la arquidiócesis que preside Constancio Miranda Wechmann en ese fraccionamiento.
Afortunadamente, la bolsa verde que despertó los peores temores de los vecinos no tenía una cabeza humana. Era la cabeza y otras partes de un cerdo, que alguna persona fue a arrojar al Centro de Pastoral, ubicado en la calle de Sao Paulo. Además de la bolsa con la carne de cerdo, se hizo una pinta en la que se amenaza a un sacerdote al que sólo se identificó como Tony.
Aunque no se lo menciona, creo que un destinatario de este mensaje es también el arzobispo Miranda Wechmann quien no sólo ha sido omiso respecto de los casos de abuso sexual que le competen más directamente en la capital Chihuahua, también tiene algún grado de responsabilidad dada la indisposición del obispo de Ciudad Juárez a actuar contra los sacerdotes acusados de abuso sexual en la ciudad fronteriza. En los dos casos Miranda Wechmann, como el obispo de Juárez, José Guadalupe Torres Campos, le apuestan a reventar, a cansar, a las víctimas y sus familias.
Hasta donde las víctimas de abuso sexual lo pueden describir, el trato de Miranda Wechmann aunque parece comedido en un primer momento, sigue el patrón de eludir tanto como sea posible cualquier responsabilidad por los abusos que perpetran los sacerdotes a su cargo.
¿Alguien puede decirse sorprendido que alguna víctima de ese sacerdote identificado sólo como Tony recurra al uso de una cabeza de cerdo y a las pintas con amenazas para expresar su ira?
Es difícil creer que pudiera ocurrir, pero habrá que ver si la policía de Chihuahua, experta en hacer culpables de las víctimas de abuso sexual, como se narró en una de las entregas de aquella serie, no termina por encarcelar a quien tiró la bolsa verde con la cabeza de cerdo, fabricándole algún delito.
Credibilidad y confianza
Para que sea creíble la alegada disposición de los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano de mediar de manera eficaz para hacerle frente a la violencia que ahoga a estados como Guerrero, lo primero que tendrían que reconocer los obispos son los errores que han cometido con los casos de abuso. Sólo así podrían restablecer un mínimo de credibilidad y confianza.
La manera, por ejemplo, en que recurren a abogados que tienen un historial de sobornar a policías, fiscales y jueces para lograr fallos a favor de sus clientes, sin importar si “deben” sembrar evidencia, falsificar testimonios o abiertamente comprar sentencias favorables, hace difícil creer que ellos efectivamente están comprometidos con la mejora de la justicia en sus estados o a escala federal.
Los signos del enojo contra los clérigos mexicanos responsables de abuso sexual están ahí para quien quiera verlos. Hay quienes quieren presentar a cualquier clérigo como víctima de alguna conspiración de “los comunistas y los masones” para atacar a la Iglesia Católica, como solía ser el caso con Marcial Maciel.
Eso puede ser útil en la lógica de presentar a esa iglesia como víctima perpetua de conspiraciones de todo tipo. Sin embargo, quienes seguimos de cerca los casos de víctimas de abuso sexual y los vemos lidiar con los efectos de fallos amañados o del silencio que trata de hacer que se cansen, que se olviden de sus exigencias legítimas de justicia, sabemos de qué tanta violencia engendra el proceder de los clérigos católicos en México y otros países de América Latina.
Cualquiera de los casos de los que hemos dado cuenta recientemente en Los Ángeles Press es un ejemplo de la manera en que los obispos mexicanos lejos de ser transparentes y responsables en el desempeño de sus responsabilidades, incluidas las de orden puramente religioso, le apuestan a la secrecía, a cansar o reventar a las víctimas de abuso. Como muestra basta el caso de Joana Cruz Galván, una víctima del Estado de México.
Y no es que de plano se desestime que pudiera haber algo positivo en la mediación de los obispos u otras figuras vinculadas a la Iglesia Católica.
El Diálogo Nacional por la Paz sigue una metodología que, si se sostiene en el largo plazo, podría ser muy útil. Los documentos que han publicado en esta página, llamada Biblioteca, de ese micrositio son todos muy útiles y valiosos para comprender el alcance de casi 18 años de guerra en México.
Sin embargo, lo primero que tendría que reconocer la jerarquía de la Iglesia Católica en México es que su conducta en materia de abusos sexuales replica y amplifica muchos de los vicios que explican la violencia que ejercen los narcotraficantes contra las poblaciones civiles vulnerables de México y muchos otros países de América Latina.
Insistir en que el carácter sobrenatural de la Iglesia Católica, lo que algunos de sus fieles ven como "la gracia", basta para que pueda ser un mediador honesto en la violencia que padece México es, en el mejor de los casos, ingenuo.
La Iglesia Católica tendría que tomarse en serio las demandas, formales e informales, que se hacen contra sus sacerdotes o contra religiosos no ordenados. Y no, la realidad es que no lo hacen. Hay diócesis mexicanas que, 40 años después de iniciada la crisis de abusos sexuales en la Iglesia Católica carecen incluso de una comisión local para prevenir nuevos abusos. El trato a las víctimas y sus familiares es degradante y aunque los abogados de los obispos les hagan creer que van a reventar a las víctimas, lo que están reventando más bien es la confianza en la propia Iglesia Católica.
Como están las cosas, la mediación podría ser útil para que los funcionarios federales o los gobernadores se tomen alguna foto útil para algún objetivo político de corto plazo, pero dado que no hay cambios sustantivos en el enfoque militarizado de la seguridad pública y dado que la jerarquía católica está muy lejos de tener la confianza incluso de sus propios fieles por los casos de abuso, el Diálogo Nacional por la Paz y las iniciativas que pudieran desprenderse de esa dinámica no pasarán de ser buenas ideas.