Alfredo Griz Cruz Jueves, 13 de Noviembre del 2025, 00:18
El botín de Nayarit: dos exgobernadores, una red de corrupción y 960 hectáreas robadas al pueblo.
Despacho 14El violento oficio de escribir
Por Alfredo Griz
A simple vista, Nayarit es una postal de paz: mar turquesa, montañas verdes, manglares que mueren en la orilla del Pacífico. Pero bajo ese brillo de sol se esconden los rastros del saqueo. No son los cárteles los que dejaron el paisaje devastado, sino los hombres que juraron protegerlo: Ney González Sánchez y Roberto Sandoval Castañeda, dos exgobernadores del PRI que convirtieron la tierra pública en su caja chica y el poder en un negocio inmobiliario.
Entre 2005 y 2017 —doce años de dominio absoluto— ambos tejieron un sistema de corrupción institucional, fideicomisos fantasma y transferencias disfrazadas que acabaron con una parte sustancial del patrimonio estatal. De acuerdo con documentos judiciales y reportes oficiales, al menos 960 hectáreas del litoral nayarita fueron vendidas, cedidas o rematadas a precios irrisorios a través de empresas vinculadas con familiares, prestanombres y políticos de confianza.
La operación tenía un nombre técnico: Fideicomiso Bahía de Banderas, creado con la idea de atraer inversión turística. En la práctica, se convirtió en una máquina de lavado y despojo.
El decreto que crea el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) se puede consultar en el siguiente PDF del Diario Oficial de la Federación: «DECRETO por el que se reforma el artículo quinto y crea un fideicomiso traslativo de dominio con el nombre de Bahía de Banderas»
Bahia de Banderas. Imagen: wikicommons.
Ney González: el arquitecto del saqueo
Cuando Ney González llegó al poder en 2005, el discurso era de modernización y apertura económica. En los hechos, fue el inicio de una red que mezcló deuda pública, especulación de tierras y tráfico de influencias.
Durante su gobierno, la deuda estatal creció de 363 millones a más de 5 mil millones de pesos, un aumento del 1 300 %. No hay registro claro de a dónde fue ese dinero. Parte de esos recursos se canalizaron a fideicomisos de infraestructura turística que, según la Auditoría Superior del Estado, terminaron en manos privadas.
El caso más emblemático: Bahía de Banderas, donde parcelas de alto valor ecológico fueron cedidas a particulares por montos simbólicos. Varias de esas propiedades reaparecieron luego en el mercado inmobiliario bajo empresas con domicilio fiscal inexistente o asociadas a exfuncionarios del propio gabinete.
Los investigadores del estado aseguran que González firmó más de 60 decretos de transferencia de inmuebles públicos durante su administración. Muchos de esos terrenos, hoy, están ocupados por desarrollos hoteleros de lujo.
En 2023, la Fiscalía de Nayarit giró dos órdenes de aprehensión en su contra por peculado, ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias. Desde entonces, Ney González está prófugo. La Interpol lo busca en 195 países. Nadie lo ha visto desde hace meses. Algunos lo ubican entre Guadalajara y el sur de California, moviéndose con pasaportes falsos.
En junio de 2025, el propio exgobernador rompió el silencio: en un video de voz temblorosa, afirmó vivir “en zozobra emocional”, acusando de persecución política su búsqueda judicial. Pero los documentos son contundentes: el patrimonio confiscado a su nombre —más de 50 bienes inmuebles— equivale a una fortuna que no puede explicarse con un sueldo de servidor público.
Roberto Sandoval: la continuidad del crimen institucional
En septiembre de 2011, Roberto Sandoval Castañeda tomó protesta como gobernador prometiendo limpiar la casa. Lo que hizo fue heredar el modelo de su antecesor y perfeccionarlo.
El fideicomiso siguió operando, pero ahora con estructuras financieras más opacas. Los terrenos vendidos durante su gestión superan los 150 millones de pesos en valor catastral, aunque las escrituras muestran ventas por menos del 10% de ese monto.
Sandoval no solo repitió el guion de González, sino que amplió el negocio. Documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revelan que fue sancionado en 2019 por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y por “beneficiarse de sobornos a cambio de protección institucional”.
En México, las investigaciones se acumularon: lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, y operaciones por 156 millones de pesos.
El 6 de junio de 2021, agentes federales lo detuvieron en Linares, Nuevo León. Iba con su hija, quien también fue procesada. En septiembre de 2025, un tribunal dictó sentencia: siete años de prisión por falsificación de documentos para apropiarse de un terreno en San Blas.
Hoy cumple condena. Aún enfrenta otro proceso por lavado de dinero, y un tercero por la triangulación de recursos públicos destinados a obras inexistentes.
La tierra del saqueo
El epicentro del caso está en la costa de Nayarit: Bahía de Banderas, San Blas, Compostela y Nuevo Vallarta. Lo que alguna vez fue patrimonio público terminó fragmentado en lotes turísticos vendidos a empresas pantalla.
La nueva administración estatal, con apoyo de la Fiscalía General de la República, emprendió en 2025 un megaoperativo para recuperar 960 hectáreas. Según fuentes oficiales, las propiedades fueron transferidas mediante escrituras notariales irregulares firmadas durante ambos sexenios. En algunos casos, el precio por hectárea fue de apenas 8 mil pesos, cuando el valor comercial superaba los 2 millones.
Los expedientes judiciales revelan que varios de esos predios fueron revendidos a consorcios inmobiliarios extranjeros. Entre las empresas beneficiadas se identifican razones sociales vinculadas a excolaboradores de ambos gobernadores, y una red de despachos que operaban en Guadalajara y Ciudad de México.
Un fiscal involucrado en el caso lo resume así:
“No se trató de errores administrativos, sino de un modelo criminal. El Estado fue usado como una inmobiliaria para lavar dinero y transferir poder a manos privadas. Era corrupción institucionalizada.”
El costo social
Mientras los exgobernadores amasaban fortunas, Nayarit se hundía en pobreza. Entre 2005 y 2017, el número de personas en condición de marginación aumentó en más de 70 mil, y el desempleo se duplicó. Las obras públicas prometidas —carreteras, escuelas, hospitales— se quedaron en los folletos de campaña.
El saqueo tuvo rostro humano: campesinos desplazados por las ventas ilegales, pescadores sin acceso al mar, comunidades enteras que perdieron tierras comunales porque un decreto, firmado en un despacho climatizado, las convirtió en “zonas de desarrollo turístico”.
Un campesino de Bucerías lo contó así:
“Llegaron los hombres del gobierno, con papeles y escoltas. Dijeron que el terreno ya no era nuestro, que era del estado. Luego vimos las máquinas, las torres, los hoteles. Ni una indemnización, ni una explicación.”
Justicia en cámara lenta
A la fecha, solo Roberto Sandoval está preso. Ney González sigue prófugo. De los millones desviados, poco se ha recuperado. La Fiscalía de Nayarit afirma haber asegurado 54 propiedades, pero muchas están a nombre de terceros y en litigio.
En 2025, el gobierno federal anunció la recuperación de los terrenos del fideicomiso Bahía de Banderas como un “acto de justicia histórica”. Sin embargo, los expedientes demuestran que menos del 30% de los bienes expropiados han vuelto al dominio público.
Las causas penales siguen abiertas. Las auditorías estatales documentan un desfalco superior a 5 mil millones de pesos, entre deuda irregular, ventas subvaluadas y desvíos presupuestales.
Y aunque el caso figura en informes del Sistema Nacional Anticorrupción, ningún alto funcionario federal ha sido investigado por encubrimiento, a pesar de que varios participaron en las transacciones.
La herencia del silencio
En Tepic, los nombres de Ney y Roberto se pronuncian con rabia o con miedo. Para muchos, siguen siendo parte de la estructura de poder. A través de operadores políticos, financian campañas locales y mantienen influencia en sindicatos y notarias.
El caso de Nayarit no es solo una historia regional: es un espejo del país. El poder político convertido en negocio familiar, la impunidad como norma, la justicia como simulacro.
Doce años bastaron para transformar un estado con vocación agrícola y pesquera en un laboratorio de corrupción de alto nivel.
Hoy, mientras el mar sigue golpeando la costa que ellos vendieron, la pregunta persiste: ¿cuánto vale la tierra cuando se vende la dignidad?
El precio del poder
La corrupción no fue un accidente. Fue el sistema. Los exgobernadores no actuaron solos: detrás hubo notarios, legisladores, jueces y empresarios que participaron del festín. Los mismos que hoy financian campañas o presumen inversiones “limpias” en el corredor Riviera Nayarit.
El caso González-Sandoval expone el mecanismo perfecto: endeudar al estado, crear fideicomisos, subvaluar la tierra, revenderla con ganancias multimillonarias y, al final, escapar entre los huecos del sistema judicial.
En los archivos del Registro Público de la Propiedad aún quedan las escrituras con sus firmas. La tinta no se borra, pero la memoria del país, sí.
Datos duros
- Deuda estatal durante el sexenio de Ney González: de 363 a 5 120 millones MXN.
- Terrenos vendidos irregularmente: 960 hectáreas (Bahía de Banderas y San Blas).
- Valor comercial estimado: más de 4 000 millones MXN.
- Propiedades aseguradas: 54.
- Órdenes de aprehensión: 2 contra Ney González (peculado, tráfico de influencias); 3 procesos abiertos contra Roberto Sandoval (lavado de dinero, falsificación, enriquecimiento ilícito).
- Sentencia firme: 7 años de prisión para Sandoval Castañeda (septiembre 2025).
México de conciencia
