Van Hollen dijo que a su regreso dará una actualización completa del caso de Kilmar Abrego García.
Por Mary Clare Jalonick y Yolanda Magaña
SAN SALVADOR (AP) — El senador de Maryland, Chris Van Hollen, se reunió el jueves por la noche en El Salvador con Kilmar Abrego García, encontrándose cara a cara con el hombre que fue deportado erróneamente, después de pasar dos días en el país presionando por su liberación.
El senador demócrata publicó una foto del encuentro en X, pero no proporcionó una actualización sobre el estado de Abrego García, cuyos abogados están luchando para obligar a la administración Trump a facilitar su regreso a Estados Unidos.
Abrego García, ciudadano salvadoreño que residía en Maryland, fue enviado a El Salvador por la administración Trump en marzo, a pesar de una orden de un tribunal de inmigración que impedía su deportación. El presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmaron esta semana que no tienen base legal para devolverlo a Estados Unidos, aunque la administración Trump ha calificado su deportación como un error y la Corte Suprema de EE. UU. ha instado al gobierno a facilitar su regreso.
"Dije que el principal objetivo de este viaje era reunirme con Kilmar”, escribió Van Hollen en X, junto a una foto de ambos conversando en lo que parecía ser un restaurante. “Esta noche tuve esa oportunidad. He llamado a su esposa, Jennifer, para transmitirle su mensaje de amor. Espero poder brindar una actualización completa a mi regreso.
No está claro cómo se organizó la reunión, dónde se llevó a cabo ni qué sucederá con Abrego García. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó imágenes del encuentro minutos antes de que Van Hollen compartiera su publicación, diciendo: “Ahora que se ha confirmado que está sano, tiene el honor de permanecer bajo custodia de El Salvador”. El tuit finalizaba con emojis de las banderas de Estados Unidos y El Salvador, con un emoji de apretón de manos entre ambas.
La esposa de Abrego García, Jennifer Vásquez Sura, dijo en una declaración difundida por un grupo de defensa que “aún tenemos muchas preguntas, esperanzas y temores”.
El viaje de Van Hollen se ha convertido en un punto de tensión partidista en Estados Unidos, ya que los demócratas han aprovechado la deportación de Abrego García como un ejemplo de lo que consideran una consecuencia cruel del desprecio de Trump por los tribunales. Un tribunal federal de apelaciones declaró el jueves, en una orden contundente, que la afirmación de la administración Trump de que no puede hacer nada para liberar a Abrego García de una prisión en El Salvador y devolverlo a EE. UU. “debería ser impactante”.
Los republicanos han criticado a los demócratas por defender al prisionero y argumentan que su deportación forma parte de un esfuerzo más amplio para reducir la delincuencia. Funcionarios de la Casa Blanca han afirmado que Abrego García tiene vínculos con la pandilla MS-13, pero sus abogados aseguran que el gobierno no ha presentado ninguna prueba de ello y que Abrego García nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con esas actividades.
Más legisladores demócratas han expresado su intención de viajar a El Salvador para abogar por la liberación de Abrego García, pero no está claro si esos viajes, o la reunión de Van Hollen, tendrán algún efecto sobre su situación. Al ser consultado por periodistas el jueves por la tarde sobre si consideraba que Abrego García tenía derecho al debido proceso, el presidente Donald Trump evitó responder la pregunta.
“Tengo que remitirme, otra vez, a los abogados”, dijo desde la Oficina Oval. “Tengo que hacer lo que ellos me pidan que haga”.
Una portavoz de la presidencia de El Salvador dijo que no tenía más información sobre la reunión ni sobre Abrego García.
La reunión de Van Hollen tuvo lugar pocas horas después de que afirmara que se le negó el ingreso al Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, una prisión de máxima seguridad donde se encuentra detenido Abrego García. El senador demócrata declaró en una conferencia de prensa en San Salvador, el jueves por la tarde antes de su encuentro, que su vehículo fue detenido por soldados en un punto de control a unos 3 kilómetros (aproximadamente 2 millas) de la prisión, mientras que a otros vehículos se les permitió continuar.
“Nos detuvieron porque tienen órdenes de no dejarnos avanzar”, dijo Van Hollen.
Mientras a Van Hollen se le negó el acceso, varios representantes republicanos de la Cámara sí han visitado la notoria prisión de pandilleros en apoyo a los esfuerzos de la administración Trump. El representante Riley Moore, republicano de Virginia Occidental, publicó el martes por la noche que había visitado la prisión donde se encuentra Abrego García. No mencionó a Abrego García, pero afirmó que la instalación “alberga a los criminales más brutales del país”.
“Me voy ahora aún más decidido a apoyar los esfuerzos del presidente Trump para proteger nuestra patria”, escribió Moore en redes sociales.
El representante republicano de Missouri, Jason Smith, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, también visitó la prisión. Publicó en X que “gracias al presidente Trump”, la instalación “ahora incluye a inmigrantes ilegales que ingresaron a nuestro país y cometieron actos violentos contra estadounidenses”.
Van Hollen llegó a El Salvador el miércoles por la mañana y poco después se reunió con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, quien le dijo que su gobierno no podía devolver a Abrego García a Estados Unidos.
Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) reconocieron en un documento judicial a principios de este mes que su deportación fue un “error administrativo”. El reconocimiento del gobierno provocó una reacción inmediata por parte de defensores de los derechos de los inmigrantes, pero funcionarios de la Casa Blanca se han mantenido firmes en la acusación de que Abrego García es miembro de una pandilla y no será devuelto a Estados Unidos.
La batalla también se ha desarrollado en presentaciones judiciales polémicas, con repetidas negativas del gobierno a decirle a un juez qué planea hacer, si es que planea algo, para repatriarlo. El jueves, un panel de tres jueces del Cuarto Tribunal de Apelaciones de EE. UU. se negó por unanimidad a suspender la decisión de un juez que ordena el testimonio bajo juramento de funcionarios de la administración Trump, y afirmó que el poder judicial se ve afectado por las “constantes insinuaciones de su ilegitimidad”, mientras que el poder ejecutivo “pierde mucho ante la percepción pública de su ilegalidad”.
El juez J. Harvie Wilkinson III, nominado por el expresidente republicano Ronald Reagan, escribió que él y sus dos colegas “se aferran a la esperanza de que no sea ingenuo creer que nuestros buenos colegas del Poder Ejecutivo perciben el Estado de derecho como vital para el espíritu estadounidense”.
Desde marzo, El Salvador ha aceptado de EE. UU. a más de 200 inmigrantes venezolanos —a quienes funcionarios de la administración Trump han acusado de actividad pandillera y crímenes violentos— y los ha colocado en la prisión de máxima seguridad para pandilleros a las afueras de San Salvador. Esa prisión forma parte del esfuerzo más amplio del presidente Bukele por acabar con las poderosas pandillas del país, una campaña que ha llevado a 84.000 personas a prisión y lo ha hecho extremadamente popular dentro de El Salvador.
Organizaciones de derechos humanos han acusado al gobierno de Bukele de someter a los encarcelados a un “uso sistemático de tortura y otros malos tratos”. Las autoridades salvadoreñas niegan cualquier irregularidad.
