Humberto y Rubén Moreira, son los dos exgobernadores que dejaron a Coahuila sumido en una deuda que se liquidaría en 2048.
Los Ángeles Press
El poderío de los Moreira Valdés comenzó cuando Humberto Moreira, actualmente de 59 años, se adjudicó la gubernatura el 25 de septiembre de 2005.
Es decir, hace 20 años, el llamado clan —formado por los hermanos Rubén, Humberto, Carlos Ariel y Álvaro—, que también tienen puestos relevantes en la política coahuilense, no solo pasó a formar parte de esta, sino también de grandes polémicas que, pese al paso del tiempo, siguen dando de qué hablar.
El magisterio, su gran apoyo
Todo comenzó cuando en 2002, Humberto —siempre anteponiendo su origen magisterial— se preparó para aparecer por primera vez en las boletas electorales y así ganar, en primera instancia, la alcaldía de Saltillo.
Era amigo de la dirigente Elba Esther Gordillo, y así fue fácil vencer y escalar. De esa forma, fue estructurando, junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), un grupo de representantes conformado únicamente por maestros. Así llegó a la gubernatura.
A los Moreira no les agrada que la prensa les haga cuestionamientos incómodos. Tienen la piel delgada. Cuando Humberto llegó al Poder Ejecutivo de Coahuila —como sucede en varios estados, o hasta en la misma Ciudad de México— hay medios que, anteponiendo su línea editorial a cambio de publicidad oficial u obteniendo riquezas que no justifican sus raquíticos salarios, trabajaban notas a modo o para enaltecer su administración y quedar bien con ellos.
La prensa crítica, la piedra en el zapato
Durante su mandato, de 2005 a 2011, Humberto Moreira estuvo en contra del periodismo crítico que exhibía sus actividades y las de su familia, y que evidentemente no lo dejaba bien parado.
En otras palabras, “El Profe”, como muchos le llamaban, pisoteó sin reservas la libertad de expresión, tal como ha ocurrido a nivel nacional con las dos últimas administraciones de la Cuarta Transformación.
Por ejemplo, por aquellos años, siempre estuvo en pleito con los reporteros y directivos del periódico PALABRA, perteneciente a Grupo Reforma. Sin más, en 2007 dio órdenes expresas a la mayor parte de su gabinete para que no dieran entrevistas a ningún reportero que viniera de ese rotativo.
Y es que para él era incómodo hablar de los gastos erogados por su gobierno, o por cosas tan sencillas como cuánto costaba hacerse publicidad poniendo su foto en una simple botella de agua.
¿Qué decir cuando una pregunta incómoda saltaba desde el micrófono de un reportero frente a las cámaras de TV?
“Yo sí me los chingo”
En una ocasión, irritado luego de que una reportera le preguntó algo que lo hizo enfurecer, esperó a que se apagaran las cámaras y le dijo sin miramientos:
“No me vuelva a preguntar eso porque yo sí me los chingo”.Humberto Moreira era bravucón y grosero con la prensa que no hacía el trabajo a su modo. Su hermano Rubén —quien durante esa administración ocupó la Subsecretaría de Planeación Educativa, de Gobierno, y fue dirigente estatal del tricolor— no era diferente.
En una ocasión, uno de los hijos de Humberto, en estado etílico, armó un escándalo junto a sus amigos en el estacionamiento de una plaza comercial de Saltillo. Cuando un reportero del desaparecido diario PALABRA se atrevió a cuestionarlo, le soltó molesto:
“A mí no me ande preguntando sobre mi familia porque yo soy abogado y yo sí lo meto a la cárcel. Pregúntele al dueño de Reforma (Alejandro Junco de la Vega) que recuerde cuando él también de joven hacía lo mismo”.Y es que los escándalos sobre el trato que ambos hermanos —también el propio Carlos Ariel— daban en su estado a los medios de comunicación tienen que ver con el supuesto sometimiento a través de grandes cantidades de dinero, amenazas y demandas, como han documentado otros medios.
Hay que subrayar que parte del gremio periodístico que respaldaba al llamado “Gobierno de la Gente” —eslogan de su administración— tampoco mostraba solidaridad hacia los reporteros de PALABRA. De hecho, algunos los recibían con burlas al llegar a una cobertura, llamándolos “PANhabla” en lugar de su nombre correcto, en alusión a una supuesta afinidad con el Partido Acción Nacional.
Megadeuda
Al dejar la gubernatura, Humberto Moreira dejó a Coahuila hundido en una deuda de casi 36 mil millones de pesos.
Se fue a la Ciudad de México como líder nacional del PRI, donde su objetivo era posicionar al entonces candidato presidencial del partido, Enrique Peña Nieto. Lo logró, pero después el mismo PRI lo presionaría para abandonar su cargo, por señalamientos de lavado de dinero, nexos con el narcotráfico, malversación de fondos públicos y cohecho.
Y así, en medio de todos esos rumores y de la megadeuda, con 60.62% de los votos, Rubén Moreira (actualmente de 62 años y hoy diputado federal) llegó a sustituir a su hermano. Su historia no fue diferente, ya que al dejar el cargo la deuda pública ascendía a 38 mil millones de pesos, supuestamente a pagarse en 30 años, a partir de 2018.
El lado oscuro de Humberto
En 2016, Humberto fue vinculado a las actividades del grupo criminal Los Zetas. Por ello enfrentaría acusaciones en una Corte de Texas y hasta prisión en Madrid.
Pero solo estuvo detenido unos días, porque, gracias al poder que ya tenía Peña Nieto como presidente de México, logró su liberación.
Sin embargo, cuando se hallaba en la prisión de Soto del Real, en Madrid, el periódico El Español difundió que el asesinato de su hijo José Eduardo, cuatro años antes, sí había sido una venganza de Los Zetas:
“Porque el exgobernador de Coahuila estaba moviendo dinero sin el control de la organización criminal”.
Su expulsión del PRI
En 2017 volvió a las boletas electorales como candidato plurinominal a diputado local por el Partido Joven (recientemente llamado Nuevas Ideas), un partido que fundó con la ayuda de amigos y excolaboradores. Eso le costó la expulsión del PRI.
Su confrontación con Sergio Aguayo
A Humberto Moreira se le ha acusado de presuntamente usar recursos públicos para comprar la voluntad de medios de comunicación.
En ese tenor, periodistas como Sergio Aguayo también han sido blanco de represalias por denunciar presuntos actos de corrupción e impunidad en Coahuila. En 2016, Humberto Moreira lo demandó por “daño moral”, exigiendo una indemnización de 10 millones de pesos y una disculpa pública, luego de que Aguayo escribiera una columna crítica sobre su gestión. El caso fue cuestionado por organismos de defensa de la libertad de expresión y, tras una larga batalla legal, Aguayo fue absuelto.
La molestia contra Aguayo surgió porque el periodista estaba realizando desde El Colegio de México una investigación sobre lo que realmente sucedió durante su gobierno: la masacre en Allende, Coahuila, donde Los Zetas desaparecieron en varios municipios al menos a 300 personas.
Otro caso es el de la reportera Roxana Romero y el diario Vanguardia, quienes enfrentan una demanda por “daño moral”. ¿El motivo? Una investigación sobre una pensión de 37 mil 128 pesos mensuales que Humberto cobraba como profesor de secundaria en el pasado.
Sin embargo, hasta la fecha, Humberto Moreira ha permanecido en la impunidad y, actualmente, parece estar alejado de los reflectores.
Lo último que se supo de él es que en 2020 sufrió un infarto y fue sometido a una operación en Cuernavaca, Morelos, donde residía en ese momento.
En medio de todo esto, ha surgido información sobre una demanda mercantil que enfrenta el periódico coahuilense Vanguardia, por una deuda millonaria que, según su propia versión, nunca contrajo.
De acuerdo con las investigaciones del diario, el embargo del que son víctimas favorece los intereses del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés.
Lo más delicado del caso es que un tribunal colegiado rechazó la mayoría de los amparos interpuestos por Vanguardia. Este proceso judicial ya acumula más de
15 años, ya que, según la demanda, la deuda fue contraída en 2008.
Las irregularidades del caso han sido cuestionadas por la Sociedad Interamericana de Prensa y la Alianza de Medios. Ese “acoso judicial” —como lo ha calificado el propio periódico— habría surgido como represalia por la cobertura crítica sobre las actividades de Humberto Moreira.
La Alianza de Medios enfatizó:
“Este caso refleja un patrón preocupante en la región: el uso de mecanismos legales para intimidar, desgastar y censurar a los medios”.
Ante su preocupante situación, Vanguardia publicó el viernes 15 de agosto lo siguiente:
- “Hoy en Vanguardia atravesamos por uno de esos momentos en los cuales el ejercicio del periodismo crítico pasa factura. Un tribunal federal, colocado de espaldas al ideal de justicia que debiera animar su actividad, pero comprometido con los intereses personales de un exgobernador de Coahuila, dictó en nuestra contra la sentencia de última instancia, en un caso mercantil construido de forma artificial con el único propósito de golpearnos económicamente y, de forma ulterior, silenciarnos”.
