Rocha Moya insiste en que las acusaciones carecen de sustento y las atribuye a una ofensiva política contra su gobierno y la Cuarta Transformación.
Los Ángeles Press
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó de manera categórica las acusaciones formuladas en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, al calificarlas como carentes de veracidad y fundamento.
En un mensaje público difundido este 29 de abril, el mandatario estatal sostuvo que las imputaciones serán desmentidas “con toda contundencia, en el momento oportuno”, y aseguró que se trata de señalamientos sin sustento legal.
Rocha Moya enmarcó el caso no sólo como un ataque personal, sino como una ofensiva dirigida contra el movimiento político de la llamada Cuarta Transformación, sus liderazgos y los ciudadanos que respaldan ese proyecto. En ese sentido, afirmó que la situación responde a una estrategia que, según dijo, busca vulnerar el orden constitucional mexicano.
El gobernador señaló específicamente que este tipo de acciones atentan contra la soberanía nacional, principio consagrado en el artículo 40 de la Constitución, el cual —subrayó— su administración y movimiento defienden como “invariable e innegociable”.
Dirigiéndose a la población de Sinaloa, Rocha Moya aseguró que enfrentará las acusaciones con “valor y dignidad”, y reiteró su confianza en que se demostrará la falta de sustento de lo que calificó como una calumnia.
El pronunciamiento del gobernador se produce en medio de una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo incluye —junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa— en una presunta red de colaboración con el Cártel de Sinaloa para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
Entre los señalados figuran un senador en funciones, el alcalde de Culiacán y mandos de seguridad, en un expediente que describe posibles vínculos sistemáticos entre estructuras de gobierno y el crimen organizado. Los cargos, que incluyen conspiración para el narcotráfico y delitos relacionados con armas, podrían implicar penas de cadena perpetua, elevando el caso a uno de los señalamientos más graves contra una administración estatal mexicana en años recientes.
