El GIEI también reveló que militares fueron testigos de la desaparición y no ayudaron.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer ayer su último informe después de nueve años de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En este informe, se ha revelado que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha ocultado información crucial que es fundamental para esclarecer el caso.
El GIEI ha presentado pruebas que sugieren que los miembros de la SEDENA no proporcionaron información veraz durante los primeros interrogatorios, alegando que desconocían lo que estaba ocurriendo con los normalistas y que sólo recibieron órdenes para investigar.
No obstante, nuevos testimonios protegidos y el análisis de información telefónica revelaron que las declaraciones de las autoridades y testigos de la SEDENA no eran precisas. De hecho, estas pruebas indican que las autoridades de la SEDENA estuvieron presentes en lugares donde se habían detenido a los estudiantes, como el palacio municipal de Iguala y diversos batallones donde los normalistas fueron llevados y sometidos a torturas.
El GIEI también señala que el Ejército, incluido un capitán y otros militares, se entrevistó con las autoridades municipales y ministeriales que detuvieron a los jóvenes, siendo testigos de lo que les sucedió después.
A pesar de estas evidencias presentadas por el GIEI, el ejército ha rechazado proporcionar toda la documentación relevante de esos años, lo que según los expertos, dificulta enormemente llegar a la verdad sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se destaca que desde su llegada a México para investigar el caso en marzo de 2015, las autoridades en varios niveles dificultaron su acceso a documentos relevantes y a entrevistas con testigos clave.
Inicialmente, la Procuraduría General de la República (PGR) negó la posibilidad de que el GIEI pudiera entrevistar a 27 miembros del Batallón de Infantería de Iguala, argumentando que no colaborarían con personas extranjeras debido a que consideraban que esto violaba la soberanía del país, ya que los expertos eran extranjeros.
Sin embargo, con la llegada de la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se abrió la puerta a los expertos y se les permitió examinar la documentación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), donde se encontraba información crucial para la investigación.
Durante este periodo, el GIEI pudo continuar con su trabajo y obtuvo información de gran relevancia que permitió la elaboración de los primeros 5 informes sobre el caso.
Uno de los datos más significativos que se pudo confirmar en el transcurso de la investigación fue la implicación del crimen organizado en colaboración con el ejército en los hechos ocurridos en Ayotzinapa. El GIEI encontró testimonios de personas actualmente protegidas y declaraciones ante la Fiscalía Especial para el caso, que revelaron la colusión de miembros del crimen organizado con comandantes de ambos batallones en esa época, así como la identificación de al menos un capitán y un teniente, junto con otros miembros del ejército, quienes estarían implicados en los acontecimientos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes.
Debido a las llamadas telefónicas registradas por el GIEI, se percató el nivel de colusión del Ejército, y lo más preocupante, que otras instancias como la Marina, Policía Federal, PGJ, PGR, Seguridad pública Estatal y Gobierno de Guerrero (Gobernador Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Vocero, asesor), sabían de esta colusión antes de los hechos del 26 de septiembre.
Aunque miembros del GIEI mencionaron que se continúa ocultando archivos de gran relevancia, así como no se han tomado medidas para aprehender a posibles personas involucradas en el caso.
“Para el 2014 existen varios mensajes de instituciones de SEDENA, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia CRFI de Iguala y del 27 BI con sede en Iguala, que alertan sobre existencia de crimen organizado, de la presencia de Guerreros Unidos, de acciones de violencia extrema, incluso 10 o 15 días antes de la desaparición de los normalistas en Igual” menciona el informe.
Foro Público: Ayotzinapa, la impunidad histórica