La recopilación masiva de datos personales podría poner en riesgo la privacidad y libertades de los ciudadanos ante un Gobierno espía.
Los Ángeles Press
El gobierno de Morena y la Cuarta Transformación (4T) ha comenzado a implementar lo que algunos consideran un “gobierno espía” a través de un conjunto de reformas legislativas que otorgan un poder inusitado al Estado en términos de monitoreo y control de la información personal. En este contexto, se han aprobado cambios clave en cuatro leyes interconectadas: la Ley en Materia de Personas Desaparecidas, la Ley General de Población, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Investigación e Inteligencia.
En un clima de controversia y acusaciones, la mayoría oficialista en el Congreso ha logrado aprobar estas reformas en un tiempo récord, lo que ha levantado una ola de críticas por el apresuramiento y la falta de un debate más profundo. El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, ha sido uno de los principales opositores, acusando al gobierno de Morena y sus aliados de manipular la tragedia de las madres buscadoras de desaparecidos para avanzar en la creación de un sistema de control ciudadano.
Desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Anaya arremetió contra la estrategia oficialista: "Lo que están haciendo no tiene vergüenza", señaló. "Están usando el dolor de las madres buscadoras y la crisis de seguridad para pasar cuatro reformas que, lejos de solucionar estos problemas, buscan consolidar el gobierno espía".
Las reformas en cuestión permitirían al gobierno federal acceder a información sensible de los ciudadanos, utilizando el CURP (Clave Única de Registro de Población) como herramienta central. Anaya explicó que, con el simple uso del CURP, las autoridades podrían acceder a datos como fotos, huellas dactilares, registros de compras en plataformas como Amazon, información sobre hospedajes, movimientos geográficos en tiempo real, e incluso reuniones sociales de los ciudadanos.
La polémica se centró especialmente en la reforma de la Ley General de Población, que, según Anaya, obligaría a todos los entes públicos y privados, incluidos servicios como hoteles, aerolíneas, empresas de telecomunicaciones y comercios, a solicitar el CURP para ofrecer sus servicios. Esto, alertó el senador panista, implicaría que todos los movimientos y compras de los ciudadanos quedarían registrados y a disposición del gobierno.
Además, en la Ley de Investigación e Inteligencia, se destaca la polémica modificación en la que se otorga al gobierno acceso a registros vehiculares, inmobiliarios, fiscales, así como otros datos relacionados con armas de fuego, comercios y servicios de seguridad privada. Este acceso a bases de datos de tan diversa índole ha generado preocupación entre opositores que temen un uso desmedido de la información.
El artículo 160 de la Ley de Telecomunicaciones también ha sido objeto de críticas, pues permitiría que, sin una orden judicial, una sola persona dentro de la Agencia de Transformación Digital pueda solicitar a las empresas de telefonía celular la geolocalización en tiempo real de cualquier dispositivo móvil.
En su intervención, Ricardo Anaya cuestionó por qué Morena no sometió a consulta popular una reforma de esta magnitud, afirmando que las reformas afectan directamente la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. “Si representaran realmente al pueblo, deberían preguntarles de forma clara si están dispuestos a renunciar a su privacidad a cambio de resolver la crisis de los desaparecidos y la inseguridad”, afirmó el senador.
Por último, Anaya recordó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un organismo que, según él, cumplía una función clave en la protección de la privacidad de los ciudadanos. “Ya no existe un contrapeso efectivo”, lamentó, advirtiendo que la concentración de poder en el gobierno podría resultar en un control absoluto sobre los datos personales y, por ende, sobre la vida privada de los ciudadanos.
El proceso de aprobación de estas reformas ha sido denominado por algunos como un "extraordinario de los albazos", debido a su rapidez y la falta de un análisis profundo y democrático. Mientras tanto, el debate sobre el balance entre seguridad, derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos continúa siendo uno de los temas más polémicos en la política mexicana.
Con información de La Red Social
