La defensa de Durazo y Villarreal ocurrió al tiempo que Sheinbaum avaló la reforma que anulará elecciones cuando, a juicio del gobierno, haya “influencia extranjera”.
Sheinbaum, sin embargo, pareció olvidar que el hijo de Durazo ya perdió la visa y que hay serias dudas sobre los vínculos de figuras clave de Morena con el crimen organizado.
Los Ángeles Press
En Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum intentó mantener la agenda del Salón Tesorería como un recuento de logros y de su confrontación con los “enemigos” externos e internos de su gobierno.
Este miércoles 3 de junio le resultó más difícil sostener ese guion. Hacia las cuatro de la mañana en la Ciudad de México, tres de la madrugada en Los Ángeles, un diario local de California publicó detalles sobre investigaciones abiertas por autoridades federales de Estados Unidos contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal.
En estricto sentido, a nadie sorprende los señalamientos contra el gobernador de Sonora. A finales de 2025, Los Ángeles Press daba a conocer detalles de la investigación abierta entonces por el gobierno de Estados Unidos contra su hijo, Alfonso Durazo Chávez, por contrabando de combustibles, uno de los temas más sensibles en los gobiernos de la autodenominada “Cuarta Transformación”.
En Hermosillo, como lo hace ver el texto enlazado después de este párrafo, se insiste en que nada ha ocurrido y que el gobernador conserva la visa, una respuesta casi copiada al carbón de la que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha usado para presentarse ella misma como víctima y minimizar su papel en operaciones que, por lo menos, tendrían que considerarse sospechosas, tanto por los montos como por la manera en que se ejecutan.
Lo cierto es que en Palacio Nacional se hizo todo lo posible por minimizar la situación que enfrentan Sonora y Tamaulipas. Todo ello ocurre, además, en momentos en que Trump ha anunciado nuevos aranceles que amenazan, una vez más, con erosionar más de tres décadas de integración comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Sheinbaum hizo, una vez más, una defensa denodada del esfuerzo de su gobierno para reducir la migración, para reducir el tráfico de estupefacientes, haciendo caso omiso, por ejemplo, de lo ocurrido en fechas recientes en la frontera entre California y Baja California acerca de un nuevo túnel que se usaba hasta hace unas horas para llevar drogas de México a Estados Unidos.
A pregunta de la corresponsal de Telesur, la televisora del gobierno de Venezuela, Sheinbaum hizo un amplio recorrido por los muchos esfuerzos que según ella hace su gobierno para resolver esos problemas al mismo tiempo que se presentaba también como víctima de una doble embestida, desde Estados Unidos y desde México.
No queda claro a quién señala realmente Sheinbaum cuando habla de una embestida externa. En los últimos días ha dicho que el responsable no es su contraparte, Donald Trump. En cambio, cuando alude a la embestida interna, vuelve sobre los enemigos de siempre: actores señalados desde el atril de Palacio Nacional que encuentran cada vez menos razones para colaborar con un gobierno que los ataca de manera sistemática.
Que esos nuevos señalamientos ocurran horas después de que en Chihuahua capital se informó sobre la destrucción de un laboratorio por fuerzas federales, a 40 kilómetros de la ciudad, vuelve más difícil entender cómo espera el gobierno de Sheinbaum construir una coalición amplia en respaldo de su administración.
Y es claro que ella insiste en esa idea. Hoy mismo, afirmó que su reacción y actitud sería la misma si en lugar de Rubén Rocha Moya se señalara a un gobernador emanado de las filas de los partidos Revolucionario Institucional o Acción Nacional o a uno de Movimiento Ciudadano.
Lo que es un hecho, sin embargo, es que mientras ella insiste en proteger tanto como puede a Rocha Moya, también ataca siempre que puede a María Eugenia Campos, sin olvidar el delicado asunto de la manera en que una juez federal en Nueva York reconoció que efectivamente el gobierno de Donald Trump tenía razones para ir tras el exsecretario de Seguridad de Rocha Moya, el general en retiro Gerardo Mérida.
Mérida es uno de dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa que optaron por ahorrarse la zozobra de imaginar si Estados Unidos vendrá por ellos y se entregó, algo que, hasta ahora, ninguno de los otros ocho, incluido Rocha Moya, parece dispuesto a hacer.
Qué tanto podrá el gobierno de México sostener esta situación es una pregunta imposible de resolver. Es claro que la titular de la Presidencia de la República se muestra cada vez menos dispuesta a reconocer cualquier error de su gobierno, sea en los temas de seguridad pública o en cualquier otro asunto.
Lejos de reconocer la necesidad de medir de manera seria el desempeño de su gobierno, cada martes que se habla de seguridad pública, Sheinbaum recurre a presentaciones parciales, a modo, de lo que ocurre en ese tema en México que siempre tratan de convencer de qué tan fabuloso es que México regrese a los índices de violencia que se registraban con Enrique Peña Nieto, cuando ocurrió, por ejemplo, el lamentable episodio que ni Peña, ni López Obrador o Sheinbaum misma han aclarado en Guerrero con los alumnos de la normal de Ayotzinapa, pese a investigaciones independientes que han presentado evidencias contundentes sobre la desaparición forzada de los estudiantes, como ha sido la del Informe Pascal.
Lo que Sheinbaum, ahora titular del Ejecutivo federal, presenta como un gran éxito era la “normalidad” que Peña Nieto nunca pudo domesticar y que ella, entonces figura influyente en el naciente Movimiento de Regeneración Nacional, no perdía oportunidad de denunciar y criticar.
Casi diez años después, nada queda de aquellas críticas a las fuerzas armadas o al gobierno federal que ahora ella misma encabeza. Todo lo contrario, se espera que todo el país se vuelque en un apoyo ciego a su gobierno porque, por la razón que sea, Trump ha encontrado y aprovecha tanto como puede el talón de Aquiles de la Cuarta Transformación: sus vínculos nunca esclarecidos del todo con los grupos de criminales organizados.
Sheinbaum misma insistió, una vez más en litigar el asunto de si es justo o no que Estados Unidos haya declarado como grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico. ¿Tiene sentido hacerlo luego de que no sólo Estados Unidos, sino Canadá y otros países tomaron decisiones similares? ¿Tiene sentido hacerlo cuando hay incluso jurisprudencia internacional de países distintos a Estados Unidos en los que se acredita la manera en que las organizaciones de narcotraficantes también ejercen una variedad de terrorismo?
Es difícil saberlo, lo que es claro es que las estrategias o modelos que siguieron tanto Andrés Manuel López Obrador como la propia Sheinbaum están muy lejos de haber regresado al país a una situación que pudiera considerarse como pacífica.
Y lejos de efectivamente facilitar algún diálogo o comunicación que no esté mediada por los adjetivos contra quienes critican a su gobierno, Sheinbaum y su consejera jurídica, Luisa María Alcalde hicieron una nueva defensa, tan vehemente como les fue posible, de la reciente reforma impulsada por Ricardo Monreal que busca anular elecciones en las que se pueda detectar que hubo críticas desde el exterior al actual gobierno.
¿En realidad va a restringir Sheinbaum el derecho de las comunidades migrantes de mexicanos en Los Ángeles, de Chicago o de Nueva York para externar alguna crítica a su gobierno? ¿Cualquier crítica que se haga en los grupos de mexicanos del estado de Puebla en el Bronx, por ejemplo, llevará el castigo de anular una elección municipal o de diputados locales o federales en ese estado?
Esa posibilidad asomó en la crítica que Sheinbaum hizo por haber publicado una nota en la que da cuenta que el gobierno de Estados Unidos a los gobernadores Durazo y Villarreal. Como si Los Angeles Times operara por consigna, Sheinbaum preguntó que los motivó a publicar lo que publicaron, sin reconocer que, por ejemplo, al hijo de Durazo ya se le revocó la visa. Fue, una vez más, la idea de “matar al mensajero” por ofrecer noticias que no son del agrado de quien escucha esas noticias.
En otros asuntos, en el tema de la relación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y las manifestaciones que realiza en estos días en la capital del país, Sheinbaum intentó minimizar el alcance de las mismas, así como insistir en la idea de calificarlos de “conservadores” como si al estampar esa etiqueta se fuera a resolver de manera mágica alguno de los problemas que la CNTE usa como argumentos para su movilización.
La actividad del día terminó, en un sentido, con el así llamado “detector de mentiras”, el segmento en que un empleado de la Presidencia critica a los medios que publican cosas que no son del agrado de la propia Presidencia luego de lo cual, Sheinbaum regresó al atril para anunciar que hoy mismo, más tarde, su gobierno fijará las reglas de lo que ella llama su “derecho a réplica” que es otra forma de censura a los medios que no repitan los puntos de vista de la administración de Sheinbaum.
