Izcalli, ¿la tercera es la vencida?

Diego Pallares Contreras es padrino de confirmación de la víctima y estaba a cargo de la misión en Izcalli a la que acudía a misa la familia de la víctima.

El obispo González exculpa en público a Pallares, pero lo removió de su cargo. Al mismo tiempo, el obispo de Izcalli dice en privado haber informado a la autoridad del abuso sexual de un varón menor de edad.

Por Rodolfo Soriano-Núñez

Un nuevo expediente ha llegado a nuestras manos, detalla otro caso de abuso sexual por parte del clero en la diócesis de Izcalli. Los documentos, recibidos a finales de julio, revelan un caso que, lamentablemente, es ya común en esta diócesis, ubicada en el norte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, donde un patrón de abuso y encubrimiento institucional es alarmantemente claro.

La diócesis de Izcalli está bajo la autoridad de la arquidiócesis de Tlalnepantla, no de la arquidiócesis de México. Y aunque esa distinción sea significativa, no exime de responsabilidad al cardenal Carlos Aguiar Retes, actual arzobispo de la Ciudad de México, ya que él era precisamente el arzobispo de Tlalnepantla en 2014, año en que el papa Francisco creó Izcalli como diócesis sufragánea de Tlalnepantla.

Si bien el nombramiento de un nuevo obispo recae en el papa, los arzobispos, tienen un papel clave en el proceso de selección. Este papel es más importante cuando, como fue el caso de Izcalli, se trata de una diócesis de reciente creación.

Para el nuevo cargo, Roma, Aguiar Retes y el entonces nuncio en México, actual en Estados Unidos, el cardenal francés Christophe Pierre, fueron a lo profundo del México católico, a la diócesis de Irapuato, donde encontraron al actual obispo de Izcalli, Francisco González Ramos.

González Ramos, ahora de 67 años, sigue al dedillo el modelo de la mayoría de las diócesis mexicanas, especialmente en el Bajío, el corazón del catolicismo que, durante el siglo XX, aportó más del 60 por ciento de los obispos mexicanos.

Este modelo toma elementos directamente del Código de Derecho Canónico de 1917, especialmente el secretismo absoluto, la negación como regla, una defensa sorda de los sacerdotes depredadores, el aturdimiento de los sobrevivientes y sus familiares, al tiempo que se ataca a quienquiera que denuncie el tema. Se les desacredita como “enemigo de la Iglesia”, “comunista”, “anticatólico” y otras sutilezas propias de la rutina de victimización del catolicismo latinoamericano.

Más recientemente, tras la reforma de los seminarios impulsada por Benedicto XVI, se ha incorporado un modelo, copiado de los guiones de las telenovelas mexicanas, que presenta a la Iglesia como asediada por la “ideología de género”, los grupos LGTBQ, la Organización de Naciones Unidas, entre otros.

Lo hace mientras finge pleno acatamiento de la ley civil y las normas eclesiásticas, y cumple la "liturgia" de la supuesta preocupación por el bienestar de los fieles.

Izcalli ha sido objeto de textos en al menos dos ocasiones en esta serie en Los Ángeles Press. Una trató sobre Morseo Miramón Santiago, un sacerdote acusado por la madre de un menor de edad de abusar sexualmente de su hijo.

La segunda trató sobre el caso de abuso sexual reiterado de una monja mexicana con discapacidad visual, quien pasó un tiempo en Izcalli como integrante de la orden de las Misioneras Servidoras de la Palabra. Sacerdotes asociados a dicha orden, activos en Izcalli y otras diócesis cercanas, abusaron de ella repetidamente. Ese caso permitió publicar un libro bilingue, español-inglés, titulado Romper el silencio, disponible en el texto enlazado antes de este párrafo.

El encanto de los tercios

El nuevo caso involucra a Diego Pallares Contreras, quien estuvo a cargo de una estructura similar a una parroquia en el municipio de Nicolás Romero. Este es el más occidental de los tres municipios que conforman la diócesis, como se puede ver en el mapa a continuación.

La estructura que encabezaba Pallares Contreras es la “Iglesia Misión Granjas Guadalupe”. Técnicamente, la estructura se conoce como misión pastoral, y no como una parroquia en el sentido más tradicional del término. Esta figura es frecuente en las afueras de la Ciudad de México y refleja la fragilidad de las estructuras eclesiásticas locales y la forma en que la Iglesia Católica ofrece servicios religiosos a poblaciones relativamente nuevas e inestables, que carecen de espacios como templos y otras instalaciones para realizar sus actividades.

Diego Pallares Contreras ha estado ahí al menos desde 2019, aunque no existe un registro oficial al respecto, ya que la diócesis de Izcalli, al igual que la gran mayoría de las diócesis mexicanas, hace todo lo posible por mantener los registros de nombramientos de sacerdotes lo más secretos y confusos posible.

Ni su página en Catholic Hierarchy ni la correspondiente en GCatholic reportan una URL oficial de la diócesis como suelen hacer cuando una está disponible. Su perfil de Facebook tiene un enlace a lo que solía ser una URL funcional, pero al hacer clic, el sitio web no carga.

Sólo por medio del Internet Archive es posible ver fragmentos de lo que solía ser el sitio de la diócesis, como en esta captura de 2017. Sin embargo, incluso ese acceso está muy limitado, ya que el modelo de Internet Archive tiene límites para este tipo de capturas de sitios web antiguos.

Mediante búsquedas en Internet Archive se pudo encontrar una referencia de ese año al anterior responsable de esa misión pastoral, el padre Raúl César Casas Maza.

En 2017, la misión formaba parte de la vicaría de San Pedro, pero esa es toda la información que se puede obtener de esa fuente. Tras una penosa búsqueda, se supo que el ahora fallecido obispo de Cuautitlán, Guillermo Rodrigo Teodoro Ortiz Mondragón, ordenó a Pallares Contreras en junio de 2010.

A pesar de ello, no se registró oficialmente ante la autoridad nacional encargada de las asociaciones religiosas en México, en la subsecretaría del ramo de la Secretaría de Gobernación en 2011. Sólo aparece en la lista de ministros de culto registrados en 2014, todavía como parte de la antigua diócesis de Cuautitlán, como prueba la imagen antes de este párrafo.

Nueva diócesis, viejos vicios

Cuando el papa Francisco creó la diócesis de Izcalli en 2015, Pallares Contreras se incorporó a la nueva entidad. Así lo informó el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 2015 (ver la imagen después de este párrafo). Desde entonces, Pallares Contreras aparece como ministro católico en Izcalli en las listas de la autoridad.

Pallares atacó a un menor de edad en 2019, cuando era sacerdote a cargo de dicha misión. La familia de la víctima pertenecía a la comunidad bajo su cuidado.

Peor aún, Pallares es el padrino de confirmación de la víctima. Este detalle plantea diversas dudas sobre si su cercanía, interés y cuidado hacia su ahijado no eran más que una forma elaborada de captación, lo que en inglés se conoce como “grooming”, es decir, “preparar” a sus víctimas para que acepten serlo.

Ese un modelo similar al que uno observa en cintas como Obediencia perfecta, que evoca algunas de las prácticas que seguía, al menos al inicio de su carrera delictiva, Marcial Maciel.

Esa práctica es común a otros depredadores que identifican víctimas potenciales cuando se encuentran en una edad en el que pueden ganarse su confianza, como en el caso en la Ciudad de México, a principios de este siglo, del que da cuenta el texto enlazado antes de este párrafo.

El poder de Pallares Contreras solía manifestarse en el perfil de Facebook de la Misión, donde, si uno está dispuesto a perder horas y horas en el buscador bastante impreciso y engañoso del sitio web de Zuckerberg, es posible encontrar publicaciones que se remontan a 2020 en las que se muestra dispuesto a presentarse como párroco (véase la imagen superior), mientras que en otras evita usar ese título (véase la imagen después de este párrafo).

Los padres de la víctima plantearon el asunto al obispo varios años después, cuando lograron averiguar qué le había sucedido a su hijo. Como muchas víctimas de abuso sexual, de clérigos o no, hay cambios, todos negativos, en su conducta, que provocan problemas en las familias, pero no es fácil comprender los cambios, pues las víctimas están en un profundo estado de choque por lo ocurrido.

Una vez que recopilaron información por su cuenta, presentaron lo que la Iglesia probablemente desestimará como una queja informal en mayo de 2023.

Más de un año después, el 4 de julio de 2024, el propio obispo admitió, en un intercambio de WhatsApp con un tercero, un laico y defensor de la familia de la víctima, que había sido informado por los padres de la víctima. Tras aceptar estar al tanto del caso, el obispo se negó a cualquier otro contacto por ese medio con el tercero. Este tercero involucrado continuó enviando mensajes al obispo. Le conminaba a actuar en el asunto para proteger a las víctimas, a honrar la supuesta política de tolerancia cero adoptada por la Iglesia Católica.

Un mes después de la lacónica declaración de haber estado en contacto con el padre de la víctima, el obispo González respondió, el 9 de agosto de 2024, otro mensaje de WhatsApp al tercero.

¿Trabajando en el asunto?

En esa ocasión, su respuesta fue un poco más específica. Afirmó que ya estaba “trabajando en el asunto·. También dijo que ya había designado a un par de sacerdotes para abordarlo: uno es el supuesto “instructor” y el otro, el así llamado “notario”. Esos son los títulos que la Iglesia Católica, su Código de Derecho Canónico, otorga a dos figuras clave de los procesos internos de investigación que suelen conocerse como la “comisión investigadora”.

Aunque en ese momento el obispo no ofreció detalles sobre quiénes desempeñarían esas funciones, los nombres se conocieron poco después. Se limitó a decir que estaría en contacto y que “ya comienza este proceso”.

Aunque no hay una razón real para que el “instructor” y el “notario” sean sacerdotes, casi siempre se designan a sacerdotes en esos cargos. Y eso hizo González Ramos. Nombró instructor o delegado de la investigación a Epifanio Moreno Lemus y a Horacio Cruz Hernández como notario.

Al hacerlo, seguía el ejemplo de la mayoría de las diócesis en América Latina: nombrar a sus sacerdotes, quienes tienen otras tareas y difícilmente pueden dedicar su tiempo a estos temas, para hacer aspectos clave del proceso.

Y peor. Más allá de que pudieran haber tomado un curso breve o un seminario, suelen carecer de conocimientos en ciencias forenses o en el cuidado de víctimas de trauma. Difícilmente tendrán la capacidad para obtener evidencia de violencia sexual y menos para realizar el análisis forense que en realidad se requiere.

El nombramiento de sacerdotes en estos cargos suele servir para aparentar que se actúa sin que en realidad haya algún compromiso para investigar cabal y oportunamente, una falla bien documentada en los círculos del derecho canónico.

El déficit se agrava cuando se considera la indisposición a rendir cuentas y a llevar registros precisos de parte de las estructuras diocesanas. Esto no es una nota del folklore local.

El hecho que las mismas conductas ocurran en países como Alemania, obsesionados con el detalle de sus trámites, que en América Latina, donde no es así, prueba que es un reflejo de un problema institucional más vasto de encubrimiento y aturdimiento, una suerte de manual de operaciones.

Esta estrategia, que prioriza la reputación de la Iglesia Católica por sobre la seguridad de sus fieles, está bien documentada en el manejo de investigaciones internas en organizaciones muy conocidas como la Legión de Cristo, el Opus Dei o el Sodalicio de Vida Cristiana de Perú.

En ese último caso, cuando los líderes de esa “orden” tuvieron la oportunidad de hacer investigaciones internas, lo hicieron sólo para limitar tanto como fuera posible el reconocimiento de la escala del abuso y limitar los daños a la institución.

Cansar a las víctimas

En ese sentido, el patrón parece ser el de que las investigaciones internas usan los procedimientos canónicos como medios para retrasar. Si es posible, recurrir a la “solución geográfica” y, sobre todo, para apostar en su capacidad para abatir la voluntad de los sobrevivientes y sus familiares de lograr real justicia.

Incluso en cuidadosos análisis del desempeño institucional de la Iglesia Católica por académicas expertas en derecho canónico como Gabriela Hidalgo dejan ver la necesidad urgente de abolir el “secreto pontificio” y de transferir las investigaciones a personas que no sean clérigos.

Ella llama a que los responsables hagan la investigación con el mejor interés de los sobrevivientes en mente y no el de los clérigos o el de la Iglesia Católica como institución. Ella incluso llamaba en 2019 a que, el Directorio Nacional de Revisión (p. 148), una entidad asociada a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, creada a principios de siglo, tuviera mayor autoridad sobre los clérigos.

Si eso era necesario en un país que, al menos hasta enero de este año estaba muy al frente en materia de prevención y castigo del abuso sexual, de clérigos o de otro tipo, uno sólo puede imaginarse lo que sería necesario en América Latina cuando se trata de las investigaciones de abuso sexual de clérigos.

El expediente también da cuenta de un contacto con la nunciatura en México. Se solicita información sobre un informe enviado al arzobispo Joseph Spiteri, nuncio en México, el 19 de agosto de 2024. Sin embargo, hasta abril de 2025, fecha de cierre del expediente enviado a Los Ángeles Press, no había respuesta del nuncio.

El expediente detalla el tipo de manipulación que la Iglesia Católica utiliza como estrategia cuando las víctimas, por falta de confianza en la institución en la que se han criado, deciden seguir el tortuoso camino del llamado proceso “canónico”. Lamentablemente, para las víctimas en México y la mayor parte de Latinoamérica, la alternativa de optar por el proceso penal ante la autoridad ofrece poco o ningún consuelo, pues puede ser tan o más difícil lograr algo que en el proceso canónico.

El hecho, sin embargo, es hay problemas con la conducta de Pallares Contreras. Eso lo aceptó públicamente el propio obispo. Durante una actividad pública donde González Ramos presentó al nuevo director de la Misión, el obispo intentó minimizar lo que ahora es un escándalo a voces en ese rincón de la diócesis de Izcalli.

El obispo González Ramos se dirigió a un grupo de fieles reunidos en la capilla del Divino Niño Jesús el 29 de septiembre de 2024. Su mensaje estuvo disponible hasta el viernes 8 de agosto de 2025 en video en el perfil de Facebook de la misión, que describe la actividad como un “Diálogo entre el obispo y la comunidad”, como se puede ver en la captura de pantalla que aparece antes de este párrafo.

Durante la poco menos de una hora de grabación, González Ramos se esfuerza por presentar la repentina salida de Pallares Contreras como administrador de la Misión como un asunto personal. Insiste repetidamente en desestimar cualquier posible irregularidad, al tiempo que anima a la comunidad a recibir al nuevo administrador. Un extracto de ese video está disponible a continuación.

Como suele suceder, González Ramos presenta la salida de Pallares Contreras como fruto de una decisión “personal”, cuando no lo es, pues ya afectó la vida y el futuro de un joven aún menor de edad que tendrá que reprocesar la violencia sufrida sin el apoyo real de una institución propensa a hacer alarde de su cercanía con los más débiles, los mansos, pero que en realidad se niega a aceptar las consecuencias de sus errores personales e institucionales.

Secreto y abuso

Estos errores se amplifican por el secretismo con el que el obispo ya manejaba el asunto en septiembre. Cabe señalar que González Ramos había estado menos de un año antes en esa misma misión.

La imagen principal de este texto y la que se muestra luego de este párrafo provienen de un conjunto de imágenes que la diócesis de Izcalli publicó en su cuenta de Facebook, para mostrar la visita de González Ramos a la misión y expresar su “cercanía” a sus fieles, “atento a sus necesidades y orando por ellos”.

En algunas de esas fotografías, los efectos de la pandemia todavía son evidentes, pues muchas de las personas todavía usaban los cubrebocas, mientras que otras personas tienen verdaderas catarsis al recibir una bendición del obispo dispuesto a ir a ese rincón de la diócesis, como lo prueba la imagen inmediatamente después de este párrafo.

González Ramos caminó por las calles de la colonia Granjas Guadalupe del municipio de Nicolás Romero junto a Pallares Contreras los días 28 y 29 de marzo de 2023. La cuenta de la diócesis las publicó el 9 de abril y seguían disponibles el 8 de agosto de 2025 aquí.

La falta de voluntad para explicar qué obligó al obispo González Ramos a retirar de la misión a Pallares Contreras, lugar donde trabajó al menos seis años, resulta más preocupante si se considera el secretismo en los nombramientos de sacerdotes dentro de la misma diócesis, así como cuando uno considera cómo se relaciona con lo que es, a todas luces, un patrón de encubrimiento institucional.

Y es más preocupante que, al mismo tiempo que actúa así, de manera casi igual a lo hecho en Tepotzotlán cuando Morseo Miramón Santiago se esfumó de la faz de la Tierra. La poca información acerca de Miramón Santiago también hablaba de asuntos personales que el sacerdote debía resolver, pero sin información oficial.

También llama la atención el que González Ramos haya insistido en distintos momentos en que ya reportó el caso de Pallares Contreras a las autoridades del Estado de México, lo que también es del todo igual a sus afirmaciones a la madre de la víctima de Morseo Miramón.

Ello debería colocar a González Ramos en una situación precaria pues al actuar así no sólo contraviene una disposición legal en México, sino también lo que la propia Iglesia Católica ha adoptado, al menos en Roma, como parte de sus mejores prácticas.

De hecho, el instructor Epifanio Morales trató de que los padres de la víctima de Pallares Contreras firmaran de recibida una invitación para que ellos presentaran la denuncia ante las autoridades. Como suele ser el caso, se negó a entregar esa copia, pero el hecho revela qué tan contradictoria es la conducta que siguen las diócesis católicas en México y otros países al abordar este tipo de casos.

Debe señalarse que existen registros canónicos en los otros dos casos sobre los Los Ángeles Press ha reportado de la diócesis de González Ramos. En el de Morseo Miramón Santiago y el de Diego Pallares Contreras, la respuesta ha sido aterradoramente similar: pretender que hay disposición a abordar el problema, incluso a reportar a las autoridades por parte del obispo mismo que, al mismo tiempo, los retira del ministerio al público, sin rendir cuentas o explicar qué sucede.

Esto es más grave cuando se considera que no hay un registro preciso de cuándo y por qué los sacerdotes, diáconos y demás personal religioso de la diócesis de Izcalli son trasladados por su superior.

La solución geográfica, de nuevo

Se trata de la versión más básica de la "solución geográfica". Es una “salida” fácil, pues basta con llevar a un sacerdote de un lugar donde ha abusado al siguiente. Qué tan lejos puede usarlo la Iglesia es difícil de estimar. La “solución” ha sido objeto de varias entregas de esta serie una enlazada después de este párrafo.

En ese caso, la "solución geográfica" quiso ser, como demostró Los Ángeles Press en 2024, un traslado de larga distancia. En marzo de 2024, el familiar de una sobreviviente paraguaya informó del traslado de un sacerdote paraguayo acusado de abuso sexual en su país, quien ya tenía una asignación en México.

Juan Rafael Freitas, es miembro de los Oblatos de María Inmaculada, orden con un largo historial de abusos en Canadá y otros países de habla francesa e inglesa. El oblato paraguayo estaba a punto de incorporarse a una parroquia en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, como prueba el texto enlazado antes de este párrafo.

Su uso es evidente en algunos de los más notorios episodios de la crisis global de abuso sexual, como podría ser el de la arquidiócesis de Boston, en Estados Unidos, entre otras. En el texto enlazado antes de este párrafo, los casos del sacerdote ecuatoriano Franklin Cadena Puratambi, el del francés Aymeric de Salvert y el de John Geoghan en Boston, Estados Unidos, son ejemplos de esa “solución”, como lo son los casos que motivan el juicio ahora en cuso de dos jesuitas españoles que fueron superiores de esa orden en Bolivia, entre otros.

En ese sentido, preocupan los dichos de testigos que dicen haber visto a Pallares Contreras ejercer el sacerdocio en lugares apartados, fuera de la vista del público, fuera del territorio de la diócesis de Izcalli, pero dentro de los límites de la llamada provincia eclesiástica de Tlalnepantla, que abarca la mayoría de las diócesis del Estado de México, el estado más poblado del país, con casi 17 millones de habitantes según el censo de 2020.

Se trata de una “solución” que simplemente traslada a un sacerdote depredador de un contexto donde se siente cómodo atacando a su rebaño a otro.

La expectativa de los obispos y superiores es que el clérigo depredador aprenda algunas lecciones, pero al final el problema no se resuelve. Simplemente demuestra cuán dispuesta está la Iglesia Católica a desestimar cualquier advertencia sobre el riesgo potencial de mantener a clérigos que ya han expresado sus preocupaciones en las diócesis de origen.

Eso explica lo sucedido con Morseo Miramón Santiago, quien estaba asignado a una parroquia en Tepotzotlán, pero iba a otra parroquia en Nicolás Romero, en la misma diócesis, para abusar del hijo menor de edad de una madre soltera.

Pesadillas en Acapulco

En resumen, se trata de un sacerdote que cursó su formación como seminarista en la arquidiócesis de Acapulco. Finalmente, fue aceptado en la diócesis de Izcalli, donde unos años después abusó de un menor de edad.

La arquidiócesis de Acapulco nunca ha explicado por qué le negó a Miramón Santiago ser diácono, junto con el resto de su generación, y posteriormente la ordenación como presbítero, lo que la mayoría de los sacerdotes católicos son.

Lo cierto es que existe un registro digital de fotos donde Morseo celebraba sus logros en la arquidiócesis de Acapulco y luego, de repente, desapareció para reaparecer, años después, como diácono y luego presbítero de Izcalli.

¿Era el obispo González Ramos consciente del riesgo que corría al admitir en el seminario de su diócesis a un exseminarista con un pasado cuestionable en Acapulco? Es imposible saberlo en este momento.

Lo cierto es que los seminarios de las diócesis mexicanas, a pesar de las frecuentes actividades que realizan conjuntamente en México y otros lugares a través de su red de relaciones con el llamado CELAM, carecen de registro de seminaristas despedidos por ellos.

¿Por qué no existe tal registro? Si bien no hay una respuesta oficial de la jerarquía católica mexicana, al observar cómo el mismo modelo emerge desde la Patagonia argentina y chilena hasta el desierto mexicano de Baja California y Sonora, es muy difícil descartar la idea de que se ajuste a sus necesidades.

Es muy difícil no pensar que carecen de mecanismos para mantener registros de exseminaristas despedidos por otras diócesis u órdenes religiosas, ya que se ajusta a un modelo que, al mismo tiempo, establece, al menos en teoría, nociones sobre el rechazo de posibles riesgos. Un ejemplo es el caso de Morseo Miramón.

Por cierto, no hay avances en ese caso. El sistema judicial mexicano está a punto de reiniciarse, lo que aumenta la esperanza de un posible cambio en el papel de los tribunales en casos de depredadores sexuales, sean clérigos o no.

Hasta donde se ha podido obtener información de la diócesis de Izcalli, se le mantiene sacerdote activo. En el padrón de sacerdotes publicado por la autoridad mexicana en febrero y principios de este mes, Morseo Miramón Santiago aún aparecía registrado en Izcalli, como demuestra la tercera página en la imagen que sigue a este párrafo.

El padrón más reciente de ministros de culto de la Secretaría de Gobernación de México está disponible como PDF aquí, aunque no cumple con el estándar de seguridad actual en la red, por lo que algunos navegadores podrían advertir al solicitar el archivo.

Asesinato en la vicaría

Si bien existe un desfase en los registros entre las resoluciones internas de la diócesis y los cambios en los listados oficiales reconocidos como tales por el gobierno federal mexicano, la víctima de Morseo Miramón Santiago era un menor de edad, al igual que la víctima de Pallares Contreras.

Esto ya revela la falta de voluntad de la diócesis de Izcalli para abordar las causas profundas de la crisis que enfrenta, que no se limita a estos dos casos. Como se señaló en los primeros párrafos del artículo de hoy, se presenta el caso de los repetidos ataques por sacerdotes activos en Izcalli, aunque vinculados a una especie de orden religiosa, contra una monja con discapacidad visual.

En estos tres casos, el obispo González Ramos se ha negado a reconocer que algo anda mal en su diócesis. Cabe destacar que Izcalli tiene la distinción de ser una de las pocas diócesis donde un sacerdote fue asesinado en su parroquia, en lo que, después de siete años, sigue siendo un caso sin resolver.

Aunque se ha hecho todo lo posible por imputar la muerte de Rubén Alcántara Díaz a los patrones de violencia que objetivamente existen en todo México, la violencia con la que se ultimó al sacerdote encargado de atender los casos de abuso sexual en esa diócesis hace inevitable preguntar si el hecho no tenía relación con algún caso de ese tipo en esa zona de México.

En abril de 2018, González Ramos firmó la que quizás sea una de las declaraciones más difíciles jamás firmada por un obispo en México. Aceptó el asesinato del sacerdote Rubén Alcántara Díaz, vicario judicial de su diócesis y, por ello, figura clave en el manejo de las denuncias de abusos sexuales por clérigos. El comunicado apare arriba de este párrafo.

Alcántara fue apuñalado. Este detalle plantea todo tipo de dudas acerca de los motivos del ataque, qué tanta violencia fue necesaria para lograr su objetivo y las causas de esa violencia.

¿El ataque se debió a algo realizado por el propio Alcántara Díaz o a que encubría activamente los abusos perpetrados por otros sacerdotes ahí?

Al día siguiente de la declaración de González Ramos, el equipo de comunicaciones de la diócesis emitió un comunicado (ver arriba) que reconoce explícitamente los rumores sobre el crimen. Sin embargo, este caso no se ha resuelto.

La feria del aturdimiento

A pesar de la gravedad del crimen, surgen nuevos casos en Izcalli, y a pesar de los esfuerzos de algunos laicos de la diócesis, el obispo González Ramos parece no estar dispuesto a dar el golpe de timón.

En algún momento de la narrativa del expediente entregado a Los Ángeles Press, su autor enfatiza cómo él, como tercero, y otros laicos cercanos a la diócesis, que percibían cierta amistad con el obispo González Ramos, intentaron activamente que el caso siguiera sólo la vía canónica o eclesiástica para evitar el sufrimiento que sufren los sobrevivientes, sus familiares y la propia Iglesia Católica.

Y el caso contenido en el expediente no es el único. Hay al menos una referencia adicional a un segundo caso, otro hombre, menor de edad, víctima agredida por el mismo Pallares Contreras. Y por si fuera poco, existen denuncias sobre otras posibles víctimas a manos de otros sacerdotes de la misma diócesis.

La estrategia de silencio, de cansar, de agotar a las víctimas para doblegar su voluntad, se vuelve casi indistinguible de una campaña de encubrimiento sistemático, que el autor del expediente enviado a Los Angeles Press compara acertadamente con la situación descrita por la cinta Spotlight, a veces conocida en español como En primera plana, sobre el abuso y el encubrimiento sistemático de dicho abuso en la arquidiócesis de Boston.

Y, sin duda, la opacidad en los casos de abuso sexual por parte del clero no es exclusiva de México. Es un patrón que se encuentra, con muy pocas excepciones, desde México hasta Chile y Argentina. Esto explica la sentencia de un tribunal superior colombiano que obliga a las diócesis de ese país a publicar la información sobre los nombramientos de sacerdotes, diáconos y otros asociados a ellas.

A diferencia de México, donde las iglesias como tales fueron suprimidas durante el peor período del conflicto Iglesia-Estado, en Colombia, la Iglesia Católica es una entidad protegida por el Estado, como la Iglesia Anglicana en el Reino Unido.

A pesar de las numerosas ventajas que ha tenido la Iglesia Católica colombiana, dado que no existe un registro real del tipo de conflicto Iglesia-Estado que se vivió en Venezuela o México en los siglos XIX y XX, hubo voces de obispos e incluso sacerdotes católicos colombianos en redes sociales, dispuestos a hacerse las víctimas, quejándose de la sentencia en su país, sin razón aparente.

Cabe destacar, por cierto, que el aturdimiento no es una actitud que los obispos mexicanos reserven para sus intercambios por WhatsApp y aplicaciones similares con sobrevivientes de abusos. Aparece plenamente en su relación con Roma.

Quien preste atención a lo que las diócesis mexicanas informan a Roma en el llamado Annuario Pontificio, que solía ser un libro anual (de ahí su título original en latín), notará los desesperados intentos de los obispos mexicanos por presentar sus diócesis como si tuvieran muchos más habitantes que los que realmente residen en sus territorios, y observará cómo, a veces, fingen tener una mayor cantidad de fieles.

Una entrega previa de esta serie, que formaba parte de una comparación entre las diócesis católicas estadounidenses de California y las diócesis mexicanas de Baja California y Baja California Sur, demostró hasta qué punto la arquidiócesis de Tijuana construyó esa ficción de una población mucho mayor, sin base alguna.

Y lo mismo ocurre en la diócesis de Izcalli. Por razones que solo ellos conocen, informan a Roma que tienen más de un millón y medio de habitantes, con un millón 120 mil católicos, como lo reportan las páginas correspondientes de Catholic Hierarchy y de GCatholic. Esos sitios web sólo extraen los datos del mencionado Annuario Pontificio, de modo que no es su culpa; ellos simplemente copian y pegan lo que las diócesis reportan a Roma.

No se explica cómo el obispo de Izcalli llega a tener entre 256 mil y 415 mil habitantes más que el registro oficial de los tres municipios que integran su diócesis, como lo muestra la tabla anterior, un ejemplo de cómo la manipulación funciona en ambos sentidos.

En Tijuana, ese informe encontró que la diócesis católica allí afirmaba tener más de 2 millones 556 mil habitantes en total. Con un total de 2’427,000 católicos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que la población total de Tijuana es de 2’157,853 habitantes, con 1’133,539 católicos.

Para comprender la magnitud de estas discrepancias y cómo los obispos católicos mexicanos reportan las cifras que pueden registrar en una hoja de cálculo, lea el artículo enlazado después de este párrafo.

Finalmente, debe señalarse que la diócesis de Izcalli es donde se encuentra la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Uno supondría que la diócesis que tiene el honor de ser la anfitriona de todos los obispos de México al menos dos veces al año en sus asambleas generales de primavera y otoño, en las hermosas instalaciones de la llamada Casa del Lago, deberían tener algún interés en ser un ejemplo para otras diócesis mexicanas.

Ese no es el caso. El obispo González Ramos de Izcalli aun no quiere cumplir con una petición, una solicitud expresa del ahora finado papa Francisco: crear una comisión para prevenir abuso sexual en cada diócesis. A pesar de la petición, la página oficial de la CEM no tenía, hasta el viernes 8 de agosto, alguna referencia a una comisión en esa diócesis.

En cuanto a Roma, la Iglesia Católica aún no tiene claro si el nombramiento del arzobispo francés Thibault Verny como presidente de Tutela Minorum impulsará una nueva era de vigilancia más efectiva, que haga realidad la tolerancia cero del abuso sexual de clérigos, o si cuestiones como el interés del papa León XIV en el uso indebido de la Inteligencia Artificial serán más relevantes para el Vaticano.