Apostar las limosnas: abuso sexual y estrategias legales

La pregunta no es académica. Hay poco precedente de estrategias para desmentir acusaciones de abuso, ¿por qué apostar las limosnas en un juicio con jurado?

¿Qué explica las decisiones de Urbano Vázquez o Anthony Odiong de rechazar acuerdos de culpabilidad y apostar a juicios con jurado en casos de abuso en Estados Unidos?

Por Rodolfo Soriano-Núñez

Durante las últimas semanas esta serie ha tratado dos casos notables de sacerdotes depredadores. Aunque existen marcadas diferencias en sus orígenes y biografías, ya que uno nació y fue ordenado en Nigeria, y el otro nació en México, pero ingresó a la vida religiosa y fue ordenado en Estados Unidos, ambos comparten rasgos.

Tanto Anthony Odiong como Urbano Vázquez tuvieron la oportunidad de salvarse de la humillación de pasar por juicios con jurado y, sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia en su contra, decidieron apostarlo todo a una suerte de ruleta rusa judicial. Por extrañas que hayan sido sus decisiones, ofrecen la oportunidad de comprender las raíces más profundas de la crisis de abuso sexual y algunas de sus consecuencias.

Como es común en Estados Unidos, los fiscales en Texas y Washington ofrecieron a Odiong y a Vázquez, respectivamente, acuerdos de culpabilidad (plea bargains).

Aunque los días en que un acuerdo de culpabilidad era una oportunidad para evitar un mayor daño a sus nombres y recibir una sentencia más corta han terminado, como en el caso de Donald Stavinoha quien, en 1988, obtuvo una sentencia a diez años conmutada después tres (ver el texto enlazado después de este párrafo), ahora los acuerdos de siguen siendo menos riesgosos y más baratos que un juicio con jurado.

El riesgo para Odiong en Texas que para Vázquez en Washington, los juicios son costosos y los fiscales, los jueces e incluso los policías tienen incentivos para evitar los juicios, y mucho más uno con jurado, pues obligan a la autoridad a integrar jurados de doce personas, además de suplentes para evitar anulaciones, aislarlos durante los procedimientos e incluso protegerlos de potenciales manipulaciones o amenazas.

A pesar de esos hechos, ambos sacerdotes católicos decidieron apostar a la bastante extraña posibilidad de ser absueltos por un jurado. En ese sentido, es inevitable preguntar quién pagó y por qué, ya que como se verá más adelante en este texto es una estrategia judicial bastante peligrosa y extremadamente costosa. ¿Apostaban las limosnas y diezmos de las diócesis y/o de las órdenes religiosas que respaldaban su defensa?

Su decisión es más difícil de entender ya que la jerarquía católica, en Estados Unidos y en otros lugares, con frecuencia se queja de los efectos de los litigios en sus finanzas, de cómo buscan el alivio de procedimientos de bancarrota y culpan a las víctimas “resentidas”, “odiadoras”, “incapaces de perdonar” por el cierre de colegios, comedores, otras obras de misericordia y por la fusión de parroquias e incluso diócesis.

Gracias a su apuesta, Odiong recibió la sentencia más severa posible por abuso sexual de clérigos en Texas: una pena de cadena perpetua en la prisión estatal, sin posibilidad de revisión de libertad condicional durante décadas (ver el texto arriba de este párrafo).

Vázquez, a su vez, se hizo famoso tanto en Estados Unidos como en México por las peores razones posibles, pues es ahora el pretexto perfecto para justificar las políticas antinmigrantes de Donald Trump y su gobierno. Cuando sea liberado, además, deberá regresar a un país donde probablemente tiene algunos parientes, pero ninguna vida a la cual volver, como lo señaló el texto enlazado después de este párrafo hace una semana.

Que ambos sacerdotes hayan apostado los fondos de su iglesia en su defensa es más difícil de entender cuando se considera que esa iglesia ya resiente el impacto financiero y reputacional de las diarias acusaciones de abuso en todo el mundo.

Aunque es imposible estimar con precisión qué tan costoso es para cualquier acusado enfrentar un juicio con jurado, es difícil imaginar a un abogado en Estados Unidos que pudiera aceptar un caso como estos por menos de entre un cuarto y hasta un tercio de millón de dólares, mucho menos en el caso de Vázquez, que se desarrolló en la capital de Estados Unidos, donde los servicios legales no son baratos.

Es más difícil aún entender por qué ambos sacerdotes apostaron como lo hicieron, dado que cualquier búsqueda de sacerdotes absueltos en juicios con jurado en Estados Unidos o Canadá no ofrece resultado alguno.

¿Precedentes?

El único caso con un resultado similar en el mundo angloparlante es el del cardenal George Pell en Australia. Sin embargo, uno debe tener en cuenta que Pell fue condenado por un jurado en el juicio en la primera instancia. Estuvo preso mientras apelaba la decisión. Su sentencia fue confirmada en la apelación. Sólo fue revocada por una apelación ante la Suprema Corte de Justicia de Australia, el máximo tribunal ahí, por lo que es una anomalía más que en una absolución por juicio con jurado.

Su absolución es mucho más compleja, pues se logró luego de una vasta movilización de la extrema derecha católica global, cuyos voceros llegaron al extremo de descalificar a los tribunales inferiores australianos como “espurios” (kangaroo courts).

Los medios de comunicación católicos de extrema derecha en el mundo angloparlante lo hicieron a pesar de la transparencia ejemplar con la que la élite política australiana ha abordado el tema del abuso sexual, clerical o de otro tipo, desde que se constituyó la llamada Real comisión sobre las respuestas institucionales al abuso sexual infantil o Royal Commission Royal Commission into Institutional Responses to Child Sex Abuse (contenido en inglés), como se le conoce oficialmente, investigó no solo casos católicos, sino que se tomó el tiempo, el esfuerzo y los fondos para revisar casos de casi cualquier comunidad religiosa activa, además de casos en otros entornos, en lo que es, hasta ahora, el estudio más sistemático para rastrear el verdadero alcance del abuso sexual en ese país.

La otra rareza en lo que respecta al mundo de la Common Law angloparlante proviene de Pensilvania en Estados Unidos. En 2022, un jurado declaró a Robert Cedolia inocente de un cargo de “agresión indecente agravada”. La acusación se había hecho primero en los ochenta y se basaba en una sola instancia de presunto abuso.

Si uno pone de lado a Pell y Cedolia, fue imposible encontrar algo similar a una lista de sacerdotes que enfrentaron graves acusaciones penales de abuso sexual, rechazaron acuerdos como Odiong o Vázquez, optaron por un juicio con jurado y fueron absueltos.

En el mundo hispanohablante, los juicios casi nunca involucran a un “jurado de sus pares” para el acusado, ya que los principios que guían el derecho penal en América Latina y España derivan, en su mayor parte, del llamado Código Napoleónico, una tradición donde no existe tal práctica o la práctica desapareció por razones que sería imposible explicar aquí.

Un caso notable en el mundo hispanohablante fue el de Fernando Karadima Fariña, el superdepredador chileno cuyos crímenes fueron reconocidos por el Vaticano que lo laicizó en 2018, a pesar de que su juicio de 2011 terminó con un fallo en el que los tribunales aceptaron que ocurrió algún tipo de delito, pero descartaron el caso debido a la prescripción de los delitos.

Enfrentar un juicio era una apuesta barata para Karadima. Tenía, por un lado, abogados pagados por algunos de los feligreses extremadamente ricos en Providencia, en lo que solía ser, al menos hasta la primera década de este siglo, uno de los barrios más exclusivos de la capital chilena. También tenía el precedente de su lado, así como la rigidez de los poderes judiciales latinoamericanos, incapaces de idear soluciones creativas al abuso sexual clerical, como las ventanas retroactivas (lookback windows) diseñadas por los congresos estatales en California y Nueva York.

Mientras que las legislaturas estatales en Sacramento, California y Albany, Nueva York, pudieron llevar a los tribunales civiles casos históricos de abuso para abordar una importante preocupación social, los poderes en América Latina evitan soluciones similares, lo que obliga a las víctimas a permanecer en el rincón oscuro de su trauma.

Un ejemplo perfecto de cómo, hasta ahora, los poderes públicos latinoamericanos han eludido esos desafíos fue el tema del texto enlazado después de este párrafo. Revisa uno de los casos más recientes, también de Chile, donde las autoridades judiciales, junto con la jerarquía católica en Roma, aceptaron que Francisco José Cox Huneeus era un depredador, pero decidieron no obligar a su orden, los llamados Padres de Schönstatt, a su antigua arquidiócesis (La Serena) o a la Iglesia Católica en general a reparar los muchos daños causados por él.

Fallos similares han ocurrido en Argentina (ver el texto enlazado después de este párrafo), y es el tema central de los muchos casos que ahora se difunden en los medios de comunicación en Bolivia, relativos al abuso a gran escala perpetrado por miembros de la Compañía de Jesús en algunas de las regiones más pobres de Bolivia.

Es, por cierto, una situación similar a la de Felipe Berríos, un jesuita chileno que también obtuvo lo que, para efectos prácticos, es una absolución, a pesar de que las autoridades de allí y su antigua orden también reconocen que abusó sexualmente de adolescentes bajo su cuidado, como se detalla en el texto enlazado a continuación.

Aunque en América Latina ir a juicio es una apuesta relativamente segura para los sacerdotes, al menos cuando los casos que los involucran han prescrito, los costos sociales y políticos de su actitud pugnaz están presentes, y son probablemente más dañinos para la propia Iglesia Católica.

Al menos en Estados Unidos la resolución que ofrece un juicio da la oportunidad para poner fin al asunto. En América Latina, lo que queda como un residuo tóxico es la amarga ira contra sistemas de justicia indispuestos a resolver las necesidades de las víctimas y la percepción de que los jerarcas reciben un trato especial de las autoridades que alimenta las políticas y leyes antirreligiosas que han barrido México, Venezuela y otros países de la región durante los últimos 200 años aproximadamente.

Choque de enfoques

En cualquier sistema judicial, ya sea la Common Law en el mundo angloparlante o los derivados del Código Napoleónico en América Latina y partes de Europa, el precedente juega un papel importante en cómo los jueces y tribunales fallan sobre los casos, pero también en cómo los abogados y sus clientes intentan descifrar cómo ganar sus casos.

Quienes, como Odiong y Vázquez, se unen a un número creciente de (ex)sacerdotes que, por razones difíciles de generalizar, deciden apostar los diezmos, difícilmente pueden citar precedentes que no sean Pell en Australia y Cedolia en Estados Unidos.

Si hubiera un conjunto de casos en que los sacerdotes acusados de depredar sexualmente a sus fueles encontraron alivio en los juicios con jurado, habría alguna forma de entender por qué Odiong y Vázquez decidieron arriesgarlo todo de la manera en que lo hicieron cuando rechazaron los acuerdos de culpabilidad.

En realidad, lo que uno encuentra al revisar los muchos casos de sacerdotes acusados en casos de abuso sexual es que muchos de ellos se dieron cuenta de la futilidad de su intento, y aprovecharon la oportunidad para al menos encontrar algo de paz mental con ellos mismos, sus familiares y antiguos colegas, cuando decidieron aceptar los acuerdos de culpabilidad que se les ofrecieron. Un colega de Odiong en Texas, Lawrence Hecker, tuvo una oportunidad similar y aceptó el acuerdo de culpabilidad.

Por supuesto, algunos sacerdotes son ricos, pero es difícil imaginar a un par de sacerdotes de países del Sur Global como México y Nigeria en una posición similar a la de, digamos, Francisco José Cox Huneeus, un miembro de la élite patricia chilena que ha gobernado ese país durante más de un siglo.

Los sacerdotes que pudieron monetizar su oficio a la escala en que Marcial Maciel o Fernando Karadima lo hicieron en México y Chile en la segunda mitad del siglo XX pudieron hacerlo porque aprovecharon las oportunidades ofrecidas por el propio sacerdocio, por lo que cualquier acceso al dinero u otros recursos que tengan es contingente a su estatus como sacerdote, incluso en casos donde dicho estatus ha sido removido por un proceso de laicización dentro de la Iglesia Católica.

Incluso si es imposible afirmar haber tenido acceso a cada registro judicial en los 94 tribunales de distrito federales de Estados Unidos y miles de tribunales estatales desde 1984 o los registros aún más grandes y difíciles de localizar de países que carecen del tipo de bases de datos judiciales disponibles en Estados Unidos, a lo largo de décadas de casos documentados y de alto perfil —desde Boston hasta California, Pennsilvania y Texas— cada clérigo que rechazó un acuerdo de culpabilidad para apostar a un jurado de Common Law fue condenado.

En ese sentido, por poco representativa que sea la siguiente muestra, lo que está claro es que es bastante difícil encontrar un caso moderno exitoso donde un sacerdote haya podido ganar su caso después de rechazar un acuerdo de culpabilidad. Lo que es fácil, en cambio, es encontrar a los sacerdotes y obispos incluidos en la siguiente lista:

Paul Shanley, un sacerdote asociado en algún momento con la arquidiócesis de Boston (2005). Shanley rechazó los acuerdos de culpabilidad a pesar de la abrumadora evidencia, fue a un juicio con jurado, recibió una sentencia de 12 a 15 años, y expuso a la arquidiócesis de Boston a un número masivo de litigios civiles.

También de Boston es el caso de John Geoghan, quien fue asesinado en una prisión de Massachusetts en 2003 mientras su condena estaba en apelación, lo que obligó a los tribunales estatales a “extinguir” o sobreseer los procedimientos.

En la costa oeste de Estados Unidos, Oliver O'Grady, asociado con varias diócesis de California, cobró notoriedad como el tema central del documental Deliver Us from Evil (Líbranos del mal). O’Grady minimizó repetidamente sus crímenes, mantuvo una postura de superioridad espiritual y forzó juicios y la exposición pública del funcionamiento interno de las diócesis donde había trabajado en lugar de aceptar tranquilamente la responsabilidad.

O’Grady es, en muchos aspectos, una de las razones por las que la legislatura estatal en Sacramento vio la necesidad de una “ventana retroactiva” (lookback window) para abordar los llamados “casos históricos”. El texto enlazado después de este párrafo ofrece más información sobre el documental que aborda cómo varias diócesis en California simplemente movieron a O’Grady de una parroquia a otra.

Años después, al menos dos sacerdotes asociados con la arquidiócesis de Filadelfia, probablemente con el respaldo del entonces arzobispo Charles J. Chaput, O.F.M. Cap., apostaron a que podrían persuadir a los jurados católicos locales.

Dos notables fueron Neil Connolly y Joseph Brennan. Si su apuesta era encontrar al menos a un “buen católico” dispuesto a que fracasara el juicio, no entendieron en absoluto la situación. Al final, fueron declarados rápidamente culpables.

Los obispos también

Y no sólo sacerdotes. Está el caso de Robert William Finn, un pupilo del cardenal Raymond Leo Burke que ayudó a Finn a convertirse en el obispo coadjutor y eventualmente en el obispo de Kansas City, Missouri, en la primera década de este siglo.

Menos de once años después de su nombramiento original como coadjutor allí y a pesar del apoyo de Burke, se vio obligado a dimitir en 2015 en medio de un escándalo generado por su indisposición a resolver oportunamente acusaciones menores de omisión de denuncia, lo que llevó a un juicio penal que lo convirtió en el primer obispo en Estados Unidos condenado penalmente por encubrir abuso.

Y si uno está dispuesto a ir más profundo es posible encontrar también el caso de Theodore McCarrick. El antiguo arzobispo de la capital de Estados Unidos, un hombre de poder tanto en Washington, D.C. como en Roma, donde fue miembro del Colegio de Cardenales, se ajusta al patrón. Es cierto, murió después de que un juez lo declaró no apto para ser juzgado, pero antes había optado por un juicio con jurado.

Como demostró el texto enlazado después de este párrafo, McCarrick encarna la versión definitiva tanto del vínculo escarlata como de lo que los observadores de la crisis de abuso sexual a manos de clérigos describen como la “ilusión del escudo sagrado” (sacred shield delusion), es decir, la idea que desarrollan algunos clérigos de que serán de alguna manera protegidos por su condición de miembros de la jerarquía.

Hay que tener en cuenta que McCarrick estaba dispuesto a girar la ruleta de un juicio con jurado a pesar de que la Secretaría de Estado del Vaticano ya había publicado el 10 de noviembre de 2020 el único informe oficial de la Iglesia Católica (disponible en inglés) sobre un depredador de la talla de McCarrick.

Por si no fuera suficiente, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ya había agilizado, para el 13 de febrero de 2019, con inusual rapidez, la laicización de McCarrick, sumado a que medios de Estados Unidos habían publicado desde 2018 relatos sobre sus abusos.

Más recientemente, durante la entrevista con el sacerdote católico francés, Camille Rio, él hacía ver el efecto que tenían las acusaciones hechas contra obispos en su país y las dificultades propias de ese tipo de casos en los que es el mismo responsable de una diócesis el que debe decidir cómo proceder en su defensa. La entrevista está enlazada después de este párrafo.

Fuera de Estados Unidos, pero aún en la tradición de la Common Law, en Australia, está Gerald Ridsdale, quien a sus 92 años cumple lo que es funcionalmente una cadena perpetua (técnicamente 36 años). Sus crímenes, por cierto, jugaron un papel central en los encubrimientos que definieron la caída del cardenal Pell.

Aunque difícilmente típico para América Latina, está el caso de Julio César Grassi en Argentina, quien sigue siendo sacerdote a pesar de cumplir una condena de 15 años de prisión. Al igual que Ridsdale y Geoghan, Grassi fue uno de los siete casos detallados en el texto enlazado a continuación.

Al otro lado del Atlántico

En la otra orilla del Atlántico, en Francia, hay al menos dos casos que, con las inevitables peculiaridades de la legislación francesa se ajustan al patrón descrito hasta ahora de arrogancia de los clérigos. Por supuesto, el sistema jurídico francés no ofrece un mecanismo para abreviar el proceso como la Common Law y evitar discretamente un juicio público por delitos sexuales graves contra menores.

Sin embargo, un sacerdote acusado, como cualquier otro acusado en los tribunales franceses, conserva la facultad o agencia de admitir su culpa y evitar el escándalo. Hacerlo ahorra a las víctimas, al público y a la Iglesia Católica el espectáculo prolongado de un juicio penal, al reconocer hechos que son indiscutibles.

En su lugar, Bernard Preynat (contenido en francés), un capellán de Boy Scouts de alto perfil en la arquidiócesis de Lyon que abusó de docenas de niños jóvenes en los setenta y ochenta, confió en retrasos procesales y en el silencio institucional durante décadas. Incluso después de que la maquinaria judicial lo arrestó su negativa a reconocer sus delitos arrastró a la jerarquía francesa al barro junto a él.

El juicio no sólo terminó en la condena y eventual laicización de Preynat en 2020; forzó directamente al cardenal Philippe Barbarin a ir a los tribunales por cargos penales por no denunciar el abuso, lo que eventualmente lo obligaría a él a renunciar al tiempo que destrozaba la autoridad moral de la Iglesia Católica en Francia.

Pero, incluso antes de Preynat, estuvo Joël Allain, cuyo caso revela una cepa similar de arrogancia clerical en el escultismo francés. Como prominente capellán de los Boy Scouts en los sesenta y setenta, Allain aprovechó su prestigio para abusar de menores.

Cuando se enfrentó a las acusaciones, en lugar de ofrecer una admisión directa para mitigar la exposición pública, la estrategia de defensa se apoyó en explotar su prestigio personal y el suyo como sacerdote, así como en tecnicismos procesales; hizo de las cortes un adversario al que repudiaba por representar a la república secular francesa que osaba enjuiciar a un “santo varón” en sotana.

El resultado final de casos como los de Allain y Preynat demuestra que la “ilusión del escudo sagrado” no es exclusiva del catolicismo en Estados Unidos, Nigeria, México, Chile o Argentina.

Ya sea al enfrentar a un juicio con jurado en Estados Unidos, a un juez de apelación argentino o a un magistrado francés, los clérigos que se aferran a su estatus para luchar contra la evidencia sólo multiplican y amplifican el daño institucional.

En Francia, esta postura pugnaz aceleró directamente el disgusto público, impulsó reformas legislativas a las reglas de prescripción de los delitos y forzó a los obispos católicos a comisionar el informe independiente conocido como Reporte Sauvé (disponible aquí en inglés), el cual evidenció la escala masiva del abuso clerical histórico en Francia.

Y América Latina también

Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que el tema de la arrogancia clerical al lidiar con las acusaciones en su contra no se limita a aquellos dispuestos a descartar un acuerdo de culpabilidad, como es posible en el sistema de la Common Law. Uno ve ese tipo de comportamiento en casos que, por razones que sería imposible revisar aquí, no han sido admitidos por las autoridades civiles en varios países.

Hace unos meses, esta serie revisó un nuevo episodio en el caso de Rafael Fleitas López. Él es un sacerdote paraguayo con acusaciones vigentes en su país que, en algún momento de 2023, intentó llegar a una parroquia en Oaxaca, México.

Después de que ese plan fallara, la arquidiócesis de Asunción, la capital de Paraguay, permitió a su orden, los Oblatos de María Inmaculada, agregarlo al equipo pastoral en una parroquia de esa ciudad, como narró el texto enlazado después de este párrafo.

Como destaca ese texto, en lo que sólo puede verse como una evidente contradicción, el cardenal Adalberto Martínez Flores, líder de la arquidiócesis local, llegó al extremo de usar la homilía de ese día para condenar el abuso sexual clerical mientras concelebraba la misa con Rafael Fleitas López, como lo demuestra la imagen inmediatamente después de este párrafo, tomada de ese texto.

En Argentina, los medios de comunicación de la ciudad de Córdoba publicaron durante la última semana varias historias sobre cómo a un sacerdote con acusaciones vigentes de abuso allí se le permitió regresar al ministerio público. Alejandro Nicola ha sido objeto de al menos cinco denuncias públicamente conocidas sobre su comportamiento.

Lejos de reconocer los efectos potenciales de traerlo de vuelta como concelebrante en una misa pública en la catedral en esa arquidiócesis, el cardenal Ángel Sixto Rossi, el arzobispo jesuita de allí, permitió el regreso de Nicola al ministerio en público.

Por supuesto, él no presidía la misa. A diferencia del sacerdote celebrante, Nicola sólo llevaba una estola, pero realizó todos los gestos y rituales reservados a quienes concelebran una misa católica.

Si el regreso de Nicola al ministerio público fue una suerte de globo sonda, un intento de la curia local para medir cuál sería el efecto de permitirle volver al servicio en público, Rossi y su equipo obtuvieron lo que buscaban, ya que los medios locales vieron la oportunidad de reciclar las acusaciones vigentes contra Nicola, las autoridades civiles, poco dispuestas a agilizar la investigación, y la jerarquía católica, poco dispuesta a reconocer el daño causado por las prácticas depredadoras de Nicola.

Los medios locales en Córdoba abrieron sus archivos para actualizar su seguimiento, refrescaron la memoria de sus lectores con textos sobre los excesos perpetrados por Nicola. Algunos medios argentinos, por ejemplo, publicaron reproducciones de los dibujos con los que los menores que fueron víctimas de Nicola describen lo que ocurría. Como es posible imaginar, esos dibujos (ver después de este párrafo) reflejan el estrés psicológico, el dolor que produce la situación en ellos.

Como de costumbre, la curia local emitió un comunicado de rutina que expresa su pesar por la decisión de traer de vuelta a Nicola al ministerio público activo, que aparece como imagen después de este párrafo, sin explicar el fondo de la decisión.

Se limitan a señalar que formalmente no está suspendido y a dejar en claro su cercanía con Nicola y a lamentar el efecto que tuvo el que el antiguo cura de la parroquia de Cristo Redentor y actual de la parroquia del Divino Niño en Villa Carlos Paz, Córdoba, celebrara en la parroquia de la catedral.

Desde luego, tampoco explican cómo tales decisiones se alinean con lo que el papa Francisco llamó la “espiritualidad de la reparación” que, en su mayor parte, se ha convertido, menos de cinco años después de que la articulara el papa Bergoglio en 2023, en un letra muerta.

Más aún cuando Argentina en general y Córdoba en particular se han visto conmocionadas recientemente por las revelaciones de Paulina Viale sobre las prácticas depredadoras de su primo, Patricio Cruz Viale, un sacerdote y miembro de la ya mencionada orden de los Padres de Schönstatt.

Cruz Viale ha sido objeto de al menos dos acusaciones adicionales de abuso sexual que, hasta ahora, parecen no ir a ninguna parte, a pesar del anuncio original realizado por su orden sobre su disposición a cooperar con las autoridades civiles cuando fue arrestado en noviembre de 2024, como narraron en ese momento los párrafos finales del texto enlazado después de este párrafo.

Según el testimonio de la Sra. Viale a los medios argentinos, su primo abusó de ella cuando era menor de edad. Dado que no fue fácil para ella dar el paso para denunciarlo públicamente, la prescripción ya ha expirado en su caso, por lo que será difícil para Cruz Viale enfrentar consecuencias legales con respecto al abuso de su prima, pero los otros casos pendientes permanecen abiertos.

Tanto el caso de Nicola como el de Cruz Viale revelan otro aspecto de cómo el clero católico se enfrasca en lo que parece ser una guerra de trincheras para tratar de desgastar y cansar a sus víctimas y a la opinión pública, de formas demasiado similares a lo que ha sucedido en México en casos que van desde la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez (ver el texto enlazado arriba) hasta Izcalli, un municipio conurbado a la Ciudad de México, donde hay al menos tres casos pendientes sin expectativa de avance futuro cercano (ver el texto después de este párrafo).

A estas alturas debería estar claro que hay una actitud, algunos la llamarían una mentalidad, dentro del clero católico que lleva a muchos de ellos a negar la naturaleza depredadora de su comportamiento incluso cuando se enfrentan, como lo hizo Anthony Odiong en Texas, al riesgo de recibir una sentencia de cadena perpetua.

Pero como enfatizó el texto de la semana pasada, el daño no se limita a ellos o incluso al prestigio o buen nombre de la Iglesia Católica; las prácticas depredadoras de Urbano Vázquez, por ejemplo, son ahora una excusa para justificar las redadas migratorias que devastan a las comunidades latinas en todo Estados Unidos.

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Un resumen de este texto está disponible en audio después de este párrafo.

Nota de producción: El texto del resumen, así como el principal, fueron escritos y editados sólo por el autor. La grabación de la lectura del audio se hizo con una herramienta de texto-a-habla (Microsoft Word vía Web). La IA se usó sólo para generar la voz y no para la creación del contenido.