Rodolfo Soriano-Núñez Lunes, 27 de Julio del 2026
Urbano Vázquez, un sacerdote nacido en México condenado por abuso en Estados Unidos, es ahora el icono de las mortales políticas antimigrantes de Trump.
Sin embargo, al evaluar los efectos del abuso sexual hay que ser consciente de que los depredadores se mueven del sur al norte tanto como del norte al sur.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
En las últimas semanas, los servicios de noticias católicos en Estados Unidos y América Latina, tanto en inglés como en español, se han visto inundados de información sobre el violento arresto de Leticia Ugboaja, una hermana religiosa; el suicidio de Benjamin Madu, un sacerdote católico; y, más recientemente, el juicio para despojar de la ciudadanía de Estados Unidos a Urbano Vázquez Ortega, un sacerdote y fraile franciscano, nacido originalmente en México.
Son, en más de un sentido, los tres rostros de la experiencia católica en Estados Unidos: una monja atrapada por agentes del ICE porque el color de su piel la delató cuando iba a misa dominical, un capellán de hospital que, al enfrentarse a la opción de regresar a Nigeria, se suicidó, y un depredador condenado que se dijo tercamente inocente durante un juicio en época de pandemia, ahora se convierte en el icono de las políticas antimigrantes de la administración Trump.
De manera aislada, los medios destacan estas tres historias. Tomadas en conjunto, sin embargo, permiten observar algunos de los retos estructurales de la Iglesia Católica. La hermana Ugboaja es, acaso sin quererlo, una celebridad, deseosa de regresar a la labor silenciosa y esencial que realizan las monjas en comunidades fronterizas como McAllen, Texas, donde el ICE la arrestó.
El suicidio de Benjamin Madu alcanza tensiones teológicas que el comentario católico de derecha a menudo se niega a considerar siquiera cuando aborda el suicidio y otros temas de la llamada “cultura de la vida”, pues evidencia la desesperación psicológica que provocan las políticas migratorias rígidas.
Muchos de los medios católicos de derecha que atacaron a los gobiernos de España, Francia y otros países europeos por promulgar leyes para facilitar el suicidio asistido podrían extraer lecciones de ello, pero es difícil imaginar cambios en sus posiciones ideológicas, más bien todo lo contrario.
En Francia, hubo al menos un obispo dispuesto a lanzar excomuniones a los legisladores que votaron a favor de la reforma más reciente. El hecho de que se trate de Marc Aillet, el obispo de Bayona, donde estaba el ahora clausurado colegio católico de Bétharram, y que hiciera todo lo posible por impedir la transparencia sobre ese y otros casos de abuso sexual clerical en su diócesis, es algo difícil de obviar.
La velocidad a la que Aillet condenó la reforma (contenido en inglés) evidencia las tensiones y contradicciones de la teología católica. En Francia u otro país, los obispos que asumen posiciones medievales contra los legisladores que apoyan estos temas son, casi siempre, los más reacios a rendir cuentas y ser transparentes, como prueba el que Bayona fue una de las diócesis indispuestas a abrir sus archivos a Jean-Marc Sauvé para evaluar el abuso en Francia en la década pasada.
Dejando de lado la amenaza de excomunión en Francia, los tres casos que han dominado los intercambios en las redes sociales católicas recuerdan un dicho mexicano antiguo: «pagan justos por pecadores».
La hermana Leticia es la parte inocente en este tríptico; se convirtió en víctima de un aparato antimigrante que usa el miedo al “mal”, un aparato incapaz de distinguir entre un traficante de drogas o un depredador condenado y una enfermera devota que va a misa en su hábito. Se convirtió en el resultado visible y aterrador de un sistema construido desde la sospecha colectiva y el odio racial.
Luego está Benjamin Madu, el sacerdote dispuesto a suicidarse para evitar regresar a una Nigeria golpeada por la violencia endémica, un lugar que ya no veía como su hogar. Su tragedia expone, por un lado, el costo psicológico del aparato antimigrante. Cuando la maquinaria estatal usa casos como el de Urbano para cerrar vías legales, endurecer las extensiones de visas religiosas R-1 y aplicar políticas de retorno rígidas, lo humano desaparece. Un sacerdote aterrorizado por su vida en una patria hostil que no le ofrece ni refugio ni un proceso justo, sólo un muro burocrático, lo lleva directamente a una desesperación fatal.
Finalmente, está el culpable, Urbano Vázquez Ortega, quien ahora se convierte en el ejemplo perfecto del mal que el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, de Trump afirma estar dispuesto a extirpar, sin importar las consecuencias. Él ofrece a la maquinaria su icono ideal.
Dado que sus crímenes son reales, monstruosos e indefendibles, quienes promueven la “mano dura” lo usan para justificar redadas masivas, controles agresivos y reglas de visado más estrictas. Su caso da a Trump la cobertura moral necesaria para afirmar: “protegemos al público de depredadores extranjeros”, aunque hay evidencia de un esfuerzo para al menos reducir la condena de la cómplice de Jeffrey Epstein, la socialité británica Ghislaine Maxwell.
Sería ingenuo pensar que los crímenes de Vázquez Ortega no dan la munición para convertir a las personas que trabajan temas de migración de distintas iglesias en sospechosos, como lo hizo ver, en enero de 2025 el texto enlazado arriba. Cuando los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional (contenido en inglés) lo incluyeron en boletines de prensa (con la retórica de “extranjeros criminales” y “depredadores que mintieron para obtener la ciudadanía”), Vázquez Ortega se convirtió en evidencia viva.
Su crimen real y atroz, el abuso sexual, sirve como trampolín retórico: al combinar delitos por los cuales ya purgaba una pena de 15 años con una aplicación de la ley migratoria más ciega, se presenta a los migrantes naturalizados, en especial los que no son blancos, como un riesgo moral y de seguridad inherente.
Sin embargo, hay otro aspecto del caso de Urbano Vázquez Ortega que merece atención para comprender qué hay detrás de la crisis de abuso sexual y cómo 40 años de reformas no logran prevenir crímenes que eventualmente lo enviarán de regreso a un país donde tiene parientes, pero no una vida a la cual regresar.
En la medida en que ha sido posible construir un perfil, Urbano ingresó a la vida religiosa cuando ya vivía en Estados Unidos. Los detalles de cómo obtuvo la ciudadanía son difíciles de precisar, aunque se sabe que fue la provincia de San Agustín de los Frailes Franciscanos Capuchinos (contenido en inglés) la que lo patrocinó durante el proceso que lo llevó a ser ciudadano en 2017.
Aunque ha sido posible encontrar algunas referencias dispersas sobre mexicanos registrados bajo ese nombre, es imposible identificar completamente dónde nació en México en algún momento de los setenta.
Lamentablemente, su caso se usó de inmediato como una forma de justificar la muerte de personas inocentes, ya fuera en Texas, Florida o Maine, mexicanas o colombianas, gracias a un pretexto similar al que llevó a que el ICE arrestara a Leticia Ugboaja cuando, el 28 de junio de 2026, intentaba llegar a la misa dominical: el color de su piel o cualquier otro “marcador” de su identidad.
El camino hacia la ciudadanía de Urbano Vázquez Ortega es en más de un sentido similar al de Anthony Odiong, un colega sacerdote católico, recientemente condenado a cadena perpetua en Texas, como relató el texto enlazado después de este párrafo hace unas semanas.
La única diferencia es que mientras Vázquez Ortega ingresó a la vida religiosa en Estados Unidos en la primera década de este siglo, para ser ordenado sacerdote en 2014, Odiong completó su educación y fue ordenado en su Nigeria natal.
Resulta revelador que tanto Vázquez Ortega como Odiong rechazaron las ofertas de acuerdo de culpabilidad hechas por el Distrito de Columbia y Texas, respectivamente, y apostaron por un juicio con jurado. En ambos casos, perdieron. El que Vázquez Ortega pierda la ciudadanía ya es una consecuencia de su juicio con jurado de 2019 por abuso sexual clerical y lo más probable es que Odiong se enfrente, más temprano que tarde, a un destino similar.
No es difícil imaginar que la administración Trump agilice un juicio para desnaturalizar a Odiong en Texas como una forma de justificar los niveles de violencia que su manera de aplicar las leyes de migración en Estados Unidos intenta establecer como la nueva normalidad, sin importar las consecuencias.
¿Existen mejores ejemplos de criminales atroces que dos sacerdotes católicos depredadores, uno mexicano y el otro nigeriano, para ayudar al público, incluidos latinos y afroamericanos, a renunciar a cualquier reparo sobre la violencia desplegada por la administración Trump al aplicar las leyes migratorias?
Una cultura arrogante
A pesar de las muchas diferencias culturales que moldearon las experiencias de Urbano Vázquez Ortega y Anthony Odiong como sacerdotes católicos en Estados Unidos, ambos operaron en un marco de privilegios clave para la cultura de los clérigos católicos.
Luego de años de disfrutar de las ventajas de su condición como sacerdotes, validado por el uso de vestimentas especiales y la reverencia comunitaria, eludieron la rendición de cuentas y la transparencia.
Cuando enfrentaron las consecuencias de su conducta depredadora, creyeron que su autoridad moral se traduciría en inmunidad en los tribunales penales.
Es imposible conocer los detalles del asesoramiento que recibieron de sus abogados, pero existe la posibilidad de que, además del incentivo que tienen los abogados penalistas para ir a juicio (más horas facturables), también haya errores en la definición de las prioridades de una institución dispuesta a pagar no menos de un cuarto de millón de dólares por cada uno de estos juicios, pero poco dispuesta a pagar montos similares en compensación.
En este punto es imposible responder plenamente a las muchas preguntas que el comportamiento de estos dos sacerdotes obliga a considerar; todo lo que hay son preguntas. Algunas de esas preguntas son estas:
¿Por qué una institución preocupada por su propia supervivencia pone en riesgo tanto dinero si a ambos sacerdotes se les ofrecieron acuerdos que habrían limitado sus condenas, el costo de la defensa legal y el alcance del daño público?
¿Por qué ambos rechazaron los acuerdos para apostar en juicios con jurado que abrieron la puerta a que se presentaran más víctimas? ¿Por qué, en el caso de Vázquez Ortega, arriesgarse a la deportación a un país donde lo más probable es que no tenga más que parientes lejanos probablemente atrapados en la pobreza que obligó a la familia de Vázquez Ortega a salir de México en primer lugar?
Por mucho que ambos sacerdotes desempeñaran un papel en el rechazo de los acuerdos de culpabilidad y apostaran a la remota posibilidad de un juicio nulo o un jurado en desacuerdo, es imposible pasar por alto el hecho de que las diócesis y órdenes católicas en Estados Unidos parecen estar dispuestas a quemar sus fondos en la defensa de sacerdotes depredadores. ¿Por qué? ¿Quién los asesora para hacerlo? ¿Para lograr qué tipo de fines?
Cuando tanto Anthony Odiong como Urbano Vázquez Ortega rechazaron los acuerdos de culpabilidad, ¿estaban sus obispos al tanto de las “horas facturables” que iban a pagar a sus asesores legales?
¿Esperaban los obispos proteger a la institución al financiar la defensa legal de ambos sacerdotes?
Y lo que es peor, ¿son conscientes los obispos de Estados Unidos del costo social y cultural de esas estrategias de defensa?
¿Por qué, en lugar de un esfuerzo de último minuto que solo ayuda a los abogados contratados por las diócesis, no aceptar su culpabilidad y reparar el daño a las víctimas?
Por muy útiles que sean las estrategias legales comunes de “sepultar en papel” al adversario, en los hechos sólo crean resentimiento entre los sobrevivientes, sus amigos y familiares, pues son testigos de primera fila de la capacidad de la Iglesia Católica para quemar dinero en honorarios, al tiempo que busca la protección de la bancarrota cuando se le obliga a pagar una indemnización.
En todo caso, los casos de Urbano Vázquez Ortega y Anthony Odiong demuestran lo peligrosa que es la combinación de la arrogancia del clericalismo católico y las prácticas del modelo de justicia penal de Estados Unidos.
Además de lograr poco o nada cuando se apuesta por un jurado en desacuerdo o un juicio nulo, el resultado para la diócesis que financia estas disparatadas estrategias legales de “Ave María, dame buena puntería” es la aniquilación institucional. Principalmente porque para seguir estas estrategias las diócesis deben contradecir las elaboradas liturgias en que los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y más recientemente León XIV han pedido perdón a las víctimas cuando, en realidad, los abogados de la Iglesia Católica están empeñados en atacar a las víctimas.
Al abandonar los principios fundamentales de verdad, confesión y penitencia en favor de tácticas de defensa corporativa, la jerarquía católica intenta rescatar a la institución sin reconocer que al actuar así destruye cualquier residuo de credibilidad moral.
Al investigar este texto, si se deja de lado el rarísimo caso de George Pell, el cardenal australiano que logró ganar una apelación ante la Corte Superior de su país, no se encontró evidencia de que algún clérigo, católico o de otra confesión, fuera absuelto por un jurado, ni siquiera a través de un jurado en desacuerdo. E incluso si hubiera un caso en el que, por la rareza de un jurado en desacuerdo, se produjera una absolución para un sacerdote acusado, no ofrecía nada más que un alivio temporal, ya que los incentivos para encontrar víctimas adicionales y/o pruebas sólo aumentarían exponencialmente.
En ese sentido, nuevamente, habría que preguntarse qué incentivos tenían estos dos sacerdotes depredadores migrantes para ir a un juicio con jurado.
El último velo
Por triste que sea repasar el caso de Urbano Vázquez Ortega, un depredador cuyos crímenes legitiman las políticas y la retórica antimigrante de la administración Trump, es necesario preguntarse y cuestionar si él, ya sea como miembro de la orden franciscana capuchina o a través de los intercambios existentes entre diócesis de Estados Unidos y México, vino a México como sacerdote y si alguna vez abusó de alguna víctima en su país de origen.
La pregunta no es académica. Las órdenes religiosas, como los franciscanos capuchinos, a menudo mueven a sus miembros para misiones, retiros, visitas familiares, formación adicional y también para esconderse de acusaciones pendientes en sus países de origen.
Como esta serie ha demostrado de forma reiterada al hablar de la llamada “solución geográfica”, los agresores en las estructuras clericales explotaron históricamente esta movilidad para encontrar nuevos entornos sin supervisión o para evadir sospechas locales.
Y para ser precisos. La “solución geográfica” muerde de norte a sur, de sur a norte y de sur a sur. Ese es el aspecto de este problema que se pierde de vista cuando el gobierno de Donald Trump usa casos como el de Urbano Vázquez Ortega para justificar el tipo de mano dura que provocó la muerte de al menos dos mexicanos y un colombiano en Texas, Florida y Maine, respectivamente, durante las últimas cuatro semanas.
El texto sobre la situación actual en Oaxaca, México, enlazado después de este párrafo, incluye casos de sacerdotes depredadores enviados desde Estados Unidos a México, donde extendieron sus carreras criminales.
Por eso es más necesario averiguar si existe un rastro de víctimas de Urbano Vázquez en México. Los abusadores sexuales infantiles en serie, particularmente aquellos que actúan en una posición de absoluta confianza (como los ministros religiosos), rara vez limitan su comportamiento a una sola ubicación geográfica si se les presenta acceso a niños en otros lugares. Si se sentía cómodo abusando de menores en el Santuario del Sagrado Corazón en Washington, D.C., su comportamiento básico no desaparecería mágicamente al viajar al extranjero.
Al revisar las redes sociales del Santuario en la capital nacional de Estados Unidos y de la orden de los franciscanos capuchinos, sólo quedan un puñado de vestigios del trabajo de Urbano Vázquez Ortega como vicario. Es imposible saber qué se eliminó activamente de esos perfiles de Facebook.
Una búsqueda en las bases de datos disponibles para ministros religiosos, católicos o de otro tipo, en México no mostró a Urbano Vázquez Ortega como registrado por alguna de las diócesis mexicanas, pero eso no significa que nunca regresara a México, por lo que la pregunta sigue siendo relevante.
También hay que señalar que, por muy atroces que hayan sido los crímenes de Urbano Vázquez Ortega, no fue “atrapado” en una de las redadas del ICE afuera de un Home Depot en Marina del Rey, California, o en El Bronx, Nueva York. El robusto sistema de justicia de Estados Unidos ya había hecho con él lo que la mayoría de los sistemas de justicia latinoamericanos sólo sueñan: fue arrestado, por arrogancia decidió someterse a juicio, dejando que los abogados de la Arquidiócesis de Washington, D.C. facturaran horas y horas de honorarios legales, y ya cumplía su condena. Por lo tanto, no había una necesidad real de infundir miedo en las comunidades migrantes para proteger a los inocentes.
Y, sin embargo, si uno lee los comentarios en los mensajes de redes sociales sobre el arresto de Leticia Ugboaja, sean los más de cuatro mil del que publicó ABC News (contenido en inglés) en su perfil de Facebook o los más de mil en el de EWTN (contenido en inglés), hay un sector claramente identificado con las posiciones del Make America Great Again de Trump que insisten en presentar el arresto de la monja como algo justificado por el abuso perpetrado por depredadores como Urbano Vázquez, Anthony Odiong y muchos más. Esa es la naturaleza de la crisis de abuso sexual, que hace realidad la moraleja del viejo refrán mexicano: pagan justos por pecadores, incluida una monja que, en sus actividades civiles es una enfermera, como sor Leticia Ugboaja.
Postdata
Otro tema importante debatido al menos hasta el miércoles 22 fue la supuesta noticia de la inminente exoneración del sacerdote depredador y antiguo jesuita Marko Rupnik. Para ser claros, fueron los propios jesuitas quienes, después de que docenas de víctimas se presentaran valientemente, decidieron expulsarlo de esa organización similar a una orden de la Iglesia Católica.
Una entrega anterior de esta serie profundizó en el tipo de acusaciones vigentes contra Rupnik y el hecho de que, a pesar de la decisión de los jesuitas de expulsarlo, sigue siendo un sacerdote con licencias válidas para ejercer como tal.
La “noticia” fue reportada por primera vez por Messa in Latino (contenido sólo en italiano), un blog "tradicionalista" en idioma italiano, especializado en atacar el Concilio Vaticano II y las reformas litúrgicas de Pablo VI.
Al usar como arma el caso de Rupnik, el blog respalda las acusaciones como un medio para atacar al papado como una institución intrínsecamente corrupta y, más específicamente, al papa Francisco quien, en algún momento de su vida, tanto como líder de la arquidiócesis de Buenos Aires como más tarde como papa, estuvo dispuesto a respaldar el arte y las ideas de Rupnik.
Él cambió su actitud hacia él y fue un actor principal en la decisión de los jesuitas de expulsar a Rupnik, aunque para la visión conspirativa del mundo detrás de Messa in Latino eso fue sólo una postura.
El rumor sobre la inminente exoneración o absolución de Rupnik, para ser más precisos, fue recogido de inmediato por Catholic Herald, un medio británico conocido por su constante hostilidad hacia el papado. Catholic Herald limitó su postura sobre Rupnik a una publicación en redes sociales donde simplemente informaron sobre lo que Messa in Latino publicó en italiano.
Curiosamente, Vatican News requirió más de 48 horas para dar alguna respuesta al rumor, insistiendo en la idea de que el juicio sigue activo y que no había indicación de una resolución inminente.
Cuánto de la entrada original de Messa in Latino, en realidad un encabezado, fue un globo sonda lanzado por un monseñor confabulado en Roma es algo difícil de esclarecer. Con suerte, alguien en Roma presta atención a lo que sucede en La Paz, Bolivia, donde el escándalo sobre el abuso a gran escala de cientos, probablemente miles, de jóvenes varones y mujeres de los pueblos originarios de Bolivia sigue siendo nota de primera plana.
Exonerar o absolver a Rupnik enviaría el peor mensaje posible a las víctimas bolivianas de los jesuitas, agravando aún más las crecientes dificultades de muchos católicos incapaces de entender qué intenta hacer su iglesia en materia de abuso sexual del clero.
* * *
Un resumen de este texto está disponible en audio después de este párrafo.
Your browser doesn't support HTML5 audio. Here is a link to the audio instead.
Nota de producción: El texto del resumen, así como el principal, fueron escritos y editados sólo por el autor. La grabación de la lectura del audio se hizo con una herramienta de texto-a-habla (Microsoft Word vía Web). La IA se usó sólo para generar la voz y no para la creación del contenido.